Comienza actividad de los tribunales móviles en centros penitenciarios

Santo Domingo, 28 may.- Los Tribunales Móviles que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) ha instalado en los centros carcelarios que concentran la mayor cantidad de reclusos del país comenzaron a funcionar desde hoy para reducir el alto número de presos preventivos.

El Juzgado de la Instrucción que funcionará como Tribunal Móvil en la Penitenciaría Nacional de La Victoria ya comenzó el conocimiento de audiencias preliminares, mientras que mañana comenzará sus operaciones el Tribunal Móvil en el Centro Correccional de Najayo.

La cantidad de presos preventivos existente en el Departamento Judicial de San Cristóbal ronda los 1,633, mientras que en el Departamento Judicial de Santo Domingo asciende a 5,971 internos.

En los juzgados móviles se conocerán casos de delitos de alta tecnología, porte ilegal de armas, violación a la ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, y cualquier otra situación en donde no haya víctima ni sean casos de muchos imputados o complejos, en los cuales el Ministerio Público haya presentado acusación, siempre respetando las garantías constitucionales y los principios fundamentales del derecho penal.

Para conocer las audiencias en los Juzgados de la Instrucción los requisitos serán que los imputados tengan una acusación formal por parte del Ministerio Público; que estén recluidos en el recinto carcelario donde se encuentre el Tribunal Móvil; la víctima debe ser el Estado Dominicano; el representante legal del imputado debe ser un defensor público.

Otra de la condiciones es que los ilícitos penales a conocerse deben ser violación a las leyes sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; para el Control y Regulación de Armas; sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y las Revisiones de Medidas de Coerción.

Asimismo, los procesos que requieran la presencia de víctimas no serán incluidos en las audiencias preliminares que conocerán los jueces de la Instrucción en los Tribunales Móviles.

Con este plan, que el Poder Judicial ejecutará en conjunto con la Procuraduría General de la República y la Defensoría Pública, «se logrará regularizar la cantidad de casos que por una razón u otra tienen retrasos», principalmente vinculados a problemas de traslado de los internos y notificación de decisiones. 

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