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Pobre Venezuela
María Corina Machado incurrió en una falta
que en cualquier país pudiera tipificarse como de alta traición, funcionaria de
un Estado que usa la silla de otra nación en un organismo internacional para
procurar sanciones o censuras contra su patria, pero su destitución sin un
proceso en el que pudiere ejercer sus medios de defensa, es un atropello
grosero al ordenamiento jurídico en Venezuela y en todas las naciones
democráticas. Por
violación al artículo 149 de la Constitución de la República Bolivariana que
pauta que los funcionarios del Estado no pueden aceptar cargos, honores o
recompensas de gobiernos extranjeros sin autorización del parlamento, debió
haber sido objeto de un juicio político, teniendo la oportunidad de conocer de
los cargos que se les formulaban y de refutarlos, y solo con la conclusión de
ese procedimiento podía ser destituida.
Es conocida la difícil situación que
enfrenta la oposición venezolana, victima constante de múltiples expresiones de
intolerancia, pero eso no excusa al que denuncia las tropelías para colocarse
de espaldas al orden constitucional.
Opiné lo mismo cuando vi a la ex senadora
colombiana Piedad Córdoba llegar a la República Dominicana con el presidente
Hugo Chávez en un avión oficial de la delegación venezolana, en un momento en
que su país tenía una grave confrontación con Venezuela, un legislador
pertenece a un órgano colegiado y solo debe actuar en misiones internacionales
autorizadas por la cámara legislativa de la que forma parte.
También entiendo que la Cámara de Diputados
de la República Dominicana faltó a su responsabilidad al comprobar que un
miembro de la Junta Central Electoral sin autorización del pleno de la
institución participó en un evento internacional absolutamente contrario al
interés del Estado dominicano.
No creo válido el alegato de que Venezuela
hizo lo mismo que ahora repudia cuando otorgó la condición de embajador alterno
al expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales, para que usara una silla de
Venezuela en la OEA, porque se trató de un presidente defenestrado y sacado por
la fuerza de su país, en una acción que mereció
el repudio de la OEA y de toda la comunidad internacional.
El
despojo que se ha perpetrado contra María Corina Machado es la cucho mil
evidencia de que el chavismo ha perdido los estribos porque nadie debe estar
más interesado que el Gobierno en que la oposición se exprese a través de
canales institucionales, y el único del que disponen en Venezuela es la
Asamblea Nacional, manejado con absoluta intransigencia como si se tratara de
un tribunal inquisitorial.
Tampoco hay respeto por la libertad de
expresión y los medios de comunicación y
los comunicadores que cumplen con su papel de denunciar los actos despóticos
son perseguidos, encarcelados y ahogados económicamente, dejando como recurso
inevitable el de las protestas callejeras por las que ya se cuentan varias
decenas de fallecidos.
Lamentable es que la comunidad
internacional mira para otro lado, prefiere mantener su fastidio a la República
Dominicana por el imperdonable delito de aplicar sus reglas migratorias y un
mandato constitucional vigente ininterrumpidamente desde 1929 que establece que
ni los hijos de extranjeros legales en misiones diplomáticas ni de los que se
encuentren en tránsito (permanencia ilegal en un territorio por largo o corto
tiempo) les corresponde la nacionalidad dominicana.
Venezuela está al borde del abismo, como si sus
conductores la llevasen expresamente a un holocausto, por más que se trate de
adivinar no se advierte la lógica de los acontecimientos.