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Entiendo que existe en la República Dominicana, un anhelo creciente de trabajar por una efectiva convivencia pacífica, dado el incremento alarmante de situaciones o controversias que, en muchos casos por cuestiones menores no atendidas oportunamente, se están convirtiendo en sucesos trágicos y lamentables.
Dicho lo anterior, en el caso dominicano y en otros países latinoamericanos, podemos observar el desborde que han venido experimentando, los esquemas tradicionales del sistema de justicia o las estructuras del Estado para poder dirimir ese aumento progresivo en la conflictividad; que obedece a unas series de múltiples factores socioculturales, estructurales, de comportamientos; entre otras causas.
Concibo que nuestra misión de Estado, es la de proporcionar soluciones institucionales a las partes en conflictos para alcanzar una vida en paz y armonía como ciudadanía; evitando a cada quien, tomar acciones para hacerse justicia por su propio medio o la venganza privada. Por lo tanto, la tarea de dar respuesta efectiva y participación a las comunidades con sus expresiones organizadas, debe ser una prioridad mayúscula.
En este sentido y por lo antes expresado, es que se hace perentorio e inaplazable la mayor expansión y consolidación de los métodos alternos de resolución de conflictos, particularmente la mediación, en todo el territorio nacional, para todos aquellos casos que lo ameriten de acuerdo a la norma.
Esto así, para contribuir a la descongestión de los tribunales con asuntos o disputas que puedan alcanzar una solución sin necesidad de ser judicializados. Por lo que esto, ayudará a ir desplazando la cultura del litigio ante situaciones que, por su naturaleza, es posible otro tipo de abordaje y por tanto de una solución favorable a las partes en disputas.
En el entendido que la mediación suele ser un catalizador idóneo y democrático, para que el acceso efectivo a la justicia sea una realidad. Proponemos pues, las siguientes sugerencias, para ser analizadas y puesta en marcha como políticas públicas en la nación dominicana:
Procurar la aprobación de normativas legales especializadas en resolución de conflictos (Ley General de Mediación y Conciliación de Conflictos) en el país. La mediación es una expresión democrática y oportuna de la justicia, pues en ella las personas participan directamente en la construcción de soluciones a sus conflictos.
Insertar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en materia de condominios. Es decir, promover y fortalecer la mediación en el ámbito comunitario, escolar, familiar, juvenil, ambiental, penitenciario, entre otras realidades de socialización.
Establecer marco procedimental para la regulación, ejecución y aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos, a través de la implementación de protocolos, procedimientos, reglamentos, resoluciones, código de ética, criterios de calidad y normativa de habilitación y certificación.
Proveer la habilitación de Espacios de Mediación de Conflictos en todas las fiscalías barriales, donde podamos atender de manera oportuna los casos que, aunque no están tipificados dentro de las infracciones penales se puedan derivar en ello. Así como, también promover centros de mediación comunitarios, a través del Ministerio de Interior y Policía, a fin de coadyuvar con la seguridad ciudadana y una cultura de paz.
Fomentar la habilitación de espacios de Resolución de Conflictos en las estructuras municipales (Alcaldías y Juntas de Distritos Municipales), a fin de contribuir con la preservación de la convivencia pacífica; garantizando así, decisiones más democráticas, participativas e inclusivas en el orden local.
Incluir dentro de la carrera laboral de los operadores y administradores de justicia, la figura del mediador de conflictos como tercero neutral y auxiliar del Ministerio Público; función esta, que sea ejercida por personas que cumplan con el perfil y las competencias requeridas.
Desarrollar sistemas de registros, monitoreo y análisis de las situaciones de violencia y el nivel de conflictividad en los diferentes ámbitos de socialización. Aquí cabe plantear la creación de un Observatorio Nacional de la Violencia y los Conflictos.
En definitiva, urge impulsar el fortalecimiento de la mediación como política pública por parte del Estado dominicano, para que las partes en conflicto puedan dialogar y generar soluciones a conflictos, que pueden derivar por el uso irracional de la violencia en situaciones funestas.
Por tanto, es necesario intensificar los procesos de formación y capacitación en todos los ámbitos de socialización, sobre los beneficios de la mediación como solución alternativa idónea ante los conflictos; analizando a su vez, sobre el impacto que ésta genera en la sociedad.
Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. (Albert Camus)
