En 237 fosas, cadáveres lloran en el desconsuelo de la tristeza y exhalan vapores que irritan la conciencia, desabrochan picazón en la piel del “estado de derecho” y cortan la respiración en el pecho de la ebullición colectiva, por la preocupante sospecha de una prevaricación judicial al rojo sangre. Y ese vaho de temperatura crítica que emana desde los sepulcros de los revictimizados por las leyes fabricadas para la liberación carcelaria de poderosos, que se aplican sin pudor en la parcialidad del conflicto y el santuario de la complicidad múltiple que, a menudo, desemboca en la amarga “justicia por mano propia” y en otros indeseados brotes de arrebatos por dolientes impotentes.

¡Oh, República Dominicana!¡Oh justicia con jueces venales y cobardes en sus malditas excusas jurídicas!, lo que no ocurre en otras latitudes. El domingo 27 de enero de 2013, en un incendio en la discoteca Kiss, en Brasil, hubo 242 muertos y 636 heridos, e inmediatamente la Justicia dictó detención preventiva contra su propietario, Elissandro Spohr, quien en un hospital intentó ahorcarse con una mangua. Y el 11 de diciembre de 2021, un tribunal sentenció a 18 y 22 años de prisión a este y otros tres imputados.

Y por abusos de responsabilidad, negligencia grave, omisiones antes de las catástrofes, uso de licencias ilegales y otras tragedias en discotecas han sido condenados a prisión decenas de personas en Estados Unidos, Rusia, Rumanía, Tailandia, Macedonia del Norte y otros puntos geográficos.

¡Oh, República Dominicana!, sojuzgada por la ausencia de castigo judicial primario, cobijada en el atlas de una camarilla superestructural identificada como poder fáctico, que extralegalmente influye en favor de posesionarios de bienes, cuya adquisición reclama una investigación seria.

En la tragedia del 8 de abril de 2025, ningún líder o caudillo político se pronunció contra Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set. Para congraciarse con una persona de poder, por una motivación laboral o de otro género, periodistas de distintas estirpes abogaron por la impunidad. La historia registrará esta ignominia.

¡Oh, República Dominicana! Avasallada por legisladores que son gendarmes del conciliábulo para obstruir la aprobación de leyes sancionadoras de los actos delictuales, y togados del mercurialismo metálico que fungen como carabineros para timar, con pícara malignidad, a personas con la dignidad quebrada.

Y en esa guarida se anida un árbitro con el globo ocular encorvado frente a un crucifijo, cabizbajo en su comportamiento cachazudo, maniatado y atrapado en la jaula de la presión, que avaló la libertad del imputado de un hecho que hirió las fibras más sensibles de la sociedad, para que duerma con aire acondicionado, coma a mandíbula batiente y brinde una copa de vino, junto a sus abogados defensores, para celebrar el “triunfo”.

Anarquía

Estamos en presencia de la máxima expresión de la anarquía y la perplejidad en el imperio de la ley, ante la mirada frustrante de la comunidad y regocijante de juristas, periodistas y políticos que se doblegan ante los ricos. Y, encogidos en ese panorama sobrecalentado por la impudicia, la deshonestidad y la desfachatez, no ayudan al imprescindible y urgente cambio del sistema económico-social los dispersos y arrugados grupos de izquierda, que con su divisionismo, sectarismo y desfase mercadológico son más activos para marchar con los homosexuales y amparar a los ilegales haitianos.

Y tenemos que reprochar, también, a los que han torpedeado la aprobación del Código Penal, que consigna condenas de hasta 40 años, como los ya mencionados congresistas; el feminismo fanático, catalizador fragmentario de los feminicidios, las estropeadas organizaciones profesionales y los comisionados de derechos humanos, que tan solo lanzan gritos favorables a los delincuentes.

Arzobispo escurridizo

Episcopales de la Iglesia Católica también han enmudecido, con los ojos vendados en la simulación de sus túnicas largas, sin desgarrarse las vestiduras ante la desolación humana. La voz del Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, el escurridizo monseñor Francisco Ozoria, solo hace sentir sus joyas ornamentales y escuchar su voz con acento ruidoso para pedir protección para los inmigrantes indocumentados.

Espantaba ver a más de 100 mujeres tiradas dolorosamente en la morgue de Patología, con las cabezas y órganos exteriores destrozados y aplastados, en un tablado dantesco, removiéndolas como bultos pesados para poder identificarlas, en el entrecruce de un olor que imponía la colocación de hasta tres mascarillas y el derrame de lágrimas resecas y enrojecidas por el impacto emocional y la intensidad de los latidos del corazón.

Ese episodio rutiló por la culpabilidad consabida en esas muertes terribles de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, gerente y administradora del Jet Set, que se compila en la muy conocida sobrecarga del techo de la discoteca, en el descuido concienzudo ante las señales de alerta, en las reiteradas omisiones bien sabidas e ignoradas, en la negligencia evidenciada en múltiples denuncias y revelaciones, y en el desprecio ante los reclamos de seguridad, para garantizar el ahorro de recursos con fines de lucro, como una ave carnívora.

El Ministerio Público, que hace ingentes esfuerzos por conseguir condenas -ahora sin adentrarse en el fondo creativo de las consecuencias- está facilitando la negación de la prisión preventiva de los dos imputados, porque ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se limitó a tipificar el acaecimiento como un homicidio involuntario.

