En la República Dominicana, las redes sociales han evolucionado de ser espacios de interacción y democratización de la información a convertirse, peligrosamente, en tribunales paralelos sin reglas, sin jueces competentes y sin garantías procesales.

Hoy, cualquier usuario con un canal de YouTube, una cuenta de Instagram o un perfil en TikTok se arroga el derecho de dictar sentencias públicas, muchas veces sin pruebas, sin contexto y sin responsabilidad.

Lo que estamos presenciando no es libertad de expresión: es una ejecución reputacional sumaria.

De la opinión al linchamiento digital

El fenómeno es evidente. Individuos sin formación en comunicación, derecho o ética periodística construyen narrativas que, amplificadas por algoritmos voraces, terminan destruyendo reputaciones en cuestión de horas. Basta una acusación, una insinuación o una edición manipulada para que una persona sea condenada ante la opinión pública.

En este nuevo ecosistema, la presunción de inocencia ha sido sustituida por la presunción de culpabilidad viral.

Las redes sociales han creado una cultura donde el “contenido” vale más que la verdad, donde el escándalo genera más interacción que la verificación, y donde la reputación —construida durante años— puede ser sepultada en minutos.

El vacío legal: terreno fértil para el abuso

El problema no es la tecnología. Es la ausencia de regulación efectiva.

En República Dominicana, el marco legal existente no ha evolucionado al ritmo de la transformación digital. Las leyes sobre difamación e injuria, concebidas en una era analógica, resultan insuficientes frente a la velocidad, el alcance y la permanencia del daño en el entorno digital.

Mientras tanto, plataformas como YouTube o Facebook operan bajo políticas globales que muchas veces no se adaptan a la realidad local ni ofrecen respuestas oportunas ante denuncias de contenido dañino.

Este vacío ha permitido la proliferación de una figura peligrosa: el “comunicador digital sin responsabilidad”, que actúa como fiscal, juez y verdugo.

El negocio de destruir reputaciones

No se trata solo de irresponsabilidad: en muchos casos, se trata de negocio.

El morbo vende. La controversia monetiza. La difamación genera clics.

Algunos creadores de contenido han entendido que acusar, exponer y escandalizar produce más ingresos que informar con rigor. Así, se ha configurado una economía digital donde la reputación ajena se convierte en materia prima para generar vistas, seguidores y dinero.

En este modelo perverso, la ética es un obstáculo, no un valor.

¿Libertad de expresión o libertinaje digital?

Es necesario hacer una distinción clara. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Tiene límites: el respeto al honor, a la dignidad y a la reputación de las personas.

Cuando una plataforma se utiliza para difamar, para manipular o para destruir sin pruebas, no estamos ante un ejercicio legítimo de libertad, sino ante un abuso que debe ser sancionado.

Confundir libertad con impunidad es uno de los errores más peligrosos de esta era digital.

Hacia una regulación necesaria y urgente

La República Dominicana necesita abrir un debate serio, técnico y responsable sobre la regulación de las redes sociales y los contenidos digitales.

Esto no implica censura, sino establecer reglas claras:
– Responsabilidad sobre el contenido publicado.
– Mecanismos ágiles de rectificación y derecho a réplica.
– Sanciones proporcionales ante la difamación comprobada.
– Identificación de creadores de contenido con fines comerciales.

Asimismo, se requiere fortalecer la educación digital de la población, para que los ciudadanos no sean cómplices involuntarios de la desinformación y el linchamiento mediático.

Conclusión: la reputación no puede seguir siendo ejecutada sin juicio

Hoy, en la República Dominicana, las redes sociales están aplicando una especie de “pena de muerte reputacional” sin debido proceso.

Y lo más grave no es solo que ocurra, sino que se ha normalizado.

Si el Estado, la sociedad y los propios usuarios no actúan, estaremos consolidando un modelo donde cualquiera puede destruir a cualquiera, sin consecuencias.

