Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Bandas reanudan los ataques contra urbe suroccidental Haití
Líder Haití describe gestiones con Caricom durante cumbre
Asume nueva directora de la Unidad Anticorrupción de Haití
Gobierno acuerda suspender el aumento del pasaje en Santiago
Pide poner en vigencia Código Penal y luego sea reformado
Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU
Francia opone a peajes Ormuz y apunta a abrir rutas por Siria
COE pone 7 provincias en alerta verde y 8 en amarilla por lluvias
Israel asegura está preparado para reanudar ofensiva a Irán
La UE impone aranceles hasta el 45,3% a los neumáticos chinos
SANTO DOMINGO.- El Movimiento Dominicano por Derecho de la región Enriquillo denunció que a dos años del Tribunal Constitucional haber emitido la sentencia 168-13, que define quien es dominicano y quien no, más de 1000 adolescentes y jóvenes de los bateyes de la región Sur de la República Dominicana permanecen sin documentos de identidad.
Durante una vigilia en el cruce Batey 4, en la provincia Bahoruco, los afectados y sus familiares dijeron que aun son miles los dominicanos de ascendencia haitiana que permanecen en estado de apatridia.
«Miles de dominicanos de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperon siguen indocumentados y otros sin acceso a los documentos que le permitan disfrutar el derecho a la educación, salud, viajar, trabajar, etc. Decenas de mujeres se ven imposibilitadas de registrar a sus hijos, y con ello, tener su carnet de senasa», expresó la abogada Berenice Anderson Matos, miembro del movimiento.
Agregó que «más de 500 adolescentes y jóvenes aun permanecen sin un registro civil y en condición de apátrida en los bateyes».
Denunció que la Junta Central Electoral mintió cuando publicó el listado con 119 cédulas canceladas, ya que en los bateyes solo han identificado a 40 personas en esa situación, pero estas no aparecen en la referida lista.
Dijo que «otra de las mentiras de la Junta fue la publicación de 55 mil personas cuyos derechos, supuestamente, les habían sido restituido, cuando más de 400 personas de nuestras comunidades no aparecen en la lista y confrontan problema de acceso a sus documentos».
Afirmó que «nuestra población está cansada de mentiras, por lo que llamamos a la clase política a que honren el compromiso de restitución de derecho establecido en la ley 169-14. La clase política debe garantizar el derecho Constitucional de nuestra población y cumplir con la palabra empeñada».
«Demandamos una República Dominicana libre de apatridia, respeto a la nacionalidad y sin discriminación», manifestó.
jt/am