El informe pericial preparado por una comisión de experimentados ingenieros civiles, a solicitud del Gobierno, señala como causa del colapso del tejado la acumulación progresiva de peso sobre el techo y un mantenimiento deficiente o inexistente ante las fallas visibles, las decisiones estructurales imprudentes, las intervenciones sin permisos, la negligencia y la torpeza.

¿Homicidio involuntario, simplemente, ante tantas advertencias?, o más bien culpabilidad consciente y acrecentada intencionalmente por la omisión deliberada, y un “homicidio por negligencia agravada con móvil económico”.

Toca al Ministerio Público y a los jurisconsultos más avezados estudiar más profundamente el valorado Informe Pericial dispuesto por la máxima autoridad de la nación y los más variados artículos del Código Penal para formular otra tipificación que amplíe la tesis del homicidio involuntario y logre un castigo severo en el calabozo de no menos de 20 años.

Se precisa desvertebrar la correlación de los déficits, aplicar justicia para aplacar el subyacente sentimiento de dolor colectivo, que medra en la panza de la insaciabilidad financiera o hasta dolosa y la inmoralidad, que erosionan los secretos de la estulticia, la hipocresía y el conventículo auspiciado por juristas que son perros guardianes para justificar la inculpación del crimen y burlar a la raza humana.

La ausencia de justicia levanta crespones negros, promueve el malestar individual y colectivo en la ruta de la destrucción de la democracia y la imposición del autoritarismo. Quien ha cometido o ha sido culpable de una mortalidad alta en número, jamás tendrá paz, y estará siempre en el espinazo del escarnio público. Y podrá ser juzgado, así lo concebimos, por tres instancias o sistemas de justicia oficial, informal y místico:

1.- La Justicia Legal del Estado. Ese ordenamiento se revela vulnerable, ya por la errática interpretación de los jueces de las normativas legales, ya por ser vendibles o por presión ante el acusatorio del Ministerio Público o afectados.

2.- La Justicia del Pueblo. Este mecanismo individual y no instrumentado aparece por la indignación e impotencia latente en el corazón de cada ciudadano o perjudicado, que consiste en protestar ante la ausencia de castigo de un imputado, como son juzgarlo en la audiencia en una plaza pública, quemar su fotografía, despreciarlo en espacios públicos, efectuar manifestaciones con pancartas, encender velas, dar cacerolazos o accionar -fórmula improcedente- con un puñal o arma de fuego contra el impetrante no castigado por la justicia del Estado.

3.- La Justicia Divina. Los creyentes confían en la implacable justicia paradisiaca: arder en el infierno, sufrir en el lecho de muerte, y los ateístas axiológicos o constructivistas creen en el castigo por la fiereza de un ciclón, un terremoto y un tsunami; o penando en la hoguera de la angustia existencial por el sentimiento de culpabilidad.

Apostemos a uno de los tres eslabones, porque uno de ellos se impondrá en el juicio de la razón, amparado en la ética secular. Nadie que haya sido responsable de masivas pérdidas de seres humanos morirá en la comodidad, porque el sufrimiento lo abrazará aunque también evada el fuego del infierno y llegue, con trapisondas, más allá de las nubes, en un paraíso de paz y gloria, en la vereda del trono Dios del cielo y los ángeles.

jpm-am

La usurpación de funciones en el ejercicio periodístico en República Dominicana representa una grave amenaza para la libertad de prensa y la integridad de la información y parece que a nadie le importa eso.

Todo parece indicar también que a nadie le importa que cuando personas sin la formación, ética o credenciales adecuadas se involucran en tareas periodísticas, se pone en riesgo la veracidad, la responsabilidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.

Este fenómeno, que puede manifestarse a través de “influencers”, “comunicadores” “Pica Pica”, figuras públicas sin experiencia o incluso actores políticos que asumen roles periodísticos sin respaldo profesional, distorsionan la realidad y fomentan la desinformación. Pero repito, a nadie le importa esa peste.

La falta de ética y rigor en estos casos puede generar noticias falsas, manipulación y confusión en la población, debilitando la confianza en los medios tradicionales y en la información verificada. Pero la fiesta sigueee.

El impacto de la usurpación en el ejercicio periodístico en RD va más allá de la simple distorsión de hechos. Señores, estamos en presencia de una industria del chantaje periodístico que ha generado y sigue generando “monstros sagrados” en radio y televisión y todo bien gracias. ¡Esto no puede ser! .

Al invadir funciones que requieren formación y ética, se vulnera la labor de los periodistas profesionales, quienes dedican años de estudio y experiencia para garantizar una información veraz y responsable.

Esto también afecta la protección de los derechos humanos, ya que la información manipulada puede ser utilizada para fines políticos, económicos o ideológicos que perjudiquen a la sociedad.

Además, la usurpación puede poner en peligro la seguridad de los propios periodistas, al crear un entorno donde la responsabilidad y la ética no están claras, facilitando la propagación de noticias falsas y la desinformación.

La confusión entre quienes ejercen el periodismo profesional y quienes no, también dificulta la fiscalización y el control de la calidad informativa.

Para enfrentar esta problemática, es fundamental fortalecer las instituciones que regulan el ejercicio periodístico, promover la formación ética y técnica, y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir información verificada.

En conclusión, la usurpación en el ejercicio periodístico en RD no solo degrada la profesión, sino que también pone en riesgo la democracia y el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz. ¡Fuera los usurpadores del ejercicio periodístico!

quezada.alberto218@gmail.com