POR JULIO FIGUEREO

La República Dominicana ha sido un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas en América Latina. Aunque el país no es un productor significativo de drogas ilícitas, su posición geográfica lo hace atractivo para los traficantes que buscan transportar drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos y Europa.

En los últimos años, las autoridades del país han tomado medidas para combatir el tráfico de drogas, incluyendo la cooperación con otros países y organizaciones internacionales, así como la implementación de programas de seguimiento y control en las fronteras y aeropuertos del país. Sin embargo, el tráfico de drogas sigue siendo un problema importante en la República Dominicana, y hay preocupaciones de que el país se esté convirtiendo en un destino cada vez más popular para el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

La Política Dominicana también busca combatir el narcotráfico por medio de medidas legales y de seguridad, con la colaboración y cooperación con países y organizaciones internacionales en el combate al narcotráfico y con el fortalecimiento y capacitación de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.

República dominicana como destino del lavado de activos

La República Dominicana ha sido señalada como un destino popular para el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas y otros delitos. Existen varios factores que contribuyen a esta situación, incluyendo la posición geográfica del país, la ausencia de regulaciones y medidas de prevención adecuadas, y la corrupción entre funcionarios públicos.

El sistema financiero de la República Dominicana es considerado como moderadamente riesgoso debido a la falta de supervisión y regulación adecuadas, lo que permite que el dinero ilegal pueda ser fácilmente introducido en el sistema financiero del país. Además, algunas industrias clave en la República Dominicana, como el turismo y la construcción, han sido señaladas como vulnerables a la actividad de lavado de dinero.

A pesar de que las autoridades del país han implementado algunas medidas para combatir el lavado de dinero, las preocupaciones persisten sobre la efectividad de estas medidas y la falta de recursos para hacer frente a este problema. El gobierno ha implementado políticas y regulaciones para combatir el lavado de dinero, sin embargo aún existen desafíos, para fortalecer su efectividad y mejorar la prevención y detección de operaciones sospechosas.

Participación del narcotráfico en la política dominicana

El tráfico de drogas ha sido un problema importante en la República Dominicana, y hay preocupaciones de que este problema esté estrechamente relacionado con la política del país. En algunos casos, hay indicios de que los políticos y funcionarios públicos han sido cooptados por los traficantes de drogas y han utilizado su posición para proteger los intereses del narcotráfico.

Además, el poder económico y político que los narcos obtienen a través de su actividad criminal les permite asegurar su influencia sobre los círculos políticos y de negocios en el país, y en algunos casos también se les señala de financiar campañas políticas y tener relaciones con políticos y funcionarios corruptos.

La República Dominicana ha implementado medidas para combatir el narcotráfico, pero el problema persiste. Por tanto se requiere un esfuerzo conjunto y continuo del Estado y la sociedad para fortalecer la seguridad y prevenir la corrupción en todos los niveles. El gobierno ha buscado fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, además de cooperar con otros países y organizaciones internacionales en el combate al narcotráfico y fortalecer la política de prevención y tratamiento en cuanto al consumo de drogas se refiere.

La Ley No. 155-17 de Prevención e Investigación del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada en 2017, es una nueva legislación en la República Dominicana para reforzar la prevención, detección y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta ley, sustituye la anterior ley No. 142-00, y tiene como objetivo mejorar la regulación y supervisión de las instituciones e individuos sospechosos de lavar dinero o realizar actividades financieras relacionadas con actividades criminales.´

Esta ley establece la creación de una entidad denominada Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual tiene como funciones principalmente recibir, analizar y emitir informes sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También se crea un Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para coordinar y articular las acciones de las diferentes instituciones y entidades relacionadas con el tema.

La ley también incluye medidas para mejorar la regulación y supervisión de las instituciones e individuos sospechosos de lavado de dinero o realizar actividades financieras relacionadas con actividades criminales. Por ejemplo, establece la obligación para las instituciones financieras y las empresas de registrar y mantener registros completos y precisos de sus operaciones y clientes, y de implementar programas de prevención del lavado de dinero.

En resumen, la Ley No. 155-17 es una legislación que tiene como objetivo mejorar la regulación y supervisión de las instituciones e individuos sospechosos de lavar dinero o realizar actividades financieras relacionadas con actividades criminales, y fortalecer las medidas de prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana.

El tráfico de drogas y el narcotráfico han sido un problema importante en la República Dominicana, y ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del país. El tráfico de drogas es una actividad criminal que genera grandes sumas de dinero ilegal, y este dinero a menudo es utilizado para financiar actividades ilegales y corruptas, lo que afecta negativamente la economía y la sociedad en general.

