Santo Domingo, 23 nov (EFE).- El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó este jueves que el informe de un grupo de trabajo de la ONU que solicita la puesta en libertad del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción, es fruto de «un ejercicio agresivo de lobbismo» que llevó a cabo para obtenerlo.

Según el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el documento no tiene ningún tipo de efecto para la acusación, ya que son los hechos recogidos en el expediente acusatorio los que determinarán su culpabilidad como presunto cabecilla del entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado con la Operación Medusa.

Camacho se expresó en estos términos en respuesta a preguntas de la prensa sobre el citado informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, conocido ayer y que recomienda la inmediata liberación del antiguo procurador y «concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el Derecho Internacional».

DEFIENDE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En cuanto a la arbitrariedad en la detención e irregularidades en el proceso contra el exprocurador que figuran en el texto del grupo de trabajo, Camacho señaló que el Ministerio Público ha actuado apegado a la norma y que cada una de las decisiones contra el exprocurador han estado sustentadas en los tribunales.

“La prisión de Jean Alain Rodríguez es el resultado de una audiencia de medida de coerción en la que se le impuso prisión preventiva», medida recurrida pero rechazada en apelación y que se mantuvo hasta el cese de la misma, cuando se cambió por arresto domiciliario, el cual el exfiscal cumple desde enero pasado tras haber pasado 18 meses encarcelado.

El titular de la Pepca opinó que el exprocurador debe concentrarse en defenderse de la acusación presentada en su contra por «haber utilizado el Ministerio Público para construir un capital económico que le permitiera construir capital político» mediante el diseño de «esquemas de corrupción en el Modelo Penitenciario, tanto en el Plan de Humanización como en el tema de los alimentos».

DICE MOVIMIENTO POLÍTICO FUE SUSTENTADO CON FONDOS PROCURADURÍA

También aludió al hecho de que Rodríguez tiene una organización, el Movimiento Político Renovación, que fue sustentada «con fondos del Ministerio Público, o una estructura de comunicación gigantesca para promover su figura y para atacar a líderes de comunicación a quienes llamó ‘lista de detractores'».

Asimismo, el antiguo procurador diseñó «un esquema para borrar información», pero «de eso Jean Alain no habla”, sostuvo Camacho, quien se mostró convencido de que es «imposible» que en un juicio «él pueda refutar los hechos de la acusación”.

HAY 41 ACUSADOS

En este proceso, además de Rodríguez, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En el informe de la ONU emitido en respuesta a una solicitud presentada por la defensa de Rodríguez en marzo de 2022, los expertos también reclaman al Gobierno dominicano una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación de libertad del exprocurador y la adopción de «las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos». EFE

mmv/acm

Grupo ONU censura detención del exprocurador J. Alain Rodríguez

Jean Alain exige sea cumplida recomendación ONU de liberarle

Santo Domingo, 23 nov (EFE).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este jueves una solicitud del general Julio de los Santos Viola, uno de los acusados en los expedientes de supuesta corrupción conocidos como Coral y Coral 5G, de ser liberado del arresto domiciliario.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que el tribunal también rechazó una solicitud similar que presentaron los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre, otro de los supuestos miembros del entramado de corrupción que presuntamente defraudó al Estado con más de 4,000 millones de pesos.

HA VIOLADO ARRESTO DOMICILIARIO

La información destacó que los fiscales solicitaron al tribunal que De los Santos Viola vuelva a prisión preventiva, porque supuestamente, ha violado el arresto domiciliario.

El Ministerio Público dijo que entregó al tribunal las evidencias que dan fe de que el imputado abandonó el lugar designado para cumplir su arresto domiciliario.

En mayo pasado, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la prisión preventiva que pesaba en contra del general De los Santos Viola, por medidas menos gravosas como el arresto domiciliario, impedimento de salida del país y el uso de un localizador electrónico.

CÁCERES SEGUIRÁ EN PRISIÓN DOMICILIARIA

En cuanto a Cáceres Silvestre, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de que sea mantenida la prisión domiciliaria, «ya que no ha sido presentado ningún nuevo documento, ni han variado las condiciones que llevaron a esta decisión del Sexto Juzgado de Instrucción».

Entre los acusados también figura el general Juan Carlos Robiou y Boanerges Reyes.

El Ministerio Público presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas.

Los involucrados en el presunto entramado de corrupción operaron en perjuicio del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre otros hechos delictivos.EFE

rsl

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el procedimiento de licitación pública llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.

Se trata de la tercera decisión emanada en atención al caso, del cual aún queda por decidir una solicitud de investigación, informó este jueves la DGCP en un comunicado.

En las dos primeras resoluciones se comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falso para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.

En la nueva resolución, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L. también se evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato.

Por ello, el órgano rector anuló el pliego de condiciones y, por consiguiente, el procedimiento de licitación pública nacional correspondiente, por violar la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación.

Las irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Al establecer requisitos excesivos y desproporcionados en la convocatoria, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar la instalación de 15,000 controladores y 40,000 intersecciones a nivel mundial, el pliego resultó restrictivo, lo que influyó en la baja participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva.

Entre las irregularidades e inobservancias al debido proceso, la DGCP también destacó que los peritos realizaron evaluaciones técnicas subjetivas y que, de forma deliberada, tan solo efectuaron validaciones de experiencia de uno de los oferentes participantes.

Igualmente, las evaluaciones realizadas por los peritos no se encuentran motivadas y se evidenció que se apartaron del debido proceso al recomendar la subsanación de aspectos técnicos que la normativa no permite porque suponen una mejora de la oferta.

Por consiguiente, lo que procedía era que el Comité de Compras rechazara esas evaluaciones por fundamentarse en criterios subjetivos, arbitrarios, discrecionales y deliberados.

En atención a estas irregularidades, el órgano rector reiteró que el Intrant debe aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento.

Esta resolución, que también se estará entregando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte del proceso de investigación que lleva a cabo se puede consultar de manera íntegra en la sección Marco Legal del portal web de la institución.