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La República de Haití mantiene un curso social y político explosivo. La situación se ha salido de las manos después de que un grupo de mercenarios procedieron a asesinar al Presidente Constitucional de ese país Jovenel Moise, el 7 de julio del año 2021.
Este magnicidio fue una acción desbordada y cavernaria de quienes lo planearon y ejecutaron, y lo peor es que a más de un año de haberse producido todavía no se ha establecido una condena a los autores intelectuales que contrataron a un grupo de bandoleros internacionales para la comisión de tan abominable hecho sangriento.
Por la vecindad geográfica todo cuanto acontece en Haití tiene una repercusión sobre Republica Dominicana, razón por la cual debemos estar muy atentos a todo el discurrir de ese hermano país, sacudido por tan aguda convulsión.
Contrario a la mayoría de las naciones latinoamericanas, las elites haitianas irresponsablemente no han construido un modelo político satisfactorio, que siembre y dé curso a un proceso de consolidación de sus instituciones, a la fluidez de la gobernanza y gobernabilidad, a la vitalidad de la vida democrática, a su seguridad alimentaria, a la protección sanitaria, al fomento de programas de protección y remediación ambiental, al respeto de los derechos humanos, al fortalecimiento de sus fuerzas armadas y policía, y, en fin, a la promoción de la paz y el bienestar socioeconómico de esa nación caribeña.
Recordemos que esa inestabilidad política tiene su génesis en los Golpes de Estado perpetrados contra del Presidente Jean Beltrán Aristide en 1991 y 2004 quien había sido legítima y democráticamente electo en las urnas. En 2004 Aristide fue secuestrado por tropas élites de Estados Unidos y Francia, montado en un avión y obligado a marcharse a Sudafrica.
Hoy el setenta por ciento de la población haitiana vive en condiciones deplorables de pobreza extrema y marginalidad, en un contexto de inseguridad y violencia urbana y rural creciente, que estimula y agranda las emigraciones, cuyo destino se enfila en una parte importante hacia República Dominicana.
La crisis política que vive Haití ha ido escalando. El control territorial está en manos de un promedio de setenta y seis bandas armadas que siembran el terror, dedicándose a asaltos, violaciones y secuestros. Por la cercanía geográfica y el escaso control fronterizo, esos grupos podrían ampliar su radio de acción a República Dominicana, impactando a nuestro país por ser parte de la misma isla.
Esta profundización de la inestabilidad social y política haitiana representa una seria amenaza a República Dominicana, especialmente a su integridad territorial, porque esta coyuntura podría ser aprovechada por grupos oscuros que podrían estimular una masiva oleada migratoria de hordas hacia la parte este, dañando el tejido social y la paz dominicanas.
Hace falta que organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, evidencien interés en la suerte y destino de Haití, porque todos estos entes han querido dejar que sea solo Republica Dominicana quien tenga que cargar con el fardo pesado que representa soportar, por ejemplo, una atención sanitaria de millares de mujeres parturientas más una incesante inmigración, que sangran el limitado presupuesto dominicano.
Es hora ya de que naciones poderosas (Estados Unidos, Francia y Canadá), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) se interesen efectivamente en Haití y contribuyan a la solución de sus problemas. Pero esa solución no puede ser una invasión militar, con presencia de botas extranjeras.
La salida a la crisis haitiana no es externa, es fundamentalmente interna. Consiste en estimular un consenso político interno, con una agenda definida por los líderes vecinos y un acompañamiento civil internacional en calidad de garantes. Recordemos que ya hubo una invasión que duró trece años (2004-2017) y fracasó.
El remedio de la crisis sociopolítica de Haití debe enfocarse especialmente en el acompañamiento de la clase política haitiana en la definición de una ruta hacia la normalización de la democracia, que incluya fijar elecciones libres y democráticas, aplicar un programa nacional de educación para la democracia a través de las universidades existentes y un plan de fortalecimiento de las instituciones. Esa es la senda de la solución de la crisis en Haití, nunca una invasión a la patria de Dessalines.
jpm
