Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Dicen Cuba registra nuevos récords de represión política
Remesas a la RD superan los seis mil 200 millones de dólares
Bandas reanudan los ataques contra urbe suroccidental Haití
Líder Haití describe gestiones con Caricom durante cumbre
Asume nueva directora de la Unidad Anticorrupción de Haití
Gobierno acuerda suspender el aumento del pasaje en Santiago
Pide poner en vigencia Código Penal y luego sea reformado
Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU
Francia opone a peajes Ormuz y apunta a abrir rutas por Siria
COE pone 7 provincias en alerta verde y 8 en amarilla por lluvias
SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido sacudido por una denuncia extraoficial que señala que uno de sus miembros, el regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera (Yeyea), ha sido solicitado en extradición por el Tribunal del Distrito Sur de Florida por supuestamente estar involucrado en asuntos de narcotráfico.
De acuerdo con la información divulgada, junto a él están siendo requeridos por las autoridades estadounidenses los dominicanos José Eduviges Aponte Torres (alias “Buby”) y William Durán Jerez, quienes formarían parte de una presunta red de narcotráfico internacional que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022 en Miami-Dade, en República Dominicana y otras zonas.
ANUNCIA JUICIO DISCIPLINARIO
Aunque ninguna autoridad dominicana ha conformado ni desmentido la denuncia, el PRM emitió rápidamente un documento de prensa en el que anuncia un proceso disciplinario contra el regidor Herrera e informa que este caso ha sido asumido por el Fiscal Nacional de este partido con el fin de «iniciar procedimientos disciplinarios de lugar».
La organización política, que actualmente ejerce el poder en la República Dominicana, reafirma su «firme compromiso con los valores éticos, la legalidad y la transparencia» y destaca que es la única del país que ha incorporado en sus estatutos «la expulsión inmediata de cualquier miembro involucrado en crimen organizado, narcotráfico o actos de violencia de género».
«Esta disposición está contemplada específicamente en el Artículo 65, Párrafo V, que establece la suspensión automática de la militancia para cualquier dirigente o militante contra quien se dicte auto de apertura a juicio por delitos de corrupción, crimen organizado o violencia intrafamiliar. De confirmarse una sentencia condenatoria, la persona quedará automáticamente expulsada del partido.
Agregó que «cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado» y que «las conductas criminales o antijurídicas son repudiadas por nuestra organización”.
A continuación, el documento:
