Por instrucciones del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, la Contraloría General de la República ha divulgado 37 informes de auditorías, y algunos jurisconsultos, legisperitos, versados en todología, y hasta leguleyos, han argüido que carecen, en lo absoluto, de valor jurídico/tribunalicio y -tácitamente- refieren que simplemente tutea y entretiene como un juego de ping pong. ¡Eh!, ¿por qué no se acomodan binoculares?

Enjuiciar superficialmente, desde un estrecho rincón, sin diferenciar entre la luz y la oscuridad, se torna riesgoso. Lógicamente, para tener un mayor campo visual no se precisa emplear, apoyado en un trípode, un telescopio con un refractor acromático a fin de observar la Luna y los planetas, o las conocidas constelaciones australes la Cruz del Sur y las “Tres Marías” (Orión).

La Contraloría goza de las prerrogativas legítimas para escudriñar, descubrir, evaluar, exteriorizar y entregar informaciones, por disposición expresa del jefe de Estado. Entraña esto que las informaciones de la Cámara de Cuentas no son exclusivas para el Ministerio Público indagar e instrumentar expedientes para ser presentados ante los jueces.

El artículo 247 de la Constitución dominicana explica que la Contraloría es “el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, que tiene la responsabilidad de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos”.

En tanto que la Ley Orgánica de la Contraloría 10-07 la faculta para “realizar investigaciones administrativas, desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en su atribución evaluadora, a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de la señalada ley, remitiendo los resultados de las investigaciones, cuando el caso lo amerite al Ministerio Público”.

Por igual, la precitada disposición la dota de potestad para “establecer responsabilidades de carácter administrativo y civil de los servidores públicos, que detecte en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con base en los informes de evaluación de auditoría interna, sin importar su modalidad”.

Más. La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública también ordena la entrega de datos de interés colectivo, a solicitud de terceros. Con bastante frecuencia, periodistas piden informaciones a instituciones estatales y, salvo muy justificadas razones de seguridad nacional, esa legislación estipula la obligación de suministrarlas.

En su comparecencia mediática (miércoles 13 de septiembre de 2023) para informar sobre la segunda publicación de las auditorías realizadas a ministerios y direcciones generales del Estado, el contralor Félix Santana García matizó que los anteriores estatutos “nunca se aplicaron, por lo que su rol institucional quedó en un segundo plano, respecto a las auditorías, en sus diversas modalidades. Sin embargo, a partir del ascenso al poder del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, este estado de pasividad quedó atrás”.

Tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas agotan un procedimiento antes de divulgar una auditoría, o mostrarla ante el Ministerio Público. Sus hallazgos son facilitados al incumbente principal del organismo auditado, que tiene la opción de replicarla. La unidad de auditoría de la institución de control interno y externo la contesta, y esta se inserta en el legajo. Posteriormente, se remite un mensaje a la entidad auditada, contentivo de la solicitud de preparar un plan para la corrección de las debilidades y entuertos descubiertos. En lo relativo a la Contraloría, la documentación se pone en manos del presidente de la República, que autoriza su publicación.

¿Por qué el presidente Abinader Corona ha dispuesto la divulgación de auditorías, con rompecabezas o sin contratiempos?

Por sus preocupaciones, comportamiento y el cuidado de su imagen para preservar el legado familiar y su empuje político fundamentado en la honestidad, podemos reducir seis razones para que tomara esa audaz iniciativa.

1.- Advertir a los mandantes más jerárquicos del pentagrama contable/financiero de cada organismo gubernamental, como un mecanismo para resguardar los recursos del erario que, ante fraudes y alteraciones, como castigo a gran volumen sonarán las trompetas, similar a la de los siete ángeles.

2.- Hacer que con tiempo en su ejecutoria afloren los fluidos infecciosos y otros componentes extraños que se anidan en la administración pública, que puedan ser dilucidados, y para alejarse de la complicidad.

3.- Robustecer la política de revelaciones y transparencia en la gestión pública, para el pleno conocimiento y ponderación ciudadana del ejercicio ético/moral de los altos gerentes del tren estatal.

4.- Ventilar manifiestamente y dejar en claro “los resultados de las investigaciones” de la Contraloría y que, “cuando el caso lo amerite” (que confiesen irregularidades en el manejo de los fondos), que sea presentado ante el Ministerio Público, tal como está establecido en la Ley 10-07, que crea el primer organismo dependiente de la Presidencia de la República.

5.- Dar oportunidad a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que requiera los informes de auditorías difundidos, a los fines de su examen jurídico. La prensa ha reseñado que esta instancia utilizó investigaciones de la Unidad Antifraudes de la Contraloría, creada por Abinader Corona, en el expediente de Donald Guerrero, preso por corrupción en Najayo. ¿Seguirá solicitando la Pepca, en secreto, datos a ese organismo oficial de control interno?

6.- Evidenciar las inobservancias o deslices administrativos menores no punibles, y la integridad de burócratas en el desempeño de su función gubernamental, para que se midan los niveles de escrupulosidad de los funcionarios durante su mandato.

La Pepca no solo actúa con informaciones de la Cámara de Cuentas, sino también de la Contraloría y los medios de comunicación, para profundizar en las investigaciones y determinar si existe o no involucramientos penales.  ¿Estamos?

Siendo así, ¿está el presidente Abinader Corona tirando petardos en el aire, o sentando un precedente en cuanto a la vigorización de la diafanidad en la gestión pública, en un Estado muy débil institucionalmente, históricamente corroído por el soborno y el cohecho, que brotan un hedor?

Asistimos a un proceso burocrático y socio-jurídico complejo e inédito en 94 años. Para decodificar e interpretar apropiadamente el mensaje transmitido, habrá que readecuar, con el ritmo circulatorio estable y sin tensión ocular, las estructuras cerebrales. Los binoculares son claves para observar con nitidez los “parches de cielo”, la Luna y los cometas.

En el concernido accionar gubernamental no podemos ver con unos lentes opacos y destartalados, en un estrechísimo diámetro y sin portabilidad. Opinar con objetividad demanda acuciosidad y agudeza investigativa, por lo menos con una lupa de un buen diseño óptico (jamás colocándonos unas gafas negras debajo de rayos solares) y un excelente cristal, en una equilibrada temperatura.

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Desde el descubrimiento de América en 12 de octubre de 1492 las tierras habían permanecido indivisas hasta los albores de la independencia de las colonias en 1776 y los propietarios la adquirían por asignación del gobierno de las colonias españolas, bajo un escrito que le encomendaba una de determinadas cantidades de terrenos, no necesariamente le acredita la propiedad, esto se hacía para poner la tierra a producir para beneficio de la metrópoli de España. Se le asignaban cantidades de esclavos o encomendados para trabajar las tierras.  La tenencia de las tierras era un derecho que cedían a personas con méritos y especialmente a los primeros conquistadores, civiles y militares.

En el caso de la República Dominicana antes de su existencia (1492 -1821), el gobierno de la Isla era presidido por autoridades emanadas y en representación de la Corona de España, las tierras eran propiedad de la metrópoli de España y su uso debería ser autorizado por aquellos virreyes o gobernadores designados por España. Luego surgió el sistema de encomiendas, que consistía en asignar determinada cantidad de esclavos a aquellos esclavistas para explotar las tierras asignadas y para beneficio de la colonia.

Con el surgimiento de la independencia de Haití en 1804 y la “liberación de los negros esclavos”, se construyó en la parte oeste de la Isla el gobierno de los rebeldes haitianos y se modificó el régimen de tenencia de las tierras, donde aquellos que habían hecho grandes aportes a la independencia haitiana se le asignaban para explotarlos, pero la gran cantidad de tierras era propiedad del estado. Los encomenderos perdieron el poder de explotar las tierras con el uso de esclavos y a muchos se le reconoció el derecho de tenencia de las tierras ocupadas antes de la independencia haitiana.

El 27 de febrero de 1844 la República Dominicana logra la independencia de la ocupación haitiana, fue así, que con la llegada de la independencia y fundada la República Dominicana  en la parte este de la isla ya existían propietarios (Hateros), que disponían de grandes extensiones de tierras y también prevalecía el sistema de encomenderos y el nuevo gobierno del país tuvo que reconocer los derechos de propiedad a esos ocupantes de grandes extensiones de tierras, pero gran parte se quedaba como propiedad del nuevo estado denominado República Dominicana.

