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Por CARLOS SALCEDO
Cuando se afirma -como lo hizo Marco Rubio- que el viejo orden mundial ha muerto, conviene precisar de qué estamos hablando. El llamado “viejo orden” no fue simplemente la hegemonía de una potencia, sino un entramado de reglas construido en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial.
Dicho orden descansaba en la protección internacional de los derechos humanos, la defensa formal de la democracia representativa, el respeto a la soberanía de los Estados y la prohibición del uso unilateral de la fuerza.
Ese conjunto de reglas tenía base los principios jurídicos de no intervención, solución pacífica de controversias y supremacía del derecho internacional sobre la fuerza. Sin embargo, su crisis no comenzó ayer. Durante décadas, dictaduras de distinto signo aprendieron a utilizar la democracia como ariete retórico, por la celebración de elecciones sin garantías, constituciones manipuladas y tribunales cooptados. Se invocaba la soberanía para blindar abusos y se hablaba de voluntad popular mientras se erosionaban libertades básicas.
El sistema multilateral, llamado a ser garante de esos principios, mostró una eficacia desigual. La Organización de las Naciones Unidas, paralizada muchas veces por vetos cruzados y equilibrios geopolíticos, terminó ofreciendo más declaraciones que soluciones. Los organismos internacionales producen informes, resoluciones y misiones, pero rara vez logran contener la voluntad estratégica de las potencias. El derecho, en demasiadas ocasiones, quedó subordinado a la correlación de fuerzas.
En paralelo, las intervenciones unilaterales, las sanciones extraterritoriales y los “cambios de régimen” erosionaron la coherencia del sistema. Se defendía la democracia, pero se vulneraba la soberanía; se invocaban derechos humanos, pero se relativizaba el principio de legalidad internacional. Esa contradicción fue minando la legitimidad del orden que se decía proteger.
La verdadera pregunta no es si el viejo orden murió, sino si fue vaciado progresivamente por incoherencias estructurales: potencias que aplican reglas de manera selectiva, regímenes que simulan democracia para consolidar autoritarismo y organismos multilaterales incapaces de imponer consecuencias efectivas.
Para países pequeños, como el nuestro, el dilema es existencial. El derecho internacional es su escudo natural. Sin reglas claras, la asimetría se impone. Pero tampoco basta con una defensa romántica del multilateralismo. Se requiere coherencia, esto es, exigir respeto a la soberanía sin tolerar dictaduras internas; defender derechos humanos sin instrumentalizarlos geopolíticamente.
Si el viejo orden ha muerto, quizás no fue asesinado por un adversario externo, sino debilitado por sus propias contradicciones. La tarea ahora no es celebrar su final, sino reconstruir un sistema donde la norma vuelva a tener más peso que la fuerza.
