¿Pasa por la cabeza de alguien considerar atinado que el presidente Luis Abinader haya impuesto una Junta Central Electoral sin consenso con los partidos políticos, cuyos procesos internos esa entidad ha de arbitrar además de organizar  elecciones municipales, congresuales y presidenciales que deben resultar confiables para todos?

¿Es al presidente de turno y a las fuerzas que él decida privilegiar a las únicos que les corresponde estar satisfechos con el arbitraje electoral? ¿Es democrático que se escoja una JCE expresamente adversa al principal partido opositor?

Eso no fue lo que ocurrió cuando se escogió la Junta Central Electoral saliente. Su presidente Julio César Castaños Guzmán fue producto de un consenso entre todas las fuerzas políticas, y los miembros que le acompañan fueron seleccionados de manera equilibrada, de modo que nadie pudo alegar que se inclinaban hacia una fuerza específica, o que habían desarrollado rivalidades que afectaran su imparcialidad.

El presidente Abinader había pregonado que propiciaría una Junta Central Electoral independiente, pero la que impuso, arrodillando a la propia mayoría senatorial de su partido, que tenía otras preferencias, de lo único que es independiente es del Partido de la Liberación Dominicana.

Se entendía que uno de los mayores avances de los procesos electorales dominicanos, fueron las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, que debieron regir los últimos procesos electorales, controlando el tranfuguismo, fortaleciendo la democracia interna de los partidos y llevando mayor transparencia a los financiamientos, pero desde el Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez se encargó de que la aplicación de esas disposiciones no tuvieran ningún efecto, para favorecer al doctor Leonel Fernández y a  seguidores que no podían ser candidatos de otros partidos después de haber participado en las primarias del PLD.

Es el favor que ahora se le devuelve al designarlo presidente de la Junta Central Electoral que también tiene pendiente  decidir si con un 4.5% de los votos, Fuerza del Pueblo puede ser declarado partido mayoritario, lo que le conferiría ingresos económicos similares a los que recibirán el PRM y el PLD. Es el mismo compromiso que propició otras escogencias, amén de las posiciones contrarias al PLD que se les conocen a la mayoría.

Lo del pacto que parió la nueva JCE es tan evidente, que en su columna AM, la directora del Diario Libre formula estas preguntas:

“¿Es la Fuerza del Pueblo el acompañante que necesita el PRM? ¿Es más “independiente” Jáquez que Olivares? ¿Cuál es el precio? En un año como el que se avecina, las alianzas van a cobrarse caras y la Fuerza del Pueblo no parece tener muchos escrúpulos ni remilgos a la hora de pedir”.

También lo alude Eddy Olivares: “Me preocupa como dirigente y ciudadano, que rodara por el suelo, a causa de un incorrecto compromiso, la promesa del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática”. 

Y, el PLD, afirma: “Estamos ante un gobierno atrapado en un pacto con una minoría que quiere ganar con demandas desproporcionadas lo que el pueblo le negó en las urnas”

Para imponer a Jáquez se hizo necesario impedir que a Eddy Olivares se le colocara en la terna llevada al pleno senatorial, y como aún era posible que el pleno no se atara al  informe de la Comisión y lo incluyera, el presidente Abinader hizo comparecer ante él a los senadores del PRM, para reiterar su objeción a Olivares.

JPM

La separación de los poderes constituye uno de los principios fundamentales de la democracia, que como sostiene Steven L. Taylor, en sus ‘50 Teorías Políticas Apasionantes y Significativas’, “es un modelo de distribución del poder gubernamental que pone las funciones legislativas (creación de leyes), ejecutiva (implementación de leyes) y judicial (aplicación de leyes) en distintas manos”.

A propósito de la separación de las funciones R. Carré de Malberg, recuerda en su reconocida Teoría general del Estado, que en los tiempos modernos, Locke, que parece haber sido el primero en advertir la utilidad de una separación de poderes, en su Traité du gouvernamentcivil, escrito inmediatamente después de la Revolución de 1668, distingue cuatro potestades: el poder legislativo, que presenta como el poder preponderante; el poder ejecutivo, que queda subordinado el legislativo; y además, el poder federativo, o facultad de dirigir las relaciones con el extranjero, y la prerrogativa, que es el conjunto de los poderes discrecionales conservados todavía en aquella época por el monarca inglés.

Sin embargo, fue Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, quien en su celebrada obra El espíritu de las leyes, halló la verdadera fórmula de la teoría moderna de la separación de poderes.

En ese sentido, Montesquieu ideó el mecanismo de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el propósito de detener cualquier abuso de poder, advirtiendo que “todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo ejerciera esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar y el de juzgar”.

Tuvo mucha razón Montesquieu, al advertir el peligro de concentrar todos los poderes en manos de un solo hombre o institución.  Un desafortunado ejemplo de lo anterior lo ha sido desde su fundación la República Dominicana.

Sin lugar a dudas, el modelo ultra presidencialista dominicano, acompañado de la cultura del jefismo, implantada por las dictaduras que gobernaron durante los siglos XIX y XX, han sido los principales motivos por los cuales el poder ejecutivo ha violado el principio de separación de poderes, como lo acaba de hacer el nuevo presidente, Luis Abinader, al disponer la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, que es una competencia exclusiva del Senado de la República.

Otra causa que motiva el sometimiento del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo es el interés de los legisladores, principalmente los oficialistas, de canalizar con fines electorales las obras que realiza el gobierno en las distintas demarcaciones.

Igual de nefasta es la vulneración de la separación de poderes provocada por la imposición de la aprobación de iniciativas legislativas del Ejecutivo en razón de la obediencia ciega a los lineamientos partidarios.  Se recuerda como un ejemplo de esto la admisión de algunos legisladores de la aprobación, sin haberles dado lectura, de leyes, contratos y préstamos lesivos al interés nacional.

