En República Dominicana, el periodismo puede ejercerse sin título universitario, colegiatura ni licencia profesional. Esta desregulación, poco debatida, pero de alto impacto, ha permitido que muchas personas sin formación técnica ni ética ocupen espacios de gran influencia mediática. El costo para la democracia, la verdad y la ciudadanía es alto.

En un país donde la libertad de expresión está constitucionalmente garantizada, paradójicamente, el derecho a recibir información veraz y contextualizada sigue en entredicho.

Proliferan figuras mediáticas que, sin distinción clara entre periodismo, entretenimiento u opinión, informan -o desinforman- a miles de personas desde micrófonos, cámaras o plataformas digitales. ¿El resultado? Confusión, polarización y una creciente desconfianza en los medios.

El Colegio Dominicano de Periodistas, creado por la Ley 10-91, tiene atribuciones limitadas. Su membresía es voluntaria, su capacidad de sanción es casi nula y su legitimidad social se ha visto debilitada frente a la realidad de un oficio ocupado por comunicadores que, aunque visibles, no siempre cumplen con estándares profesionales.

No se trata de negar la validez del aprendizaje empírico. El periodismo es, sin duda, un oficio que se nutre de la experiencia.

Pero la experiencia sin principios éticos, sin formación básica en derecho, investigación, redacción y verificación de datos, pone en riesgo la función pública del periodismo: servir a la verdad y a la ciudadanía.

La desregulación del ejercicio periodístico ha alimentado un ecosistema donde la desinformación circula con facilidad y donde los intereses políticos, económicos o personales muchas veces dictan la agenda informativa.

Esto debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la existencia de una prensa libre, crítica, creíble y profesional.

Es hora de discutir seriamente una reforma que no excluya, pero que sí exija. La creación de una licencia de ejercicio, programas de formación continua accesibles, y una regulación del uso del título “periodista” son pasos posibles y necesarios.

Profesionalizar no significa elitizar: significa dignificar y proteger una labor vital para la salud democrática del país.

Porque informar no es solo comunicar. Es asumir una responsabilidad social que no puede seguir en manos de la improvisación.

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

De acuerdo al Estatuto de Roma  la Corte Penal Internacional podrá  ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con  los  apartados  a) y c) del  artículo 13, con sujeción a las disposiciones de este artículo.

Únicamente  podrá  ejercer  su competencia respecto de crímenes de agresión  cometidos un año después  de la ratificación o aceptación de las enmiendas por 30 estados partes

Ejercerá  su competencia  respecto  del crimen de agresión  a condición de que se adoptará  una decisión después del  primero de enero de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto de Roma.

La Corte Podrá , de conformidad con el artículo 12,  ejercer su competencia sobre un crimen de agresión, resultante de un acto de agresión  cometido por un Estado Parte salvo que ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia  mediante el depósito  de una declaración en  poder del Secretario de la CPI La retirada de esa declaración podrá  efectuarse en cualquier momento y será considerada por el Estado Parte en un plazo de tres años

En lo que respecta  a un Estado no Parte del Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional no ejercerá  su competencia  respecto del crimen de agresión  cuando este sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo

El Fiscal si llegara a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación sobre un crimen de agresión  verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado  la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la situación ante la Corte, adjuntando  la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes.

Cabe destacar que cuando el Consejo de Seguridad dicha determinación el Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá iniciar la investigación acerca del crimen de agresión

En otro orden cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde la fecha de notificación el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación respecto de un crimen de agresión siempre y cuando la Sección de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 15, haya autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de agresión y el Consejo de Seguridad no haya decidido lo contrario de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Roma

La determinación de que hubo acto de agresión  realizada por un órgano ajeno a la Corte Penal Internacional no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del  Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com 

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