Además, el narcotráfico se ha relacionado con la violencia y el crimen organizado, lo que puede desestabilizar las comunidades y tener un impacto negativo en la seguridad pública. La presencia de grupos criminales relacionados con el tráfico de drogas también puede dificultar el desarrollo económico y social, ya que las inversiones y el comercio pueden verse afectados por la inestabilidad y la violencia.

El tráfico de drogas también puede tener un impacto negativo en la salud pública, ya que el consumo de drogas ilegales puede causar daño físico y mental a los consumidores, y puede llevar a problemas sociales y económicos relacionados con el adicto y su familia.

Por lo tanto, es importante que el gobierno y la sociedad en general tomen medidas para combatir el tráfico de drogas y el narcotráfico, mediante la cooperación internacional, fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, programas de prevención y tratamiento en cuanto al consumo de drogas se refiere, y una política integral para combatir el problema.

jpm/am

El tranque al proyecto ley de fideicomiso, es miedo. Carencia de controles imparciales que no sean supervisados por intereses institucionales, oligárquicos, políticos de turno y clasistas como ha pasado en nuestra historia contemporánea que nunca informan al público detalles, solo a Cortes.

Me permito hacer unas observaciones para que se pase esa ley con menos miedo. Hay precedentes, recuerden desde 1997 al 2001 la ola internacional y de nuestros presidentes en esas fechas, era privatizar todo, el Estado no sabía administrar, muchas botellas, era la excusa y eso trajo el salpullido de hoy, pues todo se resuelve con palabra de moda, fideicomisos, esa palabra que pocos entienden, pero saben que será un contrato tripartito y ningún juez por considerarlo complejo emite resolución rápida a las partes.  Lea esto:

¡El sector público emplea los contratos fiduciarios como instrumento de ejecución presupuestal desde hace décadas para administrar los recursos líquidos en forma profesional, así como para suplir las falencias tanto de capacidad técnica, como de conocimientos en materia de inversión!, es el axioma, en exclamación.

Los contratos fiduciarios mantienen su vigencia, por ejemplo, por la necesidad de contar con un mecanismo que facilite el control y la transparencia en el manejo de los anticipos de recursos públicos entregados a los contratistas y a la necesidad de administrar en forma adecuada y transparente los recursos generados en proyectos de infraestructura pública desarrollados por los agentes privados.

Por eso se emplean los contratos fiduciarios para administrar de forma eficiente los recursos destinados a la salud, energía, minas y a la educación.

1er impasse: Seleccionar la sociedad fiduciaria idónea a través de licitación, inclusive cuando el contrato se celebre con sociedades fiduciarias privadas, además, prohibir el secreto fiduciario legal, reconociendo que la estructuración de las concesiones estatales es un elemento fundamental para permitir la bancabilidad de los proyectos.

Fue así como ley de Asociaciones Público-Privadas aprobó que los recursos públicos y todos los recursos que se manejen en el proyecto deberán ser administrados a través de un patrimonio autónomo constituido por el contratista, integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados al proyecto.

Ahora, ¿Se definió y consensuó tema de los Anticipos recibidos y por recibir en el boceto proyecto ley, enviado?

Creo, en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, q el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía, deberían agregar esto.

Pero el tranque es supervisión, administración e inversión de los recursos públicos.

Las entidades estatales tienen regulaciones especiales para la administración e inversión de los recursos de la tesorería nacional fundadas en la competencia constitucional conferida al Ejecutivo de «Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión, de acuerdo con las leves.»

Código de Comercio, impone al fiduciario la obligación de realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, respondiendo hasta por la culpa más leve. Así mismo, le impone la obligación a la sociedad fiduciaria de procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario, salvo determinación del acto constitutivo, norma que puede tener particular relevancia en el caso de bienes estatales.

La responsabilidad por la gestión fiscal fiduciaria se deriva de un daño antijurídico imputable al agente (detrimento patrimonial), de manera que esta responsabilidad no es objetiva, e implica en cada caso un detallado análisis de las circunstancias en que se produzca la pérdida patrimonial, para determinar si el sujeto que la sufre debe asumirla, o si es imputable al administrador fiduciario, eso revísenlo.

En caso de fenómenos generalizados e imprevistos de mercado, que no pueden ser previstos o evitados por el administrador fiduciario ni por el inversionista, las pérdidas de valor de los recursos públicos invertidos tienen origen en hechos que se puede asimilar por analogía a hechos de fuerza mayor, serán hechos imprevisibles e irresistibles y, en consecuencia, no puede generar responsabilidad patrimonial, fiscal ni disciplinaria, eso falta por definir.