Estos malos comportamientos son verdaderas traiciones a la confianza de los representados, los cuales no pueden ser justificados, en razón de que el artículo 77 de la Constitución de la República dispone, en su numeral 4, lo siguiente: “Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuenta”.

ej.olivares@hotmail.com

JPM

En 1469 se unieron en matrimonio Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, más adelante conocidos como los Reyes Católicos. Ese mismo año comenzó a gobernar la República de Florencia, Lorenzo de médici, figura señera del Renacimiento italiano, mecenas  de las artes, banquero, poeta, diplomático y filósofo. Su gestión concluyó al morir en 1492, año  en que Fernando e Isabel conquistaron a Granada, terminando la presencia árabe de 8 siglos en la península ibérica.

Mientras Lorenzo “El Magnífico” patrocinaba a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci, Fernando e Isabel guerrearon 10 años  recuperando  territorios y defendiendo su fe. Colón, católico italiano, hombre del renacimiento, era navegante emprendedor, no guerrero, y se dedicó a procurar recursos para timonear hacia el Oeste teniendo la India como destino final. En 1484-1485 presentó su proyecto sobre “la empresa de Indias” a Juan II, rey de Portugal, quien no lo aprobó porque sus propósitos geo-políticos estratégicos se concentraban en África y la navegación hacia el Este.

Ante esa negativa Colón viajó  a Castilla y encargó a su hermano Bartolomé que fuera a Inglaterra a ofrecer su proyecto. Allá pasó varios años y  hasta se reunió con Enrique VII, pero ese rey rechazó la oferta. Luego viajó  a Francia y fue recibido por Carlos VII, “El Victorioso”, quien tampoco aceptó la propuesta.

En 1485 Colón llegó al Monasterio de la Rábida y conoció a Fray Juan Pérez, quien a su vez lo presentó al astrólogo Fray Antonio de Marchena. Ambos lo remitieron al más rico de Andalucía, Enrique de Guzmán que   al estar solo interesado en comerciar sin riesgos lo refirió al duque de Medinaceli que, considerando que la empresa superaba sus recursos,a su vez le recomendó acudir a los Reyes Católicos. En 1486 ellos tenían su atención concentrada en la guerra contra los moros, pero quedaron positivamente impresionados con la oferta de Colón y encomendaron a Fray Hernando de Talavera organizar una junta científica que se reunió en Salamanca y en Córdoba. Ese cónclave rechazó la empresa, considerando que Colón estaba errado al  plantear que el Atlántico era muy estrecho.

En 1491 Colón regresó a la Rábida y Fray Juan Pérez confesor de Isabel le envió una carta que fue contestada pocos días después ordenando al religioso que viajara al campamento de Santa Fe, donde los reyes estaban dirigiendo la guerra. El fraile logró que la reina recibiera nuevamente a Colón y fuera otra vez  evaluado por expertos. Hubo rechazo, no por criterios cosmográficos sino por los exagerados beneficios que Colón exigía para sí. Sin embargo, meses después, en enero 1492, poco antes de la rendición de Granada Luis de Santángel, judío converso, “escribano de ración”, acaudalado comerciante encargado de prestarle dinero al Rey, se convenció de la validez de la empresa y logró que los reyes volvieran a escuchar a Colón. Además, indicó que él prestaría a la corona el dinero que era necesario aportar para el viaje financiando 1,140,000 maravedíes de su propia fortuna, sin interés. También proveyó otras sumas. Colón recabó 500,000 maravedíes en base a préstamos de amigos y protectores. Santángel fue clave, pues  podría haber considerado que, en nuevas tierras, sus ex correligionarios judíos podrían vivir sin ser perseguidos

En abril de 1492 los Reyes Católicos y Colón firmaron en Santa Fe, de la Vega de Granada las históricas “Capitulaciones de Santa Fe” una “Alianza Público Privada” que aportó los fondos para el Descubrimiento de América y que le reconoció a Colón múltiples derechos en las “islas y tierras firmes” que él descubriría incluyendo la décima parte de todas las “mercaderías, perlas, piedras preciosas, oro, plata, especierías y todas las otras cosas” que  en los territorios descubiertos se “trocasen, compraren, fallaren,ganaren o hubieren…” “…quitadas las costas todas que se hicieren en ello…”. También daba a Colón la opción de aportar la octava parte de la inversión y recibir beneficios de otras navegaciones. Además “vuestras altezas hacen  desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante…” y “.. su visorrey y gobernador general en todas las dichas tierras firmes e islas que como dicho es, él descubriere o ganare en las dichas mares”. 

Colón ofreció su “empresa” a distintos monarcas desde 1484 y 8 años después negoció amplios beneficios, pues en las Capitulaciones se sugiere que hubo un “pre-descubrimiento”: “Las cosas suplicadas y que vuestras altezas dan y otorgan a Colón, en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en los mares Oceánicos… y del viaje que ahora …” “… ha de hacer por ellos…”.  Lo que Colón ofreció encaja en el Art. 4, numeral 16 de la Ley 434-20; “Se considera iniciativa toda propuesta formal de agentes privados o públicos…” “…para satisfacer una necesidad pública o privada mediante una APP”. 

Colón, en sí mismo, queda enmarcado en el Art. 4 numeral 20 como “Originador Privado” que “es el agente privado que inicia el proceso de APP…”.Se han denunciado incumplimientos y beneficios excesivos del sector privado en las APP de muchas partes, pero fue el sector público, los Reyes Católicos, quienes maltrataron a Colón  y él se quejó en mil formas. A Santángel  los reyes lo premiaron  concediéndole el “estatuto de sangre” para que ni él ni sus descendientes pudieran ser perseguidos por el  Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

JPM