NO fue hasta tanto el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo se promulgó la ley de tierras o Ley No. 1783 del 18/08/48 sobre colonización agraria, a fin de legalizar los asentamientos campesinos agrícolas estatales realizados, a fin de propiciar el carácter empresarial del campesino dominicano. En el año 1947 que estableció un sistema de mensura catastral para reconocer las tierras de las familias dominicanas que se habían mantenido bajo su dominio, otorgándole un título de ratificación de que esas tierras eran de su propiedad y en muchos casos, cuando los dueños poseían muchas tierras, entonces Trujillo hacia un decreto y ordenaba al mensurero catastral del estado poner los bornes que representaban los límites de las propiedades.

Posteriormente a la muerte del dictador en el año 1961 y asumido al poder el gobierno del profesor Juan Boch en el año 1963, se establece una ordenanza que beneficiaba a los campesinos sin tierras (Ley 5879 de fecha 27 de abril del año 1962), con la finalidad de ejecutar los programas de Reforma Agraria en toda la geografía nacional, a través de la captación y distribución de tierras a los campesinos para transformar la estructura y producción agraria, mejorando las condiciones de vida en el campo dominicano para fomentar el desarrollo agrícola y el desarrollo económico de la nación, procurando también que hubiera una mayor equidad en la distribución de aquellos campesinos que no tenían nada.

La denominada “reforma agraria” fue una de las medidas tomadas por Juan Bosch al momento de convertirse en presidente constitucional de la República en el año 1963. La reforma llevada a cabo a través del Instituto Agrario Dominicano buscaba prohibir el latifundio y limitar la propiedad privada por causa de interés social. Además, buscaba darles facilidades a la clase campesina que vivía de la agropecuaria. Las parcelas asignadas eran de 50 tareas de tierra. “La reforma agraria no se limitaba exclusivamente al reparto de tierra, sino a ofrecer a los parceleros los recursos necesarios para su cultivo, tales como instrumentos de trabajo, semillas, créditos y atención técnica.”

La reforma también consagró el derecho de la familia campesina a tener tierra y obtener ayuda técnica. La medida no fue muy bien vista en algunos sectores de la sociedad y no perduró por mucho tiempo debido a que 7 meses después de haber tomado las riendas del país Juan Bosch fue víctima de un golpe de estado.

La mayor cantidad de tierras distribuidas y asignadas a campesinos fue mediante Ley de cuota parte del gobierno de Balaguer: Ley No. 126, que deroga y sustituye la Ley No. 134, sobre el Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, del 21 de mayo de 1971.  “Se declara de alto interés nacional la transferencia en favor del instituto Agrario Dominicano de los terrenos que el Estado Dominicano capte por aplicación de la Cuota-Parte para ser incorporados a los planes y programas de Reforma Agraria. Por tanto, el Instituto Agrario Dominicano (IAD)”. Fue en la época del gobierno de Dr. Joaquín Balaguer, donde esté en un acto sin precedentes declaró la ley no.126, que estableció que aquellos dueños de minifundios y latifundios tenían que poner a disposición del estado la cuarte parte de las tierras que no estaban en producción, o sea el 25% y fue así como fueron favorecidos miles y miles de campesinos sin tierras e integrados a l proceso productivo.

El derecho a la tierra es un tema fundamental de los derechos humanos. El acceso a la tierra es la base para el acceso a la alimentación, la vivienda y el desarrollo. En muchos países, el acceso a la tierra y los derechos sobre ella suelen estar estratificados y basados en un sistema jerárquico y segregado donde los más pobres y menos educados no tienen seguridad sobre la tenencia de la tierra. El control del derecho a la tierra ha sido históricamente un instrumento de opresión y colonización¹.

Si en el ayer fuimos prósperos y equitativos, hoy más que nunca existen campesinos sin tierras, pero lo más importante es que aquellos que tienen sus tierras puedan ponerla a producir con el apoyo del gobierno, ofreciéndoles créditos agrícolas, asistencia técnica, habilitar más acceso al agua, cambiar la técnica de regadío por inundación por la técnica o sistema de goteo y asegurar comercializar de la producción en los mercados nacionales y extranjero.

En la actualidad el estado es propietario de grandes cantidades de terrenos que permanecen baldíos y se hace necesario incorporarlo al sistema de producción nacional y bien podría asignársele nuevas cantidades de tierras a todos esos campesinos que no tienen tierras y que con su trabajo contribuirían a forjar un mejor futuro para su familia y por ende para el país. Estamos a tiempo de seguir distribuyendo tierras a nuestros ciudadanos, que son definitivamente los que defienden nuestra patria.

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