Por Anelí Ruiz García
Puerto Príncipe (Prensa Latina) Más de dos mil personas murieron asesinadas, resultaron secuestradas o sufrieron heridas en Haití de julio a septiembre, confirmó la Oficina Integrada de Naciones Unidas (Binuh) para un notorio aumento de violencia y terror en la población civil.
Las mujeres y los niños constituyen 24 por ciento del total de víctimas y a la vez que unas sufren violencia sexual, los otros son reclutados para servir de informantes o de «antenas» de los grupos criminales.
También se registran ataques contra escuelas y orfanatos y en otras zonas capitalinas y departamentos como Artibonite, las pandillas intensificaron sus ataques en un intento por extender su control sobre otras áreas.
«Durante esos ataques extremadamente brutales, los miembros de las bandas mataron a quienes intentaban huir, incluidos niños, violaron en grupo a mujeres y niñas y destruyeron numerosas casas y edificios», relata el informe que reiteró el llamamiento a la comunidad internacional de acelerar el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad y respeto de los derechos humanos.
El documento, divulgado el pasado viernes, reveló que unas mil 500 personas murieron o sufrieron lesiones, entre ellas 36 niños, durante el tercer trimestre del año y muchas fueron víctimas de atentados a gran escala, sobre todo perpetrados por grupos criminales en barrios como Carrefour Feuilles en Puerto Príncipe, Meyer en Croix des Bouquets y Carradeux en Tabarre.
LOS NIÑOS, GENERACIÖN SACRIFICADA
Si bien la violencia en Haití gana cada vez menos titulares ante una crisis sistémica y prolongada, el impacto en los niños es abrumador.
Tras su segunda visita al país caribeño que concluyó el 31 de octubre, el experto independiente de la ONU en Derechos Humanos, William O´Neill, lamentó que toda una generación, en alusión a los menores, parece sacrificada por ese fenómeno.
Señaló que el futuro de la nación se ve amenazado por la dramática situación de sus niños y jóvenes, muchos de los cuales son víctimas, además, de falta de acceso a la sanidad, agua potable y alimentos, mientras que tienen grandes obstáculos para asistir a las escuelas.
O´Neill indicó que la situación resulta preocupante en los barrios controlados por grupos armados y lamentó que muchos niños sufren de inanición, «la forma más mortal de malnutrición», mientras que más de medio millón de jóvenes no tienen acceso a la educación, lo que hace que algunos de ellos sean reclutados por las pandillas ante la falta de oportunidades o el miedo a represalias.
A ello se suman las deficiencias del sistema judicial y la paralización del tribunal de menores que tiene graves consecuencias como superpoblación carcelaria de los infantes y la prevención preventiva prolongada.
De acuerdo con el experto, la prisión de menores de Puerto Príncipe, Cermicol, tiene una tasa de ocupación superior al 350 por ciento, así como condiciones antihigiénicas y sin acceso a agua potable, lo que expone a los niños a enfermedades.
«Los niños llevan años encarcelados por robar una gallina, unos zapatos o un teléfono, sin haber visto nunca a un juez», denunció.
Esos menores, además, se enfrentan al reclutamiento de los grupos armados que los utilizan como informantes para facilitar secuestros y robos. Las bandas les proporcionan regularmente comida y dinero, y pueden ser asesinados si intentan escapar de la estructura criminal.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
Al menos 200 mil personas tuvieron que escapar de sus hogares en el último año y medio, al tiempo que se intensifican las acciones de las pandillas y los enfrentamientos por el control territorial, confirmó el director general de Protección Civil, Jerry Chandler.
Advirtió que las cifras son solo una estimación obtenida de la suma de distintos informes realizados desde el estallido de las hostilidades entre grupos armados en Martissant, Cul-de-Sac, Carrefour Feuilles y Solino.
«Hoy nos encontramos en una situación particular en la que las personas se ven obligadas a huir de sus hogares y se encuentran sin medios de subsistencia. En este contexto, nuestro papel es organizarnos para prestarles el apoyo necesario», dijo el funcionario.
La mayoría de los desplazados se reúnen en refugios improvisados, carecen de agua potable, alimentos y protección contra el sol, la lluvia o el frío.
La más reciente ola de desplazados afectó a unas 40 mil personas que se albergaron en escuelas, plazas públicas, iglesias o en casas de familiares.
El desplazamiento está agravando «una crisis humanitaria ya de por sí compleja, con casi la mitad del país enfrentándose a niveles agudos de inseguridad alimentaria», señaló por su parte el Programa Mundial de Alimentos.
Deploró que mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables se «llevan la peor parte de un conflicto brutal en el que decenas de grupos armados se disputan el territorio».
Solución externa a la violencia
En medio del complejo panorama, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una misión internacional de seguridad para apoyar a la policía a combatir las bandas y mejorar de la situación de seguridad en el país, asolado por los secuestros, violencia sexual y de género, trata de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes, contrabando de armas, homicidios, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y redes delictivas, señaló la resolución.
La aprobación tuvo lugar un año después de la solicitud del Gobierno y en momentos en que las pandillas controlan más del 80 por ciento de esta capital. «La realidad es que la fuerza internacional no fue necesaria durante algún tiempo si se utilizaban las fuerzas locales de la mejor manera posible. Pero hoy el pueblo haitiano está desesperado. No hay lugar para retrasos en esta cuestión», sostuvo el partido Organización del Pueblo en Lucha quien fue muy crítico con la petición gubernamental.
No obstante, otras voces progresistas recuerdan las consecuencias de pasadas intervenciones, que introdujeron el cólera y sentaron las bases de los grupos armados que aterrorizan hoy al país.
Con o sin intervención en Haití urge un cambio que les permita a sus ciudadanos respirar, recuperar las fuerzas productivas, encaminarse hacia el desarrollo y no hacer realidad el chocante mensaje de la campaña que inundó las redes sociales a inicios de año: «Je suis en Haïti, je vais mourir bientot» (Vivo en Haití, voy a morir pronto).
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