Hay quien afirma que el periodismo ya murió. Para otros, simplemente está en crisis. Del muerto se dice que “con tierra tiene”. Pero si asumimos que solo está en crisis, la pregunta retadora es: ¿qué futuro le estamos construyendo al periodismo?

El periodista español Teodoro León Gross agitó el debate con su libro La muerte del periodismo. No es el primero en anunciar finales simbólicos: Friedrich Nietzsche habló de la muerte de Dios; Roland Barthes, de la muerte del autor; Francis Fukuyama, del fin de la historia. Pero lo que está en juego ahora es, sencillamente, un componente clave de la democracia.

León Gross sostiene que el periodismo ha pasado de ser “cuarto poder” a un actor secundario. Antes vigilaba al poder; hoy muchas veces lo acompaña. Antes ayudaba a entender la realidad; hoy compite por atención en un entorno saturado. Este proceso, que él describe como una “mediamorfosis”, no es solo un cambio tecnológico, sino una transformación profunda que afecta el papel social del periodismo.

Durante décadas, el periodismo se sostuvo sobre un equilibrio clave: era un servicio público que llegó a funcionar muy bien como negocio, sin perder su esencia como soporte democrático. Pero ese modelo se ha debilitado. La publicidad, que financiaba la independencia editorial, migró hacia plataformas digitales, dejando a muchos medios en condiciones precarias. Sin recursos, investigar se vuelve más difícil y la independencia se resiente.

A esto se suma la lógica de la economía de la atención. Hoy, el empeño no es necesariamente informar mejor, sino captar más clics. Por eso la información se ha convertido en entretenimiento. Ahora se apela a emociones intensas —miedo, rabia, indignación— porque eso genera más interacción. El problema es que emocionar no siempre es lo mismo que explicar.

En paralelo, la prensa ha perdido autoridad. Hubo un tiempo en que los medios orientaban la opinión pública. Hoy, esa influencia es más limitada. La confianza ha disminuido, y muchas personas consumen información sin distinguir entre fuentes confiables y contenidos dudosos.

Pero el cambio más profundo tiene que ver con la verdad. Vivimos en la era de la posverdad, donde los hechos pesan menos que las creencias. Las fake news —noticias falsas creadas para manipular— circulan con facilidad, sobre todo en redes sociales. En este escenario, el periodismo ya no es el único filtro: compite con rumores, opiniones y desinformación.

Los algoritmos refuerzan este problema. Están diseñados para mostrar lo que más engancha, no lo que mejor informa. Por eso, los contenidos más extremos o polémicos tienden a viralizarse. Cuando todo parece discutible y no hay acuerdos básicos sobre los hechos, la democracia se debilita.

Este panorama global tiene consecuencias concretas en países como la República Dominicana. En contextos donde existen tantos problemas por resolver, el acceso a información confiable es fundamental. La CEPAL advierte que las inequidades afectan la confianza en las instituciones y la convivencia social.

Cuando faltan medios locales fuertes, aparecen los llamados “desiertos informativos”: lugares donde nadie explica qué hacen las autoridades ni cómo se usan los recursos públicos. En esos espacios, crece la desinformación y se debilita la participación ciudadana.

Por eso, organismos como UNESCO insisten en que el periodismo libre, plural y seguro es esencial para la democracia. No se trata solo de contar noticias, sino de garantizar que las personas puedan entender y participar en las decisiones que afectan su vida.

Como es fácil apreciar, este no es un tema exclusivo para periodistas. Estamos hablando de algo que toca de manera preferencial al pueblo llano, pero también a toda la sociedad. Tiene que ver con cómo se informan las personas, cómo forman su opinión y cómo participan en la sociedad. Ser ciudadano hoy implica saber cuestionar lo que se ve en redes y en plataformas, verificar fuentes y no dejarse llevar solo por emociones.

Frente a todo esto, la pregunta inicial debe retarnos. Tal vez el periodismo no ha muerto. Tal vez lo que está en juego es si como sociedad estamos dispuestos a reconocer su valor, defenderlo y exigirle calidad.

Porque sin información confiable no hay ciudadanía crítica. Y sin ciudadanía crítica, la democracia pierde sentido.

Entonces, la pregunta clave es: ¿quién gana cuando el periodismo pierde? Y una más: ¿qué vamos a hacer al respecto?

 info@nestorestevez.com 

POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA

La decisión reciente de EE.UU., e Irán de converger en un alto al fuego durante 15 días después de la Operación Furia Épica, motivados por el impacto de esta en cada uno de los involucrados tanto en vidas, económicos-financieros, en infraestructuras, en armamento, entre otros, nos muestra que hay interés dentro de los bandos en confrontación de buscar una solución, lo cual se traduce en un equilibrio cooperativo de Nash.

Hace varios días atrás, ambos países estaban en curso de colisión, si ninguno cedía (abrir el estrecho de Ormuz versus parar bombardeos), el resultado era la “destrucción mutua”, una guerra regional total con efectos agregados. Al aceptar la tregua, ambos han “girado el guía”, evitando el peor escenario y demostrando el “Juego de la Gallina”.

Bajo una acentuada desconfianza por ambas partes, se presenta el “Dilema del Prisionero”, donde si EE.UU., levanta las sanciones, es decir coopera e Irán continúa enriqueciendo uranio en secreto (que dado el historial de ellos no se duda), es decir traiciona, los yanquis pierden. En caso contrario de que Irán detenga su programa es decir coopere y EE.UU., no elimina las sanciones es decir traiciona, Irán colapsa. El reto es lograr una convergencia de Cooperación Mutua.