La pregunta no es si debemos regular.
La pregunta es: ¿cuántas reputaciones más deben ser enterradas antes de que reaccionemos?

jpm-am

1-El Oriente Medio, el Lejano Oriente y Occidente. en un sistema de intercambios estratégicos

En la geopolítica contemporánea, el concepto latino “quid pro quo” que significa, dar algo para obtener otra cosa, ha dejado de ser una expresión jurídica o diplomática para convertirse en la gramática fundamental del poder global.

No se trata de favores ni concesiones aisladas, sino de un sistema estructural de intercambios donde cada actor cede influencia, acceso, recursos o legitimidad a cambio de ventajas que no puede conseguir por sí solo.

Hoy, ese sistema está tensionado por tres polos que interactúan, compiten y negocian simultáneamente: Occidente, Oriente Medio y el Lejano Oriente. Cada uno opera con reglas distintas, pero todos participan del mismo juego, al amparo de reglas no muy equitativas.

2-Oriente Medio: el laboratorio del intercambio permanente.

Pocas regiones ilustran mejor el “quid pro quo” que Oriente Medio, donde cada movimiento es una transacción estratégica, solapada y artera.

a)-La Arabia Saudita

Otorga, comercial y financieramente: petróleo, estabilidad del mercado energético, liderazgo islámico.

Además, recibe: garantías de seguridad, tecnología militar y apoyo para diversificar su economía.

b)-Irán

Otorga y financia: milicias aliadas, presiones estratégicas y subvenciona ciertas ventas de hidrocarburos a China y Rusia.

Recibe: respaldo chino y ruso, apoyo circunstancial y parcial de sanciones en los foros internacionales que cuestionan la impronta iraní.

c)-Israel

Otorga: inteligencia, tecnología, capacidad militar.

Recibe: apoyo político y militar de Occidente, legitimidad internacional y acceso a información clasificada.

d)-Turquía

Otorga: control geográfico clave, mediación diplomática, contención migratoria y “convenios de reciprocidad” militares.

Recibe: concesiones de la OTAN, inversiones europeas, espacio para su agenda regional, en foros internacionales.

EN RESUMEN, AMIGO LECTOR: ¡En esta región, nada es gratuito, Todo es intercambio!

3-El Lejano Oriente: el “quid pro quo” como estrategia de ascenso y supervivencia.

a)-China. Otorga: infraestructura, financiamiento, acceso a su mercado y ha convertido el intercambio estratégico en política de Estado. Recibe: influencia política, acceso a recursos, dependencia tecnológica, divisas, etc.

b)-India. Otorga: mercado gigantesco, contrapeso a China, pero más abierto a Occidente. Recibe: inversiones occidentales y cooperación militar.

c)-Japón y Corea del Sur. Otorgan: tecnología avanzada, alianzas estratégicas y fideicomisos par inversiones viales y energéticas. Reciben: protección militar estadounidense, acceso a mercados donde puedan colocar sus inversiones sin riesgos geopolíticos.

EN RESUMEN, AMIGO LECTOR: ¡El Lejano Oriente no está en guerra abierta, pero sí en una competencia estructural donde cada concesión es parte de un cálculo de poder ya acceso a recursos financieros!

4-Occidente: defender un orden que ya no controla por completo.

Occidente opera bajo una lógica distinta: preservar un orden liberal que se siente erosionado y estancado.

a)-Estados Unidos. Otorga: seguridad militar, acceso a su sistema financiero, protección marítima y “cooperación estratégica” para luchar contra los cárteles de la droga, defensa de su Frontera Imperial, etc. Recibe:  alineamiento político, bases militares, apoyo diplomático, y mercados de compra y venta cautivos.

b)-Europa. Otorga:  mercado, regulación, diplomacia. Recibe:  energía, armamentos, alianzas comerciales y “facilidades de mercado” a sus exportaciones.

EN RESUMEN, AMIGO LECTOR: ¡Occidente ya no impone; ahora negocia! Ese cambio redefine todo. Un verdadero Quid Pro Quo geopolítico.

