MOCA.- Miembros de asociaciones de productores de huevos marcharon este martes en este municipio de la provincia Espaillat, en demanda de que el Gobierno les incluya en los programas de ayuda a sectores afectados por la inactividad comercial con Haití.

Realizaron una caminata desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, después de una misa, hasta llegar al Monumento al Agricultor en la carretera Ramón Cáceres.

Manuel Escaño, presidente de la Asociación de Productores de Huevos dijo que esa entidad y otras del sector han estado ausentes en las comisiones en las que las autoridades han tratado la crisis actual.

BENEFICIAN A GRUPITOS DE PRODUCTORES

Dijo las ayudas dispuestas por el Gobierno se han implementado de manera incorrecta «en beneficio de grupitos de productores que han pretendido concentrar la producción cada vez en menos manos».

Escaño pidió al Instituto Nacional de Estabilización de Precios  que publique los nombres de las personas a las que han comprado el producto durante el proceso de ayuda de la actual crisis.

«Como representante de los cientos de pequeños y medianos productores exigimos que los temas relacionados con esta, la madre de las crisis, sean tratados directamente con nuestras instituciones, no con terceros que no nos representan», expuso.

LE MINTIERON AL PRESIDENTE ABINADER

El presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio, Ambiorix Cabrera, negó que hayan dejado plantado al Gobierno en varias ocasiones como dijo el presidente Luis Abinader este lunes en LA Semanal con la Prensa.

Justificó su ausencia a la primera convocatoria del Gobierno y aseguró que no fue convocado por segunda vez. “Al Presidente le dijeron que lo dejamos plantado, le hablaron mentira», expresó Cabrera.

«La única ocasión en que nos invitaron fue un domingo a las 8:00 de la noche para asistir al Palacio Nacional al otro día a las nueve de la mañana y les dije que no podía porque tenía una cita médica que no podía reprogramar”, indicó.

an/am

SANTO DOMINGO.- Los abogados del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, en prisión desde abril pasado por supuesta corrupción administrativa, exigieron este martes su puesta en libertad y «el cierre definitivo» del caso, que consideran un «absurdo jurídico».

En rueda de prensa, la defensa de Peralta, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticaron que éste continúe en prisión «sin que ningún tribunal le haya revisado la medida de coerción.

«Esto es razón suficiente, no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre total del proceso en su contra», señalaron los letrados en un comunicado leído a los medios,

También acusaron al Ministerio Público de ocultar «deliberadamente» información «vital» para la transparencia del proceso judicial.

Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre de 2022, «en base a las cuales está preso» Peralta, «son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio, ante los mismos fiscales casi 13 meses antes», señalan.

Según los abogados, el 27 de noviembre de 2021 Ventura dijo que entregó más de 527 millones de pesos «a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, en un apartamento en Piantini, sin que en ninguna parte de ese interrogatorio mencionara» al exministro.

Trece meses después, «cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público», Ventura «cambia totalmente su versión» y afirmó que entregó el dinero a otras personas, entre ellas Peralta, y que el encuentro se materializó en una oficina política en Bella Vista y no en el apartamento citado anteriormente.

Esta contradicción, apuntan, «deja preguntas imposibles de responder y actuaciones imposibles de justificar».

En abril pasado un tribunal envió a Peralta a la cárcel de Najayo junto al exministro de Hacienda Donald Guerrero, cuya puesta en libertad fue dispuesta la semana pasada.

En el expediente también figura el excandidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y extitular de Obras Públicas Gonzalo Castillo, en arresto domiciliario.

El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión para los veinte imputados en este expediente, pero al final varió la solicitud para catorce de ellos después de que estos admitieran su participación en la supuesta estructura de corrupción.

El presunto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.

Santo Domingo, 24 oct.- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte solicitó a un tribunal de esta jurisdicción dictar apertura a juicio en contra de tres personas y una empresa involucradas en una estafa financiera en perjuicio de 117 personas.

A través de un comunicado, el Ministerio Público precisó que los imputados son Marvin Joel Soriano Robles, gerente de la empresa; Roxanna Milagros Villeta Gómez (pareja sentimental de Marvin) y la abogada Noemí Ortiz de Salazar, así como de una empresa dominicana, cuyo nombre se omite por razones legales.

Según la acusación, Soriano Robles es el principal responsable de la estafa, extorsión y chantaje contra el grupo de estafados, «la mayoría vulnerables por su situación económica, quienes residen en diferentes sectores del municipio Santo Domingo Este».

