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Los analistas más idealistas o ilusos se oponen a una intervención de la comunidad internacional en el anárquico Haití. Sin embargo, ellos conocen los pormenores de la crisis política y social, y la impotencia de la autoridad pública para establecer el orden y la seguridad en un país donde ya mandan las bandas criminales.
Eso es lo que se llama asumir una actitud ingenua frente a un problema tan grave como el del país vecino. Y lo peor es que se apegan al principio de independencia y autodeterminacion de los pueblos, en el mejor espíritu de la ONU, olvidando que ello es así cuando el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima.
No admitir que Haití es un estado fallido es miopía política o practicar el comportamiento del avestruz.
El autogobierno no es posible en dicha nación, y hoy más que ayer la tutela internacional es necesaria a fin de crear las condiciones mínimas para que se recupere allí la capacidad del autogobierno.
La verdadera realidad es que en Haití no hay gobierno legitimo ni existen mecanismos para que surja, habida cuenta del desorden social predominante en estos momentos.
De manera que, insistir en la soberanía y en la no intervención, es ser insensato con un pueblo que está sufriendo demasiado.
Ni el derecho ni la política, en ese sentido, pueden ser vistos como dogmas religiosos.
La intervención tiene que ser humanitaria, pero también para fortalecer la autoridad policial como vía de establecer el orden público y la paz social desaparecida.
La República Dominicana es la más interesada en la estabilidad política y social de Haití. Es muy difícil que nuestro país pueda progresar si la nación con la cual compartimos la isla se mantiene en la ingobernabilidad perpetua y el caos social.
En una palabra, los países más poderosos de la región tienen la obligación de auxiliar a un pueblo sufrido, victima de la incompetencia de su clase política, la insensibilidad de sus élites económicas y del azote de las desgracias naturales.
sp-am