Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EU flexibilizó temporalmente algunas sanciones a Venezuela
Sismo magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y deja 50 heridos
Frente Agropecuario del PRM destaca logro Hambre Cero RD
Dominicana suma otras cuatro medallas de oro en los JCC 2026
Rep. Dominicana consigue 13 medallas y sigue en quinto lugar
Muere baloncestista baleado en presunto atraco en San Carlos
Ramfis recibe apoyo durante la Gran Parada Dominicana Bronx
Demanda eléctrica de RD rompió de nuevo su máximo histórico
CEPAL ve rezagos productividad Centroamérica y R. Dominicana
Pasaporte de RD termina 2026 estancado y sin acceso a Europa
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó de manera formal la designación de un juez de instrucción especial y la determinación de fecha para conocer en audiencia preliminar la acusación y requerimiento de apertura a juicio en contra de los jueces Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera.
El documento de solicitud está firmado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, como máximo representante del Ministerio Público.
Arias Valera es juez renunciante del Cuarto Juzgado de la Instrucción del departamento judicial de la provincia Santo Domingo y miembro del Consejo del Poder, y Reyes Beltré es jueza suspendida de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La solicitud plantea que una vez designado el juez de la instrucción especial se proceda a fijar audiencia preliminar a fin de conocer y decidir la acusación del Ministerio Público en contra de los referidos imputados.
Además, requiere “admitir en todas sus partes la acusación por estar hecha conforme al derecho y sustentada en pruebas lícitas y, en consecuencia, que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados», se agregó.
El Ministerio Público solicita mantener la medida de coerción que pesa en contra de los acusados, consistente en prisión preventiva de tres meses con el alegato de que ella garantiza que los imputados no se “sustraigan al proceso que se le sigue, de conformidad con las disposiciones del numeral 7 del artículo 226 de la Ley No. 76-02, Código Procesal Penal”.
jpm
