Desde el inicio de su mandato, el Presidente Luis Abinader ha sostenido como uno de los principales logros de su gobierno la supuesta independencia del Ministerio Público.

Ese discurso ha sido repetido una y otra vez en escenarios nacionales e internacionales como prueba del fortalecimiento institucional y del respeto al Estado de derecho.

Sin embargo, el recurso de apelación interpuesto por el gobierno contra la decisión de ¨no ha lugar¨ dictada a favor de Gonzalo Castillo ha terminado por derrumbar esa narrativa.

Más allá de las explicaciones jurídicas que puedan ofrecerse, la oportunidad y el contexto político en que se produce esa apelación despiertan legítimos cuestionamientos.

Resulta difícil ignorar que ese hecho ocurre precisamente cuando Gonzalo Castillo comienza a recuperar protagonismo político y cuando distintos sondeos reflejan un crecimiento vertiginoso de su figura en el escenario electoral.

Si el Ministerio Público actúa con absoluta independencia, ¿por qué la apelación se presenta desde el mismo gobierno, y ésta coincide con un momento de evidente reconfiguración política? Esa coincidencia fortalece la percepción de que detrás del recurso existe algo más que un simple interés procesal.

Desde el inicio de la actual administración, numerosos sectores han cuestionado que la persecución penal haya estado concentrada casi exclusivamente en funcionarios y dirigentes vinculados al pasado gobierno encabezado por Danilo Medina, mientras otros casos han recibido un tratamiento totalmente distinto.

Esa selectividad ha alimentado la sospecha de que la justicia no siempre ha marchado al mismo ritmo para todos.

La apelación del gobierno contra el ¨no ha lugar¨ de Gonzalo Castillo termina convirtiéndose en un símbolo de esa percepción. Lejos de fortalecer la confianza en la independencia del Ministerio Público, proyecta la imagen de una institución que, para muchos ciudadanos, continúa respondiendo a las prioridades del poder político.

En democracia, los gobiernos deben competir con resultados y propuestas, no procurando que los tribunales decidan quién puede o no convertirse en adversario electoral.

Cuando la justicia comienza a ser percibida como un escenario más de la lucha política, la credibilidad de las instituciones se deteriora, la confianza ciudadana se resiente, y se ve seriamente afectada la democracia.

El mayor daño de esta apelación no recae únicamente sobre Gonzalo Castillo. El golpe más profundo lo recibe el discurso oficial que durante años presentó al Ministerio Público como un órgano completamente desligado de cualquier influencia política. Hoy ese discurso enfrenta su mayor prueba de credibilidad.

Porque si la independencia institucional sólo existe mientras las decisiones favorecen al poder, entonces no estamos ante una verdadera independencia, sino ante una independencia condicionada por la conveniencia política.

Cuando el poder recurre, o aparenta recurrir, a los tribunales para prolongar la incertidumbre sobre el futuro político de un contendiente, inevitablemente abre espacio a las dudas sobre la imparcialidad de las instituciones.

Y cuando esas dudas se instalan en la conciencia colectiva, no pierde únicamente el dirigente político, pierde también la democracia, pierde el Estado de derecho, y peor aún, se pierde la confianza del pueblo en la justicia.

La apelación contra el ¨no ha lugar¨ de Gonzalo Castillo, más que un acto procesal, se ha convertido en un hecho político. Para muchos, marcó el momento en que el discurso de la independencia del Ministerio Público dejó de ser una bandera del gobierno para convertirse en una promesa difícil de sostener frente a la realidad que se vive en el país.

SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo reiteró este sábado su llamado a la población a respaldar el Centro de Acopio y Recepción de Ayuda en Apoyo al Pueblo Venezolano, habilitado para canalizar asistencia a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en el norte de Venezuela.

La titular de la secretaría, Yadira Peña, explicó que la iniciativa fue puesta en marcha por instrucciones del presidente de la organización, el expresidente Leonel Fernández, como parte del compromiso humanitario del partido con los pueblos que enfrentan situaciones de emergencia.

Peña exhortó a ciudadanos, empresas e instituciones a sumarse a la jornada solidaria mediante la donación de artículos esenciales destinados a las familias que perdieron sus hogares o resultaron afectadas por el desastre.

DONACIONES PRIORITARIAS

El centro de acopio funciona en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, ubicada en la avenida Simón Bolívar, esquina Doctor Báez, en el sector Gazcue, donde se reciben medicamentos, alimentos no perecederos, pañales para adultos, fórmulas infantiles, leche en polvo, compotas para bebés, artículos de higiene personal, crema dental, toallas sanitarias y material gastable de uso médico. La dirigente recomendó que las compotas sean entregadas en envases que no sean de vidrio para facilitar su transporte y distribución.

RESPALDO DE LA DIRIGENCIA

La dirigente destacó el respaldo brindado por la dirección de la Fuerza del Pueblo a esta iniciativa y valoró el trabajo de la Comisión de Vicesecretarios de Solidaridad Ciudadana, coordinada por Gerson Díaz e integrada por Sobeida Acosta, Eddy Soto y Reyes Darnelys Eugenia.

Asimismo, informó que la campaña también cuenta con un centro de acopio en la ciudad de Nueva York, coordinado por la dirección de la organización política en esa demarcación.

Peña agradeció las donaciones recibidas durante los primeros días de la jornada e invitó a la población a continuar colaborando, al considerar que cada aporte representa un alivio para las familias venezolanas afectadas por la tragedia.

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