Leer, escribir y conversar constituye la agenda en época de pandemia. Pero algo nuevo que el coronavirus está ofreciendo es poder hablar a distancia, pero cara a cara, a través del “Zoom”.

Cuando yo estaba ya agotado por el amigo que trataba el tema de la caja de Pandora, las noticias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y sus cientos de horas de búsqueda que resultaron en ubicar trescientos políticos en treinta países que gozan de los beneficios de paraísos fiscales, incluyendo el nuestro, le cité la decisión de los ministros de Hacienda de los países industrializados de auspiciar una ley que lograría eliminar esos paraísos obligando a toda empresa a pagar impuestos mínimos.

De pasarse esa ley ella implicaría, además, un réquiem para ese tipo de investigación periodística. Quien más auspicia la misma es la muy experimentada ministra de Hacienda de Estados Unidos, Janet Yellen.

La mención de una funcionaria norteamericana hizo que mi insistente amigo trajera a colación el tema del nuevo embajador de ese país en Santo Domingo, Calvin Smyre, un afroamericano de 73 años de edad, del Estado de Georgia, demócrata por supuesto, quien ahora fue premiado con una embajada por haber dedicado toda su vida a la política en Georgia donde es miembro de la Cámara de Diputados de ese Estado, desde donde auspició la construcción de una estatua a su compueblano Martin Luther King, así como la eliminación de la imagen de la bandera confederada del sur dentro de la bandera de su Estado.

Con ese currículo es fácil predecir que le interesará mucho el tema dominico-haitiano, más en medio de la gran crisis en Puerto Príncipe. Pienso hacerle llegar el estudio del National Geographic, de la universidad de Pensilvania y de nuestra Academia de la Historia sobre las muestras de DNA de mil dominicanos (revista Clío, No. 193) donde se muestra que somos un país de mulatos, pues poseemos en promedio un 49% de DNA africano, un 39% de DNA europeo y apenas un 4% de DNA taíno.

Entonces mi incansable amigo me preguntó sobre por qué Washington nos envía solo embajadores políticos, en vez de embajadores de carrera. Le expliqué que este es un país tranquilo, de bellas playas y muchos campos de golf y que el ser embajador aquí constituye un premio político, pues se analiza la situación dominicana desde uno de nuestros lujosos resorts a través del fondo de una copa de Martini. Y es que hace 22 años que no tenemos un embajador de carrera. El último fue Donna Hrinak.

Desde entonces hemos recibido a un expresidente del Partido Demócrata, Charles Manatt, a Hans Hertell, republicano, abogado puertorriqueño, a Robert Fannon, político republicano de Arizona, a Raul Yzaguirre, fundador del grupo La Raza, que defiende a los hispanos, a James “Willy” Brewster, Jr., empresario demócrata gay, amigo de Obama y a Robin Bernstein, muy amiga de Donald Trump y probablemente la más simpática de todos estos embajadores, pero tal vez la más controversial, pues declaró por televisión que prefería bailar bachata en vez de merengue.

El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está obligado a producir todas las reformas que en el orden económico, político y social necesita la República Dominicana, o por el contrario en lo que resta de su mandato se le hará muy difícil pasarlas con la oposición que le viene.

Desde el año 2012 nuestro país se comprometió a llevar a cabo una serie de reformas que están contenidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que el pasado gobierno no logró aplicar y por esa razón todas se les han acumulado a la presente gestión, la cual está compelida a impulsarlas para evitar el deterioro total de los parámetros macroeconómicos que han sustentado el país en los últimos años.

La Ley 1-12, entre otras cosas no menos importantes, estableció la aprobación de tres pactos fundamentales que debieron ser aprobadas por la administración peledeista que encabezó el presidente Danilo Medina, como son: los Pactos Educativos, Eléctrico y  Fiscal, con los cuales se suponía luego de su aprobación la República Dominicana continuaría sin ningún tipo de dificultades la ruta de su consolidación económica, política y social, pero de esos acuerdos solo fueron cumplidos los primeros dos, ya que el surgimiento de la pandemia también frustro los intentos de concretizar el tercero.

Sin embargo, el Pacto Fiscal, que ha sido el más controversial de los mandatos que nos dejó la Estrategia Nacional de Desarrollo, representa hoy por hoy el talón de Aquiles para el despegue que necesita la sociedad dominicana para consolidar el grupo de reformas que consensuaron los partidos políticos en la campaña electoral del año 2012.

Los diversos sectores de la sociedad dominicana reconocen la gravedad de la situación económica por la que atraviesa el país, pero también están conscientes de la necesidad que tiene el gobierno de recibir ingresos para continuar llevando a cabo los programas de desarrollo que necesita la nación, los cuales no pueden seguir siendo financiados con préstamos internacionales, debido al peso de la deuda externa que carga a cuestas el Estado dominicano.

Ante ese reto, el gobierno se encuentra en una tremenda encrucijada que tendrá que vencer tratando de salvar la estabilidad y transparencia del Estado Dominicano como se ha propuesto, y por esa razón tendrá que buscar todas las alternativas posibles para concretizar la reforma fiscal pendiente y de esa manera seguir avanzando con las demás reformas institucionales y democráticas que necesita el país, como las del Poder Judicial y la Policía Nacional.

Sabemos que habrá resistencias de sectores políticos y empresariales que desde ya han comenzado a poner sus objeciones sobre todo a la Reforma Fiscal, pero esos sectores deben entender que el momento demanda sacrificios para gobernantes y gobernados y que el deterioro del país, no solo se llevará de paro al gobierno de turno, sino también que empeorará la vida de todos los dominicanos, mayormente de los más pobres.

Las reformas al Sistema de Justicia y a la Policía Nacional, tampoco se pueden detener y eso depende fundamentalmente también de los fundamentos de una Reforma Fiscal, que devuelva el poder recaudatorio al Estado Dominicano para poder llevar a cabo las transformaciones que necesitan esas instancias de poder gubernamental de la nación.

Otra de las reformas que ansía la sociedad dominicana y que tampoco se debe soslayar es la atinente a la Ley Seguridad Social 87-01, cuyo estudio de modificación reposa en manos de una Comisión Bicameral del Congreso Nacional y que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, se ha comprometido a impulsar porque las pasadas autoridades no tuvieron el interés y la voluntad política de resolverle ese problema que mantiene intranquilos y sin esperanzas a millones de ciudadanos dominicanos que claman constantemente por una mejora sustancial de esa legislación.

El reto que tiene este gobierno, desde el punto de vista de lo que hemos señalado en este artículo, es muy grande y esperamos que se arme de valor y coraje para que produzca los cambios que necesita el país, en cuanto a lo que ha venido reclamando de ellas en este momento, porque dudo que si no lo hace ahora pueda cumplir la promesa de pasarlas al llegar el segundo año  de su mandato, debido a lo que conocemos de la idiosincrasia del político opositor dominicano que cuando está en campaña electoral actúa como el caballo con Orejuela que solo mira para delante sin observar el horizonte a ambos lados.

agendasemanal@hotmail.com

JPM