Bogotá (EFE).- Los ataques contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron 20 muertos y más de 80 heridos en Colombia han puesto en debate las políticas de seguridad y de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro por el deterioro del orden público en el país.

El procurador general, Gregorio Eljach, dijo este viernes al presidente en una declaración pública que la búsqueda de la paz, uno de los programas bandera del Gobierno de Petro, no puede hacerse a costa de la seguridad, que los críticos del mandatario consideran que ha sido descuidada en el afán de negociar con distintos grupos armados ilegales.

«Presidente: la búsqueda de la paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también, pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos», expresó Eljach.

Ataques en Cali y Antioquia

El jefe del Ministerio Público pidió al presidente «que examine a la luz de los hechos lo que viene sucediendo con la expansión de las organizaciones criminales en los territorios, revise lo que corresponda y fortalezca la acción legítima del Estado».

El ataque al helicóptero de la Policía Antinarcóticos, perpetrado al parecer con un dron cuando el aparato volaba por una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), costó la vida a trece policías mientras que cuatro más quedaron heridos, según el último informe de las autoridades.

El propio presidente Petro, que atribuye los ataques a dos grupos de las disidencias de las antiguas FARC dedicadas al narcotráfico, confirmó este viernes la última víctima mortal, el piloto de la aeronave, capitán Francisco Javier Merchán, quien había resultado herido y falleció en el lugar del accidente antes de recibir atención médica.

«Estamos de luto y la cuota de sacrificio ha sido muy alta, pero seguiremos a la ofensiva para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y desmantelar estas estructuras del crimen organizado, llámense disidencias, Clan del Golfo o Junta del Narcotráfico», expresó en su cuenta de X el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

Por el atentado con un camión bomba en Cali, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la academia de la Fuerza Aérea, la cifra de víctimas subió hoy a siete y los heridos son 79, de los cuales 37 ya recibieron el alta.

Seguridad en crisis

Petro, que anoche presidió un consejo de seguridad en Cali, descartó la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

«La decisión es profundizar unas medidas por decreto (…) para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral Pacífico», dijo.

El senador Ariel Ávila, uno de los mayores conocedores del conflicto armado del país, dijo en una entrevista con EFE que los ataques son un reflejo del fracaso de la política de seguridad del Gobierno.

«Yo creo que la política de paz ha fracasado, pero el problema no es la política de paz, es la política de seguridad que también está fracasando», manifestó.

Problemas en la seguridad del país

Según Ávila, senador del partido Alianza Verde, «hay un problema sustancial en la política de seguridad» como consecuencia de «una parálisis en las Fuerzas Militares (…) una crisis presupuestal y problemas de personal».

«Creo que todavía nos esperan unos ocho meses o un año muy difícil en materia de seguridad. No va a ser peor de lo que estamos ahorita, pero tampoco va a ser mejor», agregó en referencia a la terminación del mandato presidencial de Petro en agosto de 2026.

Una opinión similar expresó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien expresó en su cuenta de X que ante la arremetida de los violentos «todo el mundo repudia y lamenta pero nadie hace nada, empezando por el Ministerio de Defensa».

Según Vargas Lleras, los ataques contra policías, militares y civiles ocurren cada vez «con más fuerza y agresividad» y teme que esa situación continúe «en lo que resta de este gobierno: sufriremos la violencia y miles de muertos hasta que termine la mal llamada ‘paz total’, que ojalá finalice el 7 de agosto de 2026».

WASHINGTON.- La Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela (VAU) volvió a recordar la recomendación a sus ciudadanos para que no viajen o permanezcan en el país suramericano en plena escalada entre Washington y Caracas por la amenaza del Gobierno del presidente Donald Trump de enviar buques militares al entorno de las aguas venezolanas para combatir el tráfico de drogas.

El VAU, que opera desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, retuiteó hoy la última actualización -del pasado mayo- de su advertencia de viaje para Venezuela.

“El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles“, explica la recomendación.

La petición de no viajar y no permanecer en Venezuela data originalmente de 2019, año en que Washington retiró a todo su personal diplomático del país caribeño.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado especialmente después de que el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país” tras el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Además del Gobierno de Nicolás Maduro, que ha asegurado que las “amenazas” de EE.UU. revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región, países como Cuba, Bolivia, Nicaragua o Colombia también han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe.

Washington (EFE).- El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó este jueves a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU.

«Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos», dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Agregó que a pesar de que la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han «incautado más cocaína que en años anteriores» y advirtió que «sigue en aumento» la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

«La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de la (banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles», advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.

VENEZUELA CONTRAATACA

Luego de conocer las declaraciones del jefe de la DEA, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a esta entidad de ser el «mayor cartel de drogas» que existe en el mundo.

«El director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan», señaló la funcionaria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez indicó que en el informe ‘National Drug Threat Assessment’ de 2024 y 2025, que elabora la propia DEA, no se menciona a Venezuela «como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos».

«Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano», añadió.

La vicepresidenta venezolana sostuvo que el país suramericano sabrá defender con «firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».

UNA TENSA RELACIÓN

Las acusaciones de Cole contra el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», en medio de la polémica por el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Caracas, por su parte, ha asegurado que las «amenazas» de EE.UU. revelan su «falta de credibilidad» y ponen en riesgo la «paz y estabilidad» de toda la región.

CUATRO GOBIERNOS CONDENAN 

Los Gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de EE.UU. a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.