Acudí con mi familia a ver la película Freddy. Junto a mis hijos Orlando, Bianny y mi esposa Ramona, arribamos a una de las principales salas de cine ubicada en una de las céntricas plazas de la Capital.

Era sábado por la noche, un día después del estreno del film cinematográfico en la República Dominicana. En honor a la verdad no había fila para comprar las boletas de entradas, la sala estaba medianamente llena y muy confortable.

Todos en mi familia estábamos ansiosos por ver la película de uno de los exponentes del lenguaje audiovisual más trascendente del siglo XX y parte del siglo XXI.

Es que don Freddy Beras fue inmenso, encantador, frontal y controversial, sus actuaciones y comportamientos generaban pasiones, era difícil que su accionar en cualquiera de sus facetas pasara desapercibido.

Lo vivido por ese dominicano de excepción no es posible contarlo en una hora 45 minutos. Fue demasiada intensa su vida y trayectoria laboral para hacerlo en ese corto tiempo.

Ahora bien, al margen de toda consideración crítica al film en términos técnicos porque no soy especialista del tema, quiero hacer una observación que quizás muchos han pasado alto, pero que no deja de ser interesante y preocupante. Espero que la observación no sea mal interpretada.

Siendo Fredy Beras Goico un hombre de familia, amante de su familia, ¿cómo fue posible recoger parte de su vida y durante ese trayecto no hacer mención ni visibilizar a los hijos de su primer matrimonio, Freddyn, Ernesto y demás?. Pienso que, sin esto, la historia contada está coja, incompleta.

No sé qué pasó ahí, me pregunté porque no incluyeron esa parte. Es sabido que todo lo que fue Freddy durante todo su paso por esta vida no puede contarse  ahí , pero esa parte tan fundamental para él, no creo conveniente haberla excluido.

Quizás mi preocupación en este relato está tocando zonas muy sensibles y hasta prohibidas considerarán algunos, pero a ellos les digo que el primero en apoyar esta posición de seguro sería Freddy.

Ese Gordo de oro amó con locura a todos sus hijos, lo cual era evidente por su responsabilidad hacia con ellos durante el proceso de crianza y formación. Repito, con todo respeto, los hijos de su primera familia debieron estar ahí. Por lo demás todo muy.

Quezada.alberto218@gmail.com

La complicidad de los gobiernos peledeístas, patrocinada por Leonel Fernández y Danilo Medina, dejó en la orfandad a cientos de dominicanos (as), residentes en el país y el exterior que trabajaron durante años con el sueño de lograr un techo propio y esos sueños se los convirtieron en pesadillas al ser estafados con cientos de millones de pesos.

Arconim Constructora, razón social constituida legalmente el 29 de abril de 1999, con registro RNC 102344991, fue la promotora de decenas de proyectos habitacionales en Santo Domingo y Santiago, bajo el auspicio de los gobiernos presididos por los entonces presidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez.

Esta empresa, presidida por el pastor evangélico de Santiago, Miguel Ángel Genao Cabrera, le vendió sueños a través de supuestos proyectos de apartamentos a innumerables familias que luego de entregar cuantiosas sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos esperaban convertirlos en realidad; sin embargo, tras un largo tiempo de espera, sus sueños se convirtieron en una gran pesadilla. Fueron engañados.

Las estrategias de ventas argumentadas por los ejecutivos de esta constructora, se escondían bajo la sombra de la mentira mediante contratos leoninos, articulados por engañifas. Lo grave y lamentable de la estafa es que nace de las menospreciadas entrañas de un personaje que promueve la palabra de Dios, como Genao Cabrera.

Mediante el contrato de separación de inmueble número 3902, el 08 de diciembre de 2015, Arconim Constructora acordó con el autor de este artículo, entregarle, un año después del pago inicial sin intereses (15/03/2017), el apartamento que acordamos en un segundo nivel del jardín número siete del Residencial Allegro II, ubicado en la calle Yapur Dumit, zona universitaria de la ciudad de Santiago, razón social que nunