En la segunda parte de su obra, Matthew White se sumerge en el núcleo de su proyecto: el análisis detallado de las 100 atrocidades más letales de la historia. A lo largo de unas 700 páginas, el autor presenta cada episodio con datos precisos, contexto histórico, estimaciones numéricas y reflexiones críticas.

El enfoque sigue siendo cuantitativo, pero no ignora el drama humano. Cada atrocidad —guerra, genocidio, limpieza étnica o hambruna inducida— se narra con claridad: quién la ordenó, cuándo ocurrió, cómo se ejecutó y cuántas víctimas dejó.

White clasifica los eventos según el número de muertos, no por orden cronológico. En los primeros puestos aparecen tragedias como:

-La Segunda Guerra Mundial (~66 millones de muertos)

-La conquista mongola (~40 millones)

-Las hambrunas de Mao en China (~40 millones)

-El régimen de Stalin (~20 millones)

-La colonización europea en América (~15 millones)

-La rebelión Taiping en China (~20 millones)

-El genocidio de Ruanda (~800,000 en pocas semanas)

-Las guerras napoleónicas (~4 millones)

-El genocidio armenio (~1.5 millones)

Cada caso incluye una ficha técnica: nombre del evento, fecha, ubicación, responsables, tipo de atrocidad y una estimación de víctimas, con márgenes alto y bajo.

El análisis revela patrones inquietantes:

-La mayoría de los eventos más letales no son ni occidentales ni modernos.

-Religiones, ideologías y potencias aparecen reiteradamente.

-Desde el siglo XIX, los civiles superan en número a los soldados entre los muertos.

-Muchas atrocidades surgen en contextos de caos, más que bajo regímenes autoritarios.

White evita juicios simplistas. Expone, por ejemplo, que el imperio mongol fue tan brutal como eficiente; que Mao causó más muertes que Hitler por decisiones internas; o que el colonialismo europeo exterminó más por negligencia y hambre que por masacres sistemáticas.

También desmitifica el concepto de “genocidio típico”. Algunos son rápidos y organizados (Ruanda); otros, lentos y burocráticos (el Holodomor); y algunos se disfrazan de guerra, como la limpieza étnica en los Balcanes.

El autor desafía al lector: no todo genocidio necesita cámaras de gas ni toda guerra frentes definidos. A veces, el hambre administrada es el arma más eficaz.

Frases como este resumen su perspectiva:

“Las ideologías matan, pero las excusas matan más.”

“Ningún continente ha escapado de la atrocidad.”

“No importa si se mata por odio, fe o cálculo. El resultado es el mismo.”

Además, White se detiene en los debates sobre cifras: ¿cuántos mató Pol Pot? ¿Cuántos murieron por el colonialismo británico en India? ¿Qué tan fiables son los censos postconflicto?

El libro también rescata tragedias olvidadas:

-La rebelión de An Lushan (siglo VIII, China)

-La guerra de los Treinta Años

-La conquista del Congo por Leopoldo II

-La represión otomana en los Balcanes

-El genocidio herero en Namibia

Este catálogo, lejos de ser un frío recuento, es un llamado a mirar el pasado con honestidad. White no acusa ideologías, pero deja claro que ninguna queda exenta.

A pesar de que cada entrada es autónoma, el efecto acumulativo del conjunto es abrumador. El lector queda con la conciencia sacudida: este no es un libro de historia militar, sino una historia del sufrimiento humano en manos humanas.

En definitiva, esta sección nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber de la historia. No es una crónica de héroes, sino de víctimas; de sistemas colapsados, de regímenes que se nutren del miedo, y de silencios que repiten el horror.

Las 100 atrocidades más letales no constituyen un ranking del mal, sino un espejo en el que toda civilización debería atreverse a mirarse.

jpm-am

Presidente, si el congreso aprueba al Código Penal sin las tres causales del aborto y el Código Laboral manteniendo la cesantía, objétela.

Refiriéndome al tema laboral, si no hay una solución al tema de la cesantía es mejor que el Código se quede como esta. Se han hecho propuestas interesantes para desmontar esa carga injusta que obliga a los empleadores a pagar una doble tributación ya que después de la aprobación de la ley de Seguridad Social se suponía que la cesantía llegaría su fin reconociéndole a los empleados el pasivo laboral acumulado por este derecho adquirido.

Los sindicatos nunca han entendido que esa doble tributación afecta a más empleados que a los que beneficia. ¿Y saben por qué? Porque el empleo informal en el pais supera al formal debido a que las micro, pequeñas y empresas no pueden soportar la carga que representan el ISR, las pensiones, el seguro de salud, riesgos laborales, Infotep y a todo eso, la cesantía. Muchas empresas formales estarían en quiebra técnica si incluyen en sus estados financieros el pasivo laboral de la cesantía.

Para que la economía dominicana supere este estado de informalidad tiene que eliminar la cesantía y bajar el ISR o en su defecto, aplicarle un monotributo a los negocios informales que beneficie a los trabajadores con una pensión y un seguro médico, excluyendo la cesantía.