LOS TRES SISTEMAS DE INTERCAMBIO COLISIONANDO A LA VEZ

El conflicto global actual no es una suma de crisis aisladas (Gaza, Ucrania, el Mar Rojo, Taiwán, etc.), sino la colisión de tres lógicas de el “Quid Pro Quo” geopolítico actual:

Para un país pequeño pero estable, ubicado en una zona estratégica del Caribe, este reacomodo global no es una amenaza inevitable, sino una oportunidad cuidadosamente gestionada.

Energía: la volatilidad será estructural; se requiere diversificación y contratos inteligentes.

Comercio: China y EE. UU. competirán por influencia en el Caribe.

Seguridad: las rutas marítimas y el turismo dependen de la estabilidad global.

Oportunidad: el país puede posicionarse como Hub logístico, diplomático y de servicios, aprovechando el “offshoring”, esto así a que las empresas buscan constantemente estrategias para optimizar sus operaciones y reducir costos.

También podríamos fomentar el Outsourcing, que implica contratar a un tercero para que realice servicios (lo que puede hacerse dentro del mismo país), el offshoring se centra específicamente en el movimiento de actividades a través de las fronteras nacionales.

EN RESUMEN, AMIGO LECTOR: El mundo no se divide entre buenos y malos, sino entre intereses que negocian su supervivencia. El ‘quid pro quo’ no es cinismo; es la gramática del poder. Y en esa gramática, los países pequeños que entienden las reglas pueden escribir su propio futuro.

Para la República Dominicana, la respuesta no es alinearse ciegamente, sino gestionar inteligentemente sus intercambios. El Estado debe actuar con una diplomacia pragmática: mantener su alianza histórica con Occidente, aprovechar las oportunidades económicas del Lejano Oriente y cultivar relaciones estables con Oriente Medio, sin comprometer su autonomía.

En un mundo donde cada actor da algo para obtener otra cosa, nuestro país debe ofrecer lo que tiene —estabilidad, ubicación estratégica, apertura económica— a cambio de lo que necesita: inversión, seguridad energética, tecnología y resiliencia institucional.

La clave es simple: no pedir permiso, sino negociar valor. El Estado dominicano debe fortalecer su capacidad de análisis geopolítico, diversificar sus socios, blindar su seguridad energética y posicionarse como un nodo logístico del Caribe. En un sistema global que se reacomoda, la República Dominicana no puede ser espectadora. Debe ser un actor que, con prudencia y visión, convierta cada crisis internacional en una oportunidad nacional.”

La Semana Santa nos llega, una vez más, en un momento en que gran parte de la población dominicana se siente golpeada por las vicisitudes de la vida diaria. No se trata solo de dificultades pasajeras, sino de una acumulación de problemas que han ido minando la tranquilidad de los hogares: el costo de la vida en ascenso, la inseguridad persistente, servicios que no responden como deberían y una creciente sensación de que el futuro se vuelve cada vez más incierto.

Esa realidad ha ido sembrando un sentimiento peligroso en los dominicanos: la desesperanza. Cuando la gente comienza a creer que nada va a mejorar, que los esfuerzos no rinden frutos y que las instituciones no están a la altura, el tejido social empieza a debilitarse. Y ese es, quizás, uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la República Dominicana.

Sin embargo, incluso en medio de ese panorama, la Semana Santa nos recuerda una verdad esencial: ninguna crisis es definitiva. En el corazón de esta conmemoración hay un mensaje poderoso de renovación, de transformación y de posibilidad. Es precisamente en los momentos más difíciles cuando se abre la oportunidad de replantear el rumbo.

Desde una visión crítica, este tiempo también interpela a la política. No basta con describir la crisis ni con señalar responsabilidades, es necesario abrir caminos.

La oposición tiene el reto de convertirse en un canal de esperanza creíble, no desde promesas vacías, sino desde propuestas concretas que conecten con la realidad de la gente. La crítica, por sí sola, no construye futuro.

