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Lima, 9 sep (PL) Otras tres cargas explosivas fueron encontradas hoy en diversos puntos de la capital peruana, en dos casos presentadas como acciones de un grupo armado, tras la muerte de un policía en una explosión causada por extorsionadores.
Al mismo tiempo, se desarrolla una polémica en torno a la posibilidad de considerar como delito de terrorismo el uso de granadas u otros explosivos que suelen lanzar contra casas, empresas y hasta escuelas las bandas de extorsionadores.
Granadas y otros explosivos fueron hallados en el centro de Lima y en los barrios de Jicamarca y Huachipa, en los dos últimos casos con banderas y panfletos que solía usar el grupo armado Sendero Luminoso, inactivo desde hace más de una década, salvo una facción disidente que opera en un agreste territorio del centro del país.
En el caso del centro de la ciudad, la policía hizo estallar el artefacto para evitar que se repita lo ocurrido ayer, cuando una granada estalló y dio muerte a un policía.
El agente la manipulaba con el fin de desactivarla tras su hallazgo en las puertas de una escuela del municipio popular de Villa El Salvador, donde había sido colocada por extorsionadores que exigían dinero al dueño del centro educativo.
En Jicamarca, la alcaldesa Evelyn Feliciano puso tácitamente en duda que los dos explosivos artesanales encontrados en la zona, hubiera sido colocado por el grupo armado Sendero Luminoso, pese a la bandera y panfletos encontrados.
Señaló que el artefacto fue puesto en la fachada de la casa de un dirigente vecinal, por lo que el hecho podría relacionarse con traficantes de terrenos, y se sumó a los reclamos al gobierno de mayor seguridad ciudadana ante el desborde de la criminalidad.
Entretanto, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, opinó que el uso de explosivos para causar zozobra y temor constituye delito de terrorismo, al margen de su motivación, por lo que puede juzgarse como tales los extorsionadores que lo hacen, como los que causaron la muerte del policía ayer.
Previamente, el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén sostuvo que no se puede calificar como terrorismo la muerte del policía, porque sería aceptar que en algunos puntos de Lima hay terrorismo, cuando esté se encuentra aislado en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde opera una fracción armada.
La posición del jurista Amoretti refuta el argumento de Adrianzén, de que solo son terroristas las organizaciones que actúan con fines ideológicos, lo que también puso en duda el ministro del Interior José Luis Pérez, al plantear el tema como materia de debate.
Entretanto, sigue sin esclarecerse el origen de las granadas usadas por los extorsionadores, de las que la policía ha incautado este año cerca de un centenar, y la prensa baraja las hipótesis de que salen ilegalmente de arsenales militares o ingresan al país de contrabando. Un diario local refiere que los artefactos militares se pueden conseguir en conocidos mercados de productos informales o de dudoso origen de la capital peruana.
ro/mrs
PL-147