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PUERTO RICO: Acusan jueces dominicanos de cometer un «crimen de lesa humanidad»
SAN JUAN, Puerto Rico.- Organizaciones religiosas, feministas locales y defensoras de los derechos humanos y civiles presentaron este viernes ante el Secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda Rodríguez, una demanda para que sean investigados por supuestos crímenes de lesa humanidad, al presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana y a otros dos jueces de ese organismo.
El sometimiento está basado en el Código Penal de Puerto Rico, y se hizo aprovechando la presencia en esa isla de los jueces dominicanos Milton Ray Guevara, Justo Pedro Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, y se solicita que se les impida abandonar el territorio puertorriqueño antes de que concluya la investigación.
La solicitud al Secretario de Justicia busca poner en vigor la jurisdicción extraterritorial que tiene Puerto Rico para procesar a personas responsables de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad (crímenes de lesa humanidad), conforme una nota publicada en el periódico Acento.
En la demanda se solicita que se tomen las medidas cautelares necesarias para que los tres jueces dominicanos no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico hasta que se concluya la investigación criminal.
«Esta acción envía un mensaje de que no van a quedar impunes aquellos que violan los derechos humanos. No podrán esconderse en sus títulos, se les señalará y responderán por sus crímenes contra la humanidad», indicaron los demandantes.
La demanda tiene su origen en que el Estado dominicano ha anunciado que reiniciará las deportaciones de inmigrantes, una vez concluido todo el proceso del Plan Nacional de Regularización de migrantes en condición de indocumentados.
A juicio de los demandantes las estas medidas amparadas en una sentencia del Tribunal Constitucional, que preside Ray Guevara (la TC-168-13) afecta a miles de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, y causa grave sufrimiento, separación de familias y desplazamiento forzado.
«Esta persecución, y la amenaza de expulsiones masivas a personas en razón de su ascendencia haitiana ha sido condenada por diversos órganos internacionales y regionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano y señaló que la sentencia 168-13 es contraria al derecho internacional de los derechos humanos», señalaron las organizaciones que demandaron a los tres jueces dominicanos en Puerto Rico.
Sostienen que a través de la Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional dominicano, se desnacionalizó retroactivamente a miles de dominicanos nacidos en la República Dominicana desde el 1929.
«Esa sentencia discriminatoria y xenófoba, generó la persecución de un grupo de dominicanos en razón de su raza y etnia, dejándoles en situación de apatridia y en riesgo de ser expulsados forzosamente del territorio dominicano, donde nacieron y tienen todos sus vínculos familiares, culturales y sociales», precisaron.
Las entidades actuantes en la demanda sostienen que los jueces denunciados emitieron una sentencia ilegítima, que viola los derechos humanos y atenta contra la seguridad jurídica, física y mental de miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
«Sus efectos constituyen un crimen de lesa humanidad que no debe quedar impune. Exigimos al Secretario de Justicia que cumpla con su deber de garantizar una investigación criminal por los actos que se denuncian cometidos por los jueces dominicanos que hoy están en Puerto Rico. Nos unimos a las entidades internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a los estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que han señalado que las acciones del Tribunal Constitucional dominicano y del Estado dominicano son un atentado a nuestro sentido de humanidad y pueden resultar en una crisis de gran escala», expresaron.
Las organizaciones esperan que el Secretario de Justicia abra de inmediato una investigación penal sobre este tema y tome las medidas para que los tres jueces dominicanos, a los cuales acusa de violar los derechos humanos, no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico.
«La lucha por los derechos humanos en santo domingo se transforma en una lucha contra la impunidad», sostienen.
Entre las organizaciones demandantes figuran Comuna Caribe, Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Red de Esperanza y Solidaridad-Diócesis de Caguas, Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, National Lawyers Guild e International Lawyers Guild.
jt/am