Al mismo tiempo, el gobierno también queda interpelado por el espíritu de estos días. Gobernar en medio de una crisis social exige sensibilidad, apertura y capacidad de rectificación. No basta con administrar, hay que escuchar, corregir y actuar con un sentido claro de prioridad hacia los más afectados.

La Semana Santa, en su esencia, es un recordatorio de que los momentos más oscuros pueden dar paso a la renovación. Pero esa renovación no ocurre por inercia. Requiere voluntad política, compromiso ético y una conexión real con las necesidades del pueblo.

Porque, a pesar de todo, hay una verdad que no puede ignorarse: incluso en medio de la desesperanza que afecta a la gran mayoría, siempre existe una luz. Una posibilidad real de que las cosas mejoren, de que se corrijan errores, de que surjan liderazgos más comprometidos y de que el país retome un camino de mayor equilibrio y bienestar.

Pero esa luz en el porvenir no depende únicamente de los actores políticos. También reside en la capacidad de la sociedad de no resignarse, de exigir mejores respuestas, de mantener viva la aspiración de un país más justo y funcional.

La Semana Santa, entonces, no solo invita a la reflexión espiritual, sino también a una reflexión colectiva: reconocer la gravedad del momento, pero sin renunciar a la idea de que el futuro puede ser distinto. Porque cuando una sociedad logra sostener la esperanza, aun en medio de la incertidumbre, ya ha dado el primer paso hacia su propia transformación.

Quizás la mayor reflexión que deja este tiempo es que la esperanza no puede seguir siendo un discurso vacío. En un país donde muchos sienten que avanzan sin rumbo claro, recuperar la confianza colectiva debería ser el objetivo central.

Porque sin esperanza, ninguna sociedad puede sostenerse; pero con ella, incluso en medio de la adversidad, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo.

Porque a pesar de las vicisitudes y la desesperanza que arropan a la gran mayoría de la población, existe una luz en el porvenir que puede generar esperanza para mejorar su situación.

Por ROMMEL SANTOS DIAZ

El crimen de agresión plantea una amenaza singular al entorno natural no solo porque la fuerza militar que toma parte en el acto de agresión normalmente causa daños ambientales, sino también porque los actos de agresión a menudo desencadenan conflictos armados que causen nuevos daños al medio ambiente.

El articulo 8 bis, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen la agresión que tiene lugar cuando se planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

En el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se define como acto de agresión  el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En este mismo artículo se enumeran como ejemplos de actos de agresión la invasión, la ocupación militar y el bombardeo.

Casi todos los actos de agresión enumerados en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal  Internacional pueden dirigirse contra el medio ambiente  o causar daños a este. Por ejemplo el bombardeo del territorio de un Estado causará a menudo la muerte de animales y destruye  y contamina campos, bosques y masas de agua, contamina el aire y afectará a la seguridad del clima.

El hecho de que un acto constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas se determinara en fucion de sus características, gravedad y escala.

Al evaluar esos factores, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrá en cuenta, entre otras cosas, el daño sufrido por el medio ambiente como consecuencia del acto de agresión, el número y el tipo de víctimas humanas y no humanas del acto y si el daño ambiental es, potencialmente irreversible.

Finalmente, la Fiscalía considera que la destrucción y el daño intencionales del medio ambiente en un Estado ajeno constituyen una forma de uso de la fuerza especialmente grave, pues el entorno natural no debe instrumentalizar en el marco de las relaciones internacionales.

Rommelsantosdiaz@mail.com

En una histórica resolución de la asamblea general de las Naciones Unidas de fecha 25 de Marzo, impulsada por la Unión Africana, liderada por el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, se proclamó que la trata de esclavos africanos y la esclavitud racializada representan los crímenes más graves contra la humanidad, lo que representa la primera resolución integral de la ONU sobre la esclavitud transatlántica

La resolución que obtuvo una votación de 123 votos a favor, 3 en contra (EE. UU., Israel y Argentina) y 52 abstenciones (en su mayoría de la Unión Europea), busca allanar el camino institucional para obtener disculpas públicas oficiales y la aplicación de justicia restaurativa para los pueblos que sufrieron este crimen histórico durante siglos, lo que nos obliga no solo a recordar, sino a actuar.