Dentro de los aspectos en los cuales EE.UU., podría ceder serían a) sanciones económicas, podrían aceptar un levantamiento gradual de sanciones para permitir que Irán exporte petróleo, aliviando la presión sobre los precios mundiales; b) los activos congelados, donde los fondos de Irán en bancos extranjeros serían facilitados para la reconstrucción de Irán, como gesto de buena voluntad; c) los yanquis podrían ceder en la presión militar de las fronteras iraníes con las bases vecinas.

Los aspectos en los que Irán podría ceder están: a) con el no enriquecimiento de uranio por encima de los niveles civiles y permitir la supervisión directa de la OIEA en lugares profundos; b) garantizar el libre trasiego marítimo bajo supervisión internacional en el estrecho de Ormuz, y renunciando a usarlo como arma de presión económica; c) reducir el apoyo a los proxies en Líbano y Yemen.

Si asumimos una perspectiva de racionalidad estratégica, los costos de insistir en la guerra son mayores que los costos de coincidir en acuerdos. El gobierno de Trump enviaría una señal para estabilizar los mercados (ya han respondido positivamente al compás de espera reciente) y podrían vociferar “una victoria” ante las presiones políticas internas. Y para Irán serían la oportunidad de reconstruir su país y recuperar su economía.

La posibilidad de que se le tire “jabón al salcocho” está en Israel y facciones internas de Irán, que podrían ver el compromiso como una derrota y eliminar el equilibrio necesario de llegar a un alto al fuego definitivo. Dios meta su mano…

omaroymendezg@outlook.com

jpm-am

POR CARLOS SALCEDO

El pasado miércoles 8 de abril se cumplió un año del colapso de la discoteca Jet Set. Doce meses bastan, no solo para medir el paso del tiempo, sino para evaluar la capacidad de una sociedad de enfrentar sus tragedias, con justicia o con olvido administrado.

Porque el olvido, en estos contextos, rara vez es abrupto. No ocurre de un día para otro. Se instala de manera progresiva, en la dispersión de la atención, en la pérdida de urgencia y, sobre todo, en el riesgo de que el proceso judicial, aun cuando avance, termine diluyendo la memoria que le dio origen.

Conviene reconocer que el proceso penal en curso ha seguido, hasta ahora, cauces de prudencia institucional. Se han respetado los derechos de las víctimas, de los querellantes y actores civiles, así como las garantías procesales de los imputados. La formalización de las participaciones y el resguardo del debido proceso no son obstáculos; son condiciones indispensables de legitimidad.

Pero precisamente por eso, el desafío es mayor.

La memoria, en el ámbito jurídico, no es un gesto simbólico, es un deber. Las víctimas no son cifras ni expedientes. Son titulares de derechos cuya exigibilidad no se extingue con el paso del tiempo. Y el proceso penal no puede convertirse – ni siquiera de forma involuntaria – en un espacio donde esa memoria pierda fuerza o se vuelva secundaria.

El riesgo no está hoy en la precipitación ni en la vulneración de garantías. Está en otro lugar: en que la complejidad procesal, aun bien aplicada, termine absorbiendo el sentido del proceso. Que la técnica desplace a la verdad. Que el tiempo erosione la exigencia.

Por eso es necesario insistir que el proceso no es un fin en sí mismo. Su finalidad es la reconstrucción de la verdad y la determinación de responsabilidades. Individualizar conductas, establecer niveles de responsabilidad – penal y civil – y valorar la prueba con rigor no es una aspiración abstracta, sino una obligación concreta.

Sin linchamientos. Pero también sin diluciones

La legitimidad de la decisión que surja dependerá de ese equilibrio. Garantías plenas, sí; pero también una respuesta efectiva. Una respuesta que, a la luz de los hechos, deberá examinar con seriedad la existencia de negligencias e imprudencias graves, si así lo revela la prueba, como en efecto ocurre.

Sin embargo, la justicia no se agota en las responsabilidades individuales. Esta tragedia ha puesto en evidencia fallas estructurales, tales como debilidades en los sistemas de supervisión, controles administrativos insuficientes y vacíos normativos que limitan la capacidad de prevenir y sancionar. Si el proceso no proyecta sus efectos hacia esas dimensiones – si no impulsa correcciones institucionales, reformas y mecanismos eficaces de control – la respuesta será inevitablemente incompleta.

El mayor peligro, un año después, no es la inacción abierta. Es la normalización progresiva. Que todo parezca estar en curso, pero que, en realidad, la memoria pierda densidad y el caso deje de interpelar a la sociedad.

Eso también es una forma de olvido.

La justicia no puede ser ni precipitada ni interminable. Entre el respeto al debido proceso y la eficacia de la decisión no hay contradicción, sino una exigencia de coherencia. Cuando el proceso se prolonga sin sentido o se vuelve autorreferencial, deja de servir a la verdad que está llamado a reconstruir.

Este caso debe ser, pues, un ejercicio de verdad, de responsabilidad y de aprendizaje institucional.

Pero para ello es imprescindible que la memoria -que es su punto de partida y su razón de ser- no se diluya, ni se desgaste, ni termine subordinada a la propia dinámica del proceso. Que no se ahogue en él.

JPM