Establece, además, que las víctimas eran contactadas a través de diferentes redes sociales y luego a través WhatsApp, donde los estafadores les ofrecían limpiarles el historial crediticio, exigiéndoles previamente el pago de diferentes montos, que iban desde los 50,000 pesos hasta los 200,000, con el argumento de que utilizarían el dinero para llevar a cabo el proceso.

Además, los imputados prometían a sus víctimas gestionarles préstamos, siempre de acuerdo con la acusación.

Luego, los supuestos estafadores les informaban de que ya tenían limpio su historial crediticio, dándoles un plazo para hacer el depósito de las referidas sumas, y les advertían de que, de no hacerlo, les subirían el interés y les embargarían todas sus cuentas bancarias, además de amenazarlos con quitarles sus vehículos y propiedades, para que pagaran contratos falsos.

En otros casos, luego de que los acusados obtenían copias de los documentos de identidad de las víctimas, embargaban sus cuentas, utilizando para ello contratos y pagarés notariales falsificados, los cuales eran enviados a distintas entidades bancarias, convirtiéndolos en deudores de la empresa. EFE

SANTO DOMINGO.- El Senado convirtió en ley este martes el proyecto para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio.

También los senadores aprobaron y convirtieron en ley el proyecto que sanciona el delito de abigeato que tipifica y sanciona el robo de ganado mayor o menor, vivo, sacrificado o descuartizado, informó el hemiciclo en un comunicado.

La primera iniciativa crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda, como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.

La pieza legislativa cuenta con 102 artículos y establece un sistema de administración, control, mantenimiento de los bienes que sean incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio, respetando siempre el debido proceso, así como su destino final en los casos en que se disponga su decomiso o se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.

El Incabide lo conformará un consejo directivo y una dirección ejecutiva, con su sede central en la ciudad de Santo Domingo, y podrá instalar oficinas regionales y provinciales, las cuales actuarán por delegación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

El consejo directivo lo presidirá el ministro de Hacienda, y estará integrado además por el procurador general de la República, el ministro de Economía y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Según la iniciativa, el monto obtenido por la venta de bienes se depositará en certificados de depósito en el Banco de Reservas hasta que se dicte una sentencia que determine su destino final.

En los casos en los que una sentencia definitiva ordene la devolución de los bienes incautados o secuestrados, las sumas depositadas por las ventas serán devueltas al propietario junto con los intereses generados hasta la fecha.

La pieza establece que los bienes que podrán ser vendidos anticipadamente son los de fácil deterioro y los que tengan un alto costo de mantenimiento.

Santo Domingo, 24 oct.- Un tribunal de la República Dominicana dispuso este martes la libertad bajo fianza para el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, de 27 años, detenido el pasado 15 de octubre en el país tras ser acusado de golpear a varias personas, entre ellas a un productor de musical local.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para Daniel Hernández, nombre real del cantante, pero la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia La Vega, donde ocurrieron los hechos, dictó en su contra una fianza de 500,000 pesos (unos 8,800 dólares) e impedimento de salida del país.

El rapero también tendrá que asistir a «charlas conductuales», de acuerdo con lo expuesto por su defensa al término de la audiencia en el tribunal, en cuyos alrededores se apostaron decenas de seguidores locales, muchos de ellos con camisetas con el rostro del cantante o luciendo el pelo pintado de varios colores, al igual que el estadounidense.

Desde la cárcel en la que está arresto, Tekashi 6ix9ine prometió «una sorpresa» en La Vega para sus seguidores si salía en libertad.

El cantante fue arrestado el 15 de octubre en un hotel de la turística provincia de Samaná, noroeste dominicano, después de ser denunciado por el productor Nelson Alfonso Hilario García, quien aseguró que le agredió dos días antes en su estudio de grabación en La Vega, donde se encontraba grabando la cantante dominicana Yailin «La Más Viral», actual pareja del estadounidense.

El rapero se presentó en el lugar acompañado de cinco personas, según la acusación, y le propinaron una golpiza al productor, «ocasionándole golpes contusos en la cara y la cabeza», así como a otras personas que se encontraban en el lugar, según una nota del Ministerio Público.

En diciembre de 2019, el rapero recibió una leve sentencia de dos años de cárcel por su pertenencia a la banda de pandilleros Nine Trey Gangsta Bloods, en Nueva York, a la que en el pasado financió.

El músico, que se enfrentaba a una condena de hasta 47 años de prisión por aquel caso, colaboró con las autoridades y ofreció testimonios en contra de otros miembros de bandas callejeras. EFE