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SAMANÁ, República Dominicana.- El Tribunal Colegiado de esta jurisdicción condenó a 15 años de prisión a Víctor Hernández Rosario (Berto), un capitán de la lancha que zozobró en el año 2012 en la bahía de Samaná, con unas 70 personas a bordo, de las cuales sesenta resultaron muertas.
El capitán fue hallado culpable de organizar el viaje, intentando trasladar de manera ilegal hacia Puerto Rico a un grupo de personas procedentes de la provincia Duarte, de los municipios de San Francisco de Macorís, Pimentel, Villa Riva y Arenoso, entre otras localidades.
Para conseguir la condena, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, documentales, materiales e ilustrativas, las cuales fueron declaradas buenas y válidas por el tribunal.
Junto a Hernández Rosario también fueron sometidos a la justicia por los delitos de trata y tráfico de personas los prófugos José Antonio De La Cruz Taveras (Cocoben) y Apolinar Liberato Pérez (Polín).
Las autoridades del Ministerio Público valoraron la decisión y destacaron que contribuye a afianzar las acciones que han emprendido para combatir ese tipo de actividad criminal, en la que muchas veces los afectados suelen ser personas en condición de vulnerabilidad.
“Es una sentencia que reconocemos sirve de ejemplo para el castigo a esa práctica, sobre todo, en este caso que fue tan conmovedor para la República Dominicana, por la pérdida tan trágica de tantas personas y el dolor de tantas familias que no volvieron a ver a sus madres, padres, hijos o hermanos”, manifestaron.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, mostró satisfacción por la labor de fiscal titular de Samaná, Robert Justo, así como de los jueces que asumieron la responsabilidad de condenar hechos como ese que han causado la muerte de un significativo número de dominicanos.
Las labores investigativas del caso se llevaron a cabo a través de la Fiscalía de Samaná en coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, que dirigen los magistrados Robert Justo y Jonathan Baró, respectivamente, estableciéndose la violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
Justo junto a los procuradores fiscales Elisa Gerónimo, Isidro Porché y Evelyn Peña, representó al Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia en que fue condenado Víctor Hernández.
Según indican las autoridades, en medio de la audiencia el abogado de Hernández Rosario, Oscar Luis Maríñez, trató de sacar al imputado por la parte trasera del edificio del Palacio de Justicia, pero fue impedida dicha acción por miembros de la Policía Nacional y el Ejército que custodiaban el lugar.
