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Cuando hacer lo correcto puede costar el puesto
El Tribunal Superior Electoral (TSE), es probablemente, el órgano colegiado creado por la Constitución de la República que con mayor frecuencia se ve sometido a los embates de las partes que dirimen allí sus conflictos.
Quizá esta realidad se deba a la naturaleza de lo que juzga el TSE, cuyo ámbito le reserva lo contencioso electoral, es decir, donde se dilucidan aspectos relacionados, directa o indirectamente, con el ejercicio de funciones vinculadas con el poder político.
Esto le supone una conflictividad permanente, pues al emitir sus decisiones puede estar afectando aspiraciones de los involucrados de acceder a posiciones de mando en la nomenclatura del Estado.
Y ya sabemos lo que eso significa en un país donde obtener un cargo público o perderlo marca la diferencia entre el ascenso social y económico o quedarse en la escala más baja de la sociedad.
De ahí que los litigantes en el TSE con mucha frecuencia lo hagan, en vez de las partes, contra los jueces, en el entendido erróneo de que un magistrado zarandeo puede ser obligado a fallar a favor del desaprensivo, más por miedo que por apego al derecho.
Se supone que un juez no es parte del conflicto. Es un tercero imparcial—un convidado de piedra, si se quiere—, que debe fallar, como aconsejaba Sócrates: «Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente».
Sin embargo, es casi normal que aun cuando el juez falle conforme la premisa socrática, quienes sucumben en el diferendo contencioso-electoral atribuyan su desgracia procesal al juez, no a dos causas probables.
Una, que no pudo motivar las razones jurídicas que sustentaran sus alegatos, y dos, que aunque las tuviera no las pudo probar. En ambos casos, ningún juez que se respete le va a fallar favorablemente a quien no es capaz de sustentar jurídicamente sus alegaciones.
Es lo que ha venido aconteciendo con el TSE desde su nacimiento producto de la reforma constitucional del año 2010. Sus primeros integrantes fueron masacrados profesional y moralmente por los perdedores en la avalancha de contestaciones que cayeron en sus manos, y los actuales no pueden cantar victoria en torno a que pudieran salir airosos de sus funciones.
De hecho, ahora mismo el TSE está siendo vapuleado mediáticamente por sectores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), una formación política cuyo accionar—a partir de la desaparición física de su líder Joaquín Balaguer—ha devenido en una olla de grillos que lastra sus posibilidades.
En medio de ese jala-jala, los diversos grupos fragmentarios del PRSC, mediante la recusación y los ataques hasta de carácter personal, procuran que sean los jueces del Tribunal Superior Electoral quienes resuelvan conflictos que son netamente políticos y no jurídicos.
