Puerto Príncipe, 24 jun.- La Oficina de Abogados Internacionales de Haití denunció la inacción gubernamental ante la situación de los desplazados, obligados a huir de sus viviendas por la ola de violencia que persiste hoy.

Su titular, Mario Jospeh, criticó que a las autoridades aún no reubicaron a los refugiados de Martissant y Fontamara, comunas situadas en la entrada sur de la capital, 23 días después del comienzo de enfrentamientos armados entre bandas.

La inseguridad empujó a más de 10 mil personas, según cifras de organizaciones locales de derechos humanos, a refugiarse en casas de acogidas, iglesias o centros deportivos públicos.

Es una grave violación de los derechos humanos, dijo el abogado sobre la situación de miles de familias.

Cerca de mil 500 personas sobreviven desde hace tres semanas en el polideportivo de Carrefour, convertido en un nuevo campo de refugiados, donde magramente tienen acceso a dos platos diarios de alimentos y servicios mínimos como duchas y baños.

«Nuestra prioridad aquí es mantenernos dignos y limpios y encontrar algo para comer. No sabemos lo peor que nos depara la vida después de lo que pasó en nuestro barrio», dijo a la prensa Madeleine Charles, quien llegó al sitio junto a sus dos hijos menores el pasado 1 de junio.

Los choques entre pandillas provocaron la muerte de unas 50 personas, reveló recientemente el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, algunos de ellos desplazados que regresaron a sus viviendas para salvar las pocas pertenencias y terminaron atrapados en un fuego cruzado.

Además de la crítica situación de Martissant, la semana pasada las bandas atacaron varios negocios privados, sucursales bancarias e incendiaron un campamento de desplazados del terremoto de 2010, donde se asentaban unas 500 personas con discapacidad.

Varias decenas de estos últimos fueron reubicados en la escuela comunal de Petion Ville, en dos antiguas aulas convertidas en refugios improvisados y sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

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Puerto Príncipe, 24 jun.- René Sylvestre, presidente de la Corte de Casación de Haití, mayor instancia judicial del país, falleció por las complicaciones derivadas de la Covid-19, confirmaron fuentes oficiales.

Sylvestre permaneció ingresado varios días en el centro hospitalario de Mirebalais, al centro del país, y su diagnóstico era reservado por dificultades respiratorias graves.

De hecho, el fin de semana medios de prensa y usuarios de las redes sociales anunciaron su muerte, que luego fue desmentida por el Consejo Superior del Poder Judicial.

En un mensaje en Twitter el presidente Jovenel Moise lamentó la noticia y lo describió como un estadista y fiel servidor de la República.

Por su parte, Renald Luberice, secretario general del Consejo de Ministros, anunció que los miembros guardaron un minuto de silencio en memoria del eminente jurista «que se fue demasiado pronto».

La mayor instancia judicial del país vio reducida a la mitad el número de miembros en medio de los despidos del jefe de Estado a inicios de año y la falta de nombramientos de nuevos jueces.

Con la muerte de Sylvestre la Corte Suprema es esencialmente disfuncional, expresó Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

El juez practicó la abogacía por más de 25 años y se desempeñó como fiscal adjunto del Tribunal de Primera Instancia de Saint Marc hasta 2019, cuando juró como presidente de la Corte y del Consejo Superior del Poder Judicial.

La representación de Naciones Unidas en Haití calificó la muerte como una dolorosa pérdida para el país, mientras el presidente del Senado, Joseph Lambert, ofreció condolencias a los familiares.

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Puerto Príncipe, 24 jun.- El gobierno de Haití amenazó con sancionar a los vendedores irregulares de combustible, un mercado que se expande hoy ante la crisis del rubro derivada de la ola de violencia.

El Ministerio de Comercio e Industria advirtió que la especulación ilícita de gasolina y diesel es penada por el Código de Ley vigente y una circular de la propia entidad fechada en enero de este año.

Desde hace varias semanas, en medio de la violenta guerra entre pandillas que limitó el acceso a la entrada sur de la capital, la distribución de combustible prácticamente se paralizó en Puerto Príncipe y sus alrededores, lo que multiplicó los precios de la transportación y comienza a afectar el costo de la canasta básica.

El Gobierno se desentendió de la nueva crisis de los productos petroleros y culpó a las empresas distribuidoras por la falta de carburantes en los surtidores.

Estas últimas se defendieron criticando el auge de la inseguridad, los enfrentamientos entre bandas armadas y el bloqueo de las rutas nacionales que llevan a las terminales petroleras.

Mientras tanto, en las calles la imagen de las estaciones de combustible cerradas contrasta con un nutrido grupo de vendedores ambulantes de gasolina, con precios que triplican el oficial, al tiempo que los surtidores aún abastecidos exhiben aglomeraciones.

En esta semana comenzó una tímida distribución en las bombas de gas, mientras ceden los enfrentamientos entre las pandillas de Martissant, que empujaron a más de 10 mil personas a abandonar sus hogares.

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