LA HABANA 6 Abr.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha reunido este lunes con dos congresistas estadounidenses, a quienes les ha trasladado el «daño criminal» que está ocasionado la asfixia energética impuesta por la Administración de Donald Trump, cuya campaña contra la isla se ha intensificado en las últimas semanas.

Díaz Canel se ha visto con los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson, a quienes también le has trasladado la voluntad del Gobierno de Cuba «para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes».

«Al recibir a los congresistas estadounidenses Jayapal y Jackson denuncié el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de Estados Unidos y sus amenazas de acciones aun más agresivas», ha escrito en sus redes sociales.

Por su parte, Jayapal y Jackson, miembros de la Cámara de Representantes por los estados de Washington e Illinois, respectivamente, han emitido una declaración en la que se han hecho eco de algunas de las graves consecuencias humanitarias que está teniendo este «cruel castigo colectivo» aplicado por la Administración Trump.

La decisión de Trump de impedir la entrada de petróleo a la isla durante estos tres últimos meses está afectando al sistema sanitario y educativo de la isla, así como al suministro de agua potable.

«Hemos sido testigos de primera mano de cómo bebés prematuros en incubadoras se enfrentan a tremendo riesgos porque (…) no pueden funcionar sin electricidad», han alertado. «No creemos que la mayoría de los estadounidenses quiera que este tipo de crueldad e inhumanidad continúe en nuestro nombre», han expuesto.

«Esto tiene que acabar ya», ha instado ambos congresistas en un texto, en el que destacan las muestras de apertura de las autoridades cubanas, con la reciente liberación de 2.000 presos y la liberalización de su economías «con significativas reformas», como la llegada de inversión de cubanos que residen en Estados Unidos.

Asimismo, también ha destacado la invitación de La Habana al FBI para colaborar en la investigación independiente sobre el ataque que se produjo a principios de mes desde una embarcación estadounidense frente a las costas de la isla, que dejó cinco detenidos y a los otros cinco tripulantes muertos.

Los congresistas han cuestionado la «obsoleta política de la Guerra Fría» de Trump y han defendido que Washington y La Habana «entablen de manera inmediata» un diálogo que «garantice la dignidad y la libertad del pueblo cubano», reseñando «los enormes beneficios» que una nueva colaboración puede tener para ambos países.

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MEXICO 6 Abr.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a rechazar este lunes el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas presentado la semana pasada, alegando que Naciones Unidas no tuvo en cuenta una serie de documentos enviados por el Ejecutivo mexicano en sus conclusiones.

«Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al Comité (de la ONU contra la Desaparición Forzada) diciéndoles todo lo nuevo que se está trabajando, (…) los cambios en la legislación (…) varios temas (que) no fueron considerados por esta comisión», ha explicado en rueda de prensa, indicando que «por eso se rechazó el documento» difundido el pasado jueves.

Sheinbaum se ha mostrado crítica con los resultados del informe al considerar que «extrapolan» los casos de cuatro estados –Veracruz, Jalisco, Nayarit y Coahuila– de un total de 31 que tiene el país entre los años 2009 y 2017. «Hay una extrapolación hasta el 2025», ha agregado al respecto.

La mandataria ha anunciado que el Gobierno mexicano enviará al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, «su informe» sobre las desapariciones forzadas «para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones» no están «de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité».

Las autoridades mexicanas ya rechazaron la semana pasada el informe, tachándolo de «tendencioso», afeando que el documento «omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo», citando la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la obligación de abrir una carpeta de investigación ante el primer reporte, o el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.

Según determinó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, existen «indicios fundados» de que en México «se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad», al calor de los «ataques generalizados o sistemáticos» perpetrados contra la población civil en diversos puntos del país.

El comité, que ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, elevar a la Asamblea General el caso de las desapariciones en México de cara a identificar medidas de apoyo al Ejecutivo para prevenirlas y erradicarlas, ha indicado que se han encontrado «más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados».

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