La resolución que se adoptó el mismo día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, no es vinculante y no crea leyes obligatorias, pero establece un precedente político global, reforzando la idea de que la esclavitud no es solo pasado, sino una deuda histórica aún abierta y que sus consecuencias no han sido debidamente reparadas.

La declaración de la ONU condena un sistema de explotación que se prolongó durante cuatro siglos y un régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua, lo que constituye una grosera violación del derecho internacional, que no prescribe, no pierde vigencia con el tiempo, por lo que puede ser perseguida sin limite temporal.

La iniciativa fue presentada por mas de 60 países, la mayoría Africanos, Latinoamericanos y Caribeños, quienes lograron que la mayoría de los países reunidos en la asamblea general de la ONU aprobaran contundentemente está condena contra la injusticia más inhumana y duradera contra millones de seres humanos, que fueron sometidos a abusos sistemáticos, profundos y deliberados, los que en múltiples casos se han transmitido de generación en generación.

El documento señala instrumentos legales que establecían la esclavitud perpetua de los africanos, como el código de esclavos de barbados de 1661 y el código negro francés de 1685, que definían jurídicamente a los africanos esclavizados como “bienes muebles”, asimismo el principio legal adoptado por Virginia (EU) en 1662 que establecía que la condición de esclavo se heredaba biológicamente a través de las madres africanas.

La resolución señala que ”la reproducción humana es un mecanismo de acumulación de capital que institucionalizó la jerarquía racial como principio rector del orden politico y económico internacional”. El texto subraya que la instauración de este sistema estructural y organizado no tenia “precedentes históricos” y sigue afectando la vida de millares de personas, “a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”.

El texto de la ONU reconoce el «carácter excepcionalmente generizado» de la trata de esclavos, que sometía sistemáticamente a las mujeres y niñas africanas a «violencia sexual, reproducción forzada, servidumbre doméstica y formas de explotación específicas por razón de género», denuncia además la aplicación del principio “lo que nace sigue al vientre”, como un mecanismo que vulneraba sus derechos reproductivos y las sometía «a la reproducción forzada para generar mano de obra esclava».

Las Naciones Unidas han producido un conjunto de instrumentos internacionales, con el fin de erradicar la esclavitud, como la Convención sobre la esclavitud adoptada por la sociedad de naciones precursora de NU, en 1926, que obligó a los estados a suprimir la trata de esclavos, en 1956 las NU adoptaron la convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, que buscaba eliminar formas modernas de este sistema de explotación humana.

Además, la declaración universal de los derechos humanos en 1948, el pacto internacional de derechos civiles y políticos en 1966 y otras resoluciones que establecen que la esclavitud es ilegal en todas sus formas, los estados tienen la obligación de prevenirla, sancionarla y erradicarla, planteando que la esclavitud moderna sigue siendo un problema global, que constituye una total negación de la dignidad humana.

Durante mas de tres siglos millones de africanos fueron abusados, mercantilizados y sometidos a un régimen de explotación brutal y criminal, que alimentó la acumulación originaria de capital en Europa y el desarrollo de economías coloniales en América, que se implementó mediante una política deliberada y una estructura organizada de poder global, que produjo sistemas de exclusión y desigualdad.

La aprobación de esta histórica resolución de las Naciones Unidas, que se produce en el contexto del segundo decenio internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y a pocos meses del centenario de la convención para la supresión de la trata de esclavos y la esclavitud de 1926, debe constituir un importante esfuerzo, para condenar la trata de personas, la esclavitud moderna y promover la protección de las victimas.

Esta resolución de la ONU que abre el debate global sobre este crimen de lesa humanidad debe dirigirse a un proceso de reparaciones históricas, compensación y justicia a los pueblos afectados, disculpas formales de los estados implicados y a tomar medidas contra el racismo sus efectos actuales y contra las desigualdades nacidas en la colonización, continuadas con la esclavitud moderna y el neocolonialismo.

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