El territorio que desde el 1844 integra la República Dominicana fue objeto, siglos atrás, de múltiples acciones de piratas que tenían como centro de operaciones el mar Caribe y una parte considerable del océano Atlántico. 

Los ataques se producían en sus costas, o en su cercanía, y no pocas veces en la misma tierra. Los asaltantes marítimos sabían que desde aquí se exportaban variados productos, con un valor altísimo. 

Alonso de Fuenmayor, un personaje que no sólo fue gobernador de la Capitanía General de Santo Domingo, a partir del 1535, sino que antes y concomitantemente con dicho cargo fue presidente del tribunal llamado Real Audiencia, (luego le agregó a su alforja burocrática el cargo de obispo) dispuso la creación de cuerpos armados, tanto de infantería como de caballería, para enfrentar las incursiones que en distintos puntos de la isla La Española hacían con frecuencia piratas, especialmente corsarios.  

Es oportuno señalar, como ejemplo de la inseguridad que había en las aguas marinas de estos contornos, que a mediados del año 1540 un barco español que partió de la ciudad de Santo Domingo con destino a la Metrópoli, cargado de  pieles de vacunos, azúcar de caña y otros productos, fue violentamente abordado y robado por corsarios ingleses que lo acorralaron con varios bajeles de guerra. 

Amurallamiento para enfrentar piratas 

Los hechos de depredación de los piratas, filibusteros y corsarios fueron la causa eficiente para que las autoridades españolas decidieran la construcción de murallas y fortificaciones en varias ciudades de La Española, y en otros lugares portuarios del llamado Caribe español, tanto el insular como el continental. 

Vinculado con lo anterior el historiador Gustavo Mejía Ricart señala, en el volumen 5 de su obra Historia de Santo Domingo, que: “La Real Audiencia de Santo Domingo resolvió enviar a la metrópoli, como Procurador de la isla, a Álvaro Caballero, con fecha 22 de mayo de 1540, con el fin de obtener no sólo que fuera guarnecida Santo Domingo como plaza de armas, amurallándose, y haciéndose atalaya contra corsarios y piratas, sino que se pidiera también que se hiciera perpetua la merced de las alcabalas concedidas de manera temporal…”1 

El amurallamiento de la ciudad de Santo Domingo se decidió en el 1541, en los salones reales de España. Esa decisión se afincaba en un doble propósito: económico y militar.  

Homosexualismo y piratería 

Tan arraigada estaba la práctica del homosexualismo entre muchos filibusteros y bucaneros que llegaron a crear entre ellos vínculos crematísticos para ejecutarse cuando se presentara la inevitable muerte, sobrepasando así la simple atracción sexual entre sujetos del mismo sexo. 

Fueron los piratas, en sus diversos subgrupos, los que establecieron en el siglo XVI el llamado “matelotage”, palabreja con la cual se explicaba una suerte de código de voluntad recíproca entre las parejas de homosexuales. 

A la muerte de uno de ellos el sobreviviente se quedaba con todos los bienes que tuvieran. Así impedían que la esposa e hijos del fallecido pudieran  recibir lo que en derecho se denominan bienes relictos.  

Patente de corso 

La patente de corso fue una institución anómala de los países que en los siglos XVI y XVII tenían el dominio de gran parte del mundo. Tenía viso legal, pero en la realidad era un mandato para el fomento de negocios inescrupulosos y sobre todo para permitir asaltos sangrientos que beneficiaban a casas reales, comerciantes, ministros, consejeros, burócratas y bandoleros.  

Los permisos con sellos oficiales englobados en la patente de corso, otorgados a particulares inclinados por la codicia y la malicia, sirvieron para cometer acciones abominables en muchos lugares del mundo. En las Antillas los corsarios fueron devastadores. 

Con el uso de los corsarios para que azotaran mares, costas y pueblos ribereños las potencias que desde Europa sostenían la hegemonía del mundo ejercieron al máximo la deleznable práctica de la doble moral. Los bandoleros marítimos que pertenecían a determinado país no eran objeto de ninguna sanción allí de donde procedían, sin importar el quantum que representaran sus fechorías.  

Para los contrarios que eran capturados el destino era la horca o cualquier otro tipo de muerte, sin ningún juicio de por medio. 

Un caso famoso, que permite poner en perspectiva lo anterior, es que con motivo de la guerra que libraron los reyes Carlos V de España y Francisco I de Francia el corsario francés Jean de Fleury fue capturado por marineros vascos que lo condujeron ante el rey. Dicho monarca ordenó que lo ahorcaran de inmediato en el extrarradio de la ciudad de Toledo. 

Al tratar el tema de la esclavitud en su obra titulada La Trata de Esclavos, el historiador y académico inglés Hugh Thomas hace un excelente repaso por el mundo de la piratería.  

Dicho autor demuestra las diferentes maneras en que se disfrazaban operaciones típicas de piratería, especialmente en su aspecto corsario, con autorizaciones cubiertas con un pesado manto de aparentes negocios considerados como lícitos como lícitos y normales ( en el siglo XVII) para sus beneficiarios directos. 

Una prueba de lo anterior, con un blindaje total para acciones de pura y dura piratería, lo fue el edicto emitido el día 27 de septiembre de 1672 por el rey Carlos II de Inglaterra y Escocia, de la estirpe de los Estuardo. 

Dicha disposición decía en parte así:“Concedemos por nos, nuestros herederos y sucesores a la citada Real Compañía Africana de Inglaterra…que será legal…hacerse a la mar con cuanto navíos, pinazas y barcos consideren necesarios…para la compra, la venta y el trueque e intercambio por o con oro, plata, negros, esclavos, mercancías y manufacturas…”2  

                         Impacto de la piratería en La Española 

El pensador dominicano Emilio Cordero Michel, al analizar en su ensayo titulado La economía colonial de La Española el modo de producción colonial y las Devastaciones de Osorio de 1605-1606, entre otros temas, lanza su vista atrás y de alguna manera conecta sus apreciaciones con los hechos de terror y saqueo que cometió contra la ciudad de Santo Domingo uno de los más terribles corsarios ingleses. 

En libre interpretación de los juicios del referido historiador y experto en geografía económica se deduce que la piratería, en su versión corsaria, fue parte de los componentes para que comenzara el declive económico que tuvo antes de finalizar el siglo XVI la que había sido la más floreciente colonia del imperio de España en el llamado Nuevo Continente. 

Así se expresa Cordero Michel: “Las calamidades de la colonia, tanto naturales como económicas, determinaron que después de la invasión de Drake, en 1586, la producción agrícola, y fundamentalmente la azucarera, decayera en grado sumo…”3  

                          Un curioso seguro para piratas 

Una información con ribetes de curiosidad en la manchada historia de los filibusteros que se movían en el Caribe, con incremento de sus acciones en el siglo XVII, es que sus dirigentes crearon una especie de entramado social, con rango de ley entre ellos, para asegurar su futuro con compensaciones económicas en casos de percances, los cuales detallaron de manera minuciosa.  

Esa suerte de reglamento disponía que si un pirata perdía una oreja recibía 100 escudos; por una pierna 200 escudos; si eran las dos piernas 600 escudos; por un ojo se le indemnizaba con 100 escudos; si perdía los dos ojos el pago era de 600 escudos; por la pérdida de la mano derecha obtenía 200 escudos; si se le inutilizaban ambas manos o brazos 600 escudos; y así enumeraban otras mutilaciones o motivos de salud invalidantes. 

Los bucaneros 

La opinión mayoritaria de los especialistas en el estudio de la piratería es que los bucaneros eran unos piratas que por diferentes motivos habían sufrido una degradación en sus sórdidas labores. 

Un ejemplo de lo anterior lo señala sin ninguna anfibología el historiógrafo y cuentista dominicano Sócrates Nolasco cuando al referirse al cambio de piratas a corsarios (pasando de ser dueños exclusivos del resultado de sus pillajes a subordinados a una autoridad imperial) concluye que se fueron degradando “hasta descender al miserable bucanero, sarna de Santo Domingo.”4  

Un apretado resumen de las diversas opiniones sobre la figura de los bucaneros, en el complejo y amplio marco de la piratería, permite decir que el fuego rústico de la leña formaba parte principal de sus labores cotidianas; que  generalmente salían de sus escondrijos usando desvencijados sombreros cuyas estructuras no cubría ni rostro ni orejas, vestían con pantalones descosidos y mugrientos; como instrumentos de trabajo utilizaban cuchillos y lanzas.  

Francis Drake 

  En los libros de historia de Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña y ahora el Reino Unido a Francis Drake lo califican como un héroe. En vida a este personaje lo colmaron de privilegios y le otorgaron un lugar de inmerecida  preeminencia, si se toman en cuenta sus hechos. 

La verdad monda y lironda fue que ese depredador cometió una larga serie de asaltos y saqueos en nombre del poderoso imperio al cual servía. En el 1581 la reina Isabel I le otorgó el título de Sir (caballero), que era y es un trato de elevada dignidad. Un baldón para la dignidad de la humanidad. 

En el Caribe oriental (frente a Tórtola y otras islas cercanas) hay un ancho canal marino llamado Francis Drake. Un inapropiado homenaje a ese funesto personaje. 

Para escarnio del rey español Felipe II uno de los saqueos más notorios de Francis Drake fue el que hizo en el 1585 en la isla Santiago, la mayor del archipiélago de Cabo Verde, en el noroeste de África. 

De ese lejano lugar vino Drake moviéndose por el Atlántico hasta la ciudad de Santo Domingo. Allí llegó, con su indigna fama, en clave de ladrón, el 10 de enero de 1586. Crónicas añejas recogen que su convoy fue avistado por los habitantes de esa vetusta ciudad a las 9 de la mañana de dicho día. Durante casi un mes cometió muchos crímenes, robos y atropellos de todo tipo. 

Francis Drake hizo maniobras de engaños con 18 naves que  se desplegaron en formación desde el lugar conocido como punta Torrecilla, cubriendo el litoral caribeño de la entonces capital colonial. 

En las horas siguientes una bala de cañón mató al rico hacendado, comerciante y escribano español Francisco de Tostado. Los principales funcionarios huyeron de la ciudad. El gobernador Cristóbal de Ovalle (1583-1590)  fue invadido por el miedo y no hizo ningún gesto para enfrentar al corsario invasor.  

Drake convirtió en su residencia temporal la catedral Santa María la Menor, cuyo altar de oro y plata lo desmanteló como parte de su botín. Dos sacerdotes dominicos pagaron con su vida por protestar ante tal afrenta. 

Quemó documentos que recogían gran parte de la historia de la isla de Santo Domingo. 

No dejó nada de vitualla en los almacenes portuarios, cargando con las últimas onzas de casabe, jengibre, azúcar, harina de guáyiga, sal, cueros y otros productos de consumo cotidiano para la población de entonces. 

Ese Francis Drake fue el ladrón que sustrajo el original de la Bula In Apostolatus Culmine, emitida el 28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo III para crear la Universidad de Santo Domingo, la primada de América.  

Al cabo de varias semanas de expolio Drake exigió una generosa recompensa en dinero y prendas para abandonar la ciudad. 

En la visión resumida del historiador José Gabriel García, en su compendio de la historia de Santo Domingo, para que el monstruo Francis Drake se fuera de aquí fue necesario hacer un acuerdo con él, mediante el cual: 

“…los vecinos se comprometieron a darle  veinte y cinco mil ducados, que equivalían a treinta mil pesos, suma muy superior a los recursos del tiempo que completaron el bello sexo despojándose de sus prendas y los padres de familia quitándoles de la boca el pan a sus hijos…”5 

Bibliografía: 

1-Historia de Santo Domingo. Volumen 5. Re-impreso por Editora Pol Hermanos, 2015. P82. Gustavo Mejía Ricart. 

2-La Trata de Esclavos. Editorial Planeta,1998.P194.Hugh Thomas. 

3-Obras Escogidas.Ensayos I. AGN.Editora Corripio, 2015.P123. Emilio Cordero Michel. 

4-Obras Completas. Ensayos históricos.Editora Corripio, 1994.P498. Sócrates Nolasco.   

5-José Gabriel García. Obras Completas.Volumen I. Impresora Amigo del Hogar,2016.P128. 

JPM

Los detentadores del poder del Estado han sido los verdaderos protagonistas de las reformas constitucionales dominicanas, puesto que no sólo han operado casi siempre como los autores de las iniciativas en ese sentido, sino que también han impuesto las condiciones y las direcciones de los cambios. En otras palabras: nuestras reformas se han ideado y construido fundamentalmente al margen de las bases de la sociedad. 

Ciertamente, cada vez que en el país se ha planteado o realizado una reforma constitucional, muy poca gente fuera de los líderes y los dirigentes de los partidos políticos ha desempeñado algún rol de importancia en las mismas, primero porque durante más de un siglo aquellos fueron los únicos depositarios y operarios del poder y, luego, porque los grupos de presión (económicos, sociales o de otra naturaleza) que ejercían alguna influencia terminaban plegándose a los intereses banderizos. 

Aún en el primer caso que conocimos de intervención empresarial directa en las pujas por el poder y el control de los “negocios” públicos, el de los pronunciamientos de comerciantes, terratenientes e industriales contra la administración del profesor Juan Bosch, se trataba de una reacción como sector económico subordinado a intereses políticos determinados, en este caso los de la Unión Cívica Nacional (UCN), los grupos políticos de derecha que adversaban al entonces líder del PRD, la iglesia Católica y la embajada de los Estados Unidos.  

No obstante esa virtual subordinación de los grupos económicos a los operarios de la política, era innegable la existencia de intereses materiales y apuestas ideológicas en choque: los remanentes de la oligarquía de los apellidos (económicamente debilitada por la dictadura de Trujillo) y los estamentos de una minúscula clase media civil y militar que habían alcanzado preeminencia social y económica al amparo de antiguo régimen o tras su superación, promovían un tipo de Estado y de sociedad de caracteres elitistas y, debido a ello, resultaban encarados por los sectores juveniles e intelectuales que, desde distintas aceras doctrinarias, postulaban nuevas formas de organización societal. Más o menos eso era lo que subyacía en los enfrentamientos entre la UCN y aliados, por un lado, y el PRD y la izquierda (sin ignorar que entre estos últimos también existían diferencias, porque el primero era reformista y la segunda revolucionaria).             

Por supuesto, hay que recordar que la economía dominicana nunca ha sido de total o considerable preeminencia privada (como ha acontecido en otras latitudes en el contexto del desarrollo del capitalismo del centro y de la periferia), pues el Estado siempre ha jugado un rol de intervención y tributación de mercedes y privilegios que lo ha convertido en una omnipresente maquinaria  paternalista, y a la que, por cierto, se han acomodado bastante los empresarios dominicanos: pocos de éstos han ensanchado sus actividades al margen de tales “estímulos”. 

Más aún: está documentado que las grandes fortunas privadas dominicanas han tenido sus raíces en la colusión político-empresarial: unas como resultado de la defraudación del erario, otras por la alianza con gobernantes civiles y jefes militares, y los más haciendo “inversiones” en campañas bélicas o políticas que, después, les resultan retornadas con creces a través del otorgamiento de licencias o contrataciones de compra de bienes y servicios. Por lo menos desde la segunda administración constitucional de Pedro Santana hasta nuestros días el fenómeno ha sido ostensible.     

Esa situación ha configurado entre nosotros un sector económico privado que si bien ha crecido y se ha diversificado exponencialmente, obteniendo beneficios enormes con base en la referida apoyatura estatal y contribuyendo bastante al crecimiento económico nacional, de algún modo ha quedado sujeto a las amarras del poder político, y aunque por veces ha parecido asumir posturas críticas frente a éste, sobre todo cuando sus intereses han sido afectados por alguna decisión gubernamental, en definitiva ha sido incapaz de asumir su rol social con autonomía, esto es, sin depender o estar claramente condicionado por aquel. 

Y es que, con algunas excepciones, en la República Dominicana la alianza entre políticos y empresarios que es propia de las sociedades capitalistas o cuya economía pretende ser de mercado, se expresa con preeminencia de los primeros cuando se trata de definir los elementos de organización del Estado: en general, los políticos actúan como jefes de los empresarios, aunque se sabe desde antaño que en última instancia no es así, y estos últimos parecen aceptarlo de buen grado. En este sesgo es obvio que tenemos cierta distancia con el devenir socio-histórico de otras naciones.  

Los sectores religiosos, en cambio, han lucido siempre más interesados en el tema señalado, y sus integrantes han tenido una participación destacada en los debates: las protestas de la Iglesia católica ante algunos aspectos de la Constitución de 1844, el activismo conocido de sacerdotes y religiosos como Meriño, Billini o Morales Languasco, la beligerancia religiosa frente a Trujillo y Bosch, y la notable presencia que en las últimas décadas tuvieron figuras como el arzobispo Polanco Brito, monseñor Núñez Collado y el cardenal López Rodríguez, entre otros. 

La Iglesia católica, como se sabe, ha sido casi siempre parte del bloque de poder a todo lo largo de la historia dominicana, y si no se puede afirmar que ha tenido una postura claramente identificable respecto al tema de los cambios en el régimen constitucional, si se puede asegurar que ha hecho escuchar su voz cada vez que en el país ha habido debates sobre cambios sustantivos en una dirección ideológica clara: la defensa de los valores y los intereses de la religión y de los puntos de vista más conservadores.  

En los casos de las reformas de los años 2010 y 2015, y en los debates constitucionales de 2011 y 2012, los representantes del catolicismo tuvieron una notable presencia, si bien con ciertas novedades: mientras la cúpula se mostraba avecinada al poder político de turno, los sacerdotes de la base y muchos feligreses asumían posturas críticas frente a este último, y sus criterios parecían más coincidentes con los de los sectores opositores. No era un fenómeno general nuevo (las discrepancias entre la cúpula y la base del catolicismo datan de decenios), pero sí lo era en lo atinente a las controversias sobre las reformas del texto magno.               

Por el otro lado, sobre todo en los últimos tiempos hemos sido testigos de la creciente participación en los debates políticos y constitucionales de los grupos religiosos que se adscriben al protestantismo y a otras denominaciones no católicas, más conocidos entre nosotros como “evangélicos” o con otros nombres: éstos no sólo han logrado crearse un gran espacio en la opinión pública, sino que ya tiene cierta influencia en la actividad política y una buena presencia en los órganos o poderes del Estado.        

En cuanto a las llamadas organizaciones de la sociedad civil, su rol ha sido mas abierto y beligerante sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la caída del muro de Berlín y el debilitamiento de las opciones políticas de la izquierda marxista o socialista: en cierta medida pasaron a ser las herederas de la tradición militante y crítica de esa izquierda, pero desempeñando su rol desde una perspectiva de aclimatación democrática y relación directa o indirecta con grupos y Estados extranjeros, siendo así en los hechos entidades conscientemente funcionales al sistema. 

En tal sentido, esas organizaciones, a diferencia de los empresarios y los grupos religiosos, evitan la vinculación institucional con los partidos y el poder político, se constituyen en críticos de éstos y, sin encarnar ninguna alternativa electoral viable, formulan cuestionamientos y propuestas cuyo norte no es la superación del modelo vigente sino su mejoramiento. Por eso, en procesos de consolidación del sistema como las reformas constitucionales son muy activas, y promueven opciones de cambio radical cuya base doctrinaria está más cercana a las ideas matrices de las grandes democracias occidentales que a los puntos de vista radicales de los sectores de izquierda social que gobiernan en algunos países de América Latina.            

En el fondo, los cambios en el régimen constitucional de nuestro país no han respondido a un consenso originado en la base ciudadana (casos Bolivia o ahora Chile), ni a un enfoque ideológico determinado (casos Cuba, Nicaragua o Venezuela) ni a una concepción específica del Estado (casos de las tradicionales democracias occidentales): han sido impuestos por sectores políticos coyunturalmente dominantes (en virtud del control que ejercen en los poderes públicos) que, aunque muchas veces cuestionados por instancias de la sociedad civil, han encontrado respaldo, por comisión o por omisión, en los restantes miembros del bloque de poder: los partidos aliados, los empresarios, la intelectualidad “orgánica”, la Iglesia católica y la prensa cooptada.   

lrdecampsr@hotmail.com 

JPM