¿Miedo a los sindicatos? De qué sindicatos hablamos si el mayor número de empleados no esta sindicalizado.

Quieren innovación industrial, quieren más productividad, quieren que seamos más competitivos, quieren abrirle el crédito al 85% de las micro y pequeñas empresas informales, entonces devuelva ese Código Laboral si es aprobada en el congreso porque la cesantía es un cuchillo en la garganta.

Sobre el Código penal, aprobarlo sin las tres causales del aborto es un retroceso y es mostrar miedo ante sectores conservadores que pretenden quietarle a la mujer sus derechos. El aborto se practica en el pais con o sin regulación, porque ninguna mujer violada está obligada a tener un hijo o hija por el abuso de un hijo de la gran puta.

Sin embargo, una ley que regule ese aborto evita muertes frecuentes en mujeres que recurren a clínicas privadas sin ninguna higiene y con alta exposición a bacterias e infecciones.

En ningún momento se está hablando de aprobar el aborto. Se trata de casos excepcionales y condiciones muy especiales en un periodo temprano del embarazo.

En este gobierno se han logrado avances históricos en materia de transparencia y ética gubernamental, se han aprobado importantes reformas institucionales y leyes de gran trascendencia, la seguridad pública y la seguridad jurídica han significado un gran cambio de paradigma y el rostro mugriento del pais ante un mundo que nos consideraba un paria de la corrupción, ya esta mucho mas limpio.

No retrocedamos con estas dos leyes absurdas.

Por DARWIN FELIZ MATOS

En la era digital, donde las redes sociales han democratizado la comunicación, es más urgente que nunca rescatar el verdadero sentido de la libertad de expresión. Hoy, cualquiera con un celular se proclama “comunicador”, “analista” o “periodista” sin tener ninguna formación, ni ética, y lo más grave: sin consecuencias legales.

La Constitución dominicana es clara. En su artículo 49 reconoce el derecho a expresar pensamientos e ideas sin censura previa. Pero también establece un límite: ese derecho no puede ejercerse a costa del honor, la dignidad ni la intimidad de las personas. Es decir, la libertad de expresión no ampara la calumnia ni la difamación.

Sin embargo, hemos visto cómo este derecho, fundamental para la democracia, ha sido secuestrado por voces que, en nombre de la «libertad», convierten la comunicación en un arma para destruir reputaciones, chantajear funcionarios, políticos y así desinformar a la población. Lo hacen desde cuentas anónimas, plataformas sin rostro o bajo el manto de una “opinión” que no resiste el más mínimo filtro ético ni legal.

Esto no es libertad. Es libertinaje.

Y lo más preocupante: algunos sectores del poder lo patrocinan. Funcionarios y figuras políticas pagan con recursos públicos a mercenarios digitales para que difamen a sus adversarios, incluso dentro de su propio partido. Esta práctica es no solo inmoral, sino peligrosa para la estabilidad institucional del país.

Si el presidente Luis Abinader quiere defender la democracia con hechos y no solo con discursos, debe ordenar a los organismos de inteligencia y a la justicia que investiguen y sancionen a quienes financian estas campañas sucias, que atenta contra la democracia.

La comunicación debe ser una herramienta para educar, edificar y rendir cuentas. No puede seguir siendo un mercado negro de chantajes y odio.

Hoy, el periodismo serio —aquel que se estudia, se ejerce con rigor y se somete a la ley— es atropellado por pseudo comunicadores que entienden que tener más likes y visualizaciones es más importante que tener pruebas. Y lo más triste: una parte de la ciudadanía consume esa basura digital sin sentido crítico, creyendo que lo viral es lo verdadero.

Es lamentable cómo ha proliferado una clase de “comunicadores” y “analistas” que han convertido el oficio en una estrategia de chantaje disfrazada de opinión. Atacan a funcionarios no por convicción, ni por ética profesional, sino con el único propósito de ser llamados para “tomarse un cafecito” y, en ese encuentro, pactar silencio o buscar posicionamiento personal.

No les interesa la verdad ni la rendición de cuentas; su verdadero objetivo es colocarse en la órbita del poder, aunque sea a base de presión mediática oportunista. Esta práctica, además de deshonesta, degrada el ejercicio comunicacional y desacredita a quienes de verdad hacen periodismo con responsabilidad.

Como dice una vecina con sabiduría popular: “el amor es ciego, pero los vecinos no”. Muchos creen que sus acciones se ejecutan bajo el más absoluto secreto, ignorando que la sociedad observa, analiza y entiende más de lo que imaginan. Lo que no ven estos personajes es que sus palabras, carentes de coherencia y credibilidad, ya no tienen ningún valor frente a una ciudadanía que, aunque calla, toma nota.

Si de verdad queremos proteger la libertad de expresión, debemos protegerla del libertinaje. Y eso implica actualizar leyes, aplicar sanciones, fortalecer la justicia y exigir responsabilidad a quienes comunican, sean periodistas, influencers o políticos.

La palabra es poderosa. Puede construir o puede destruir. Ha llegado el momento de decidir de qué lado estamos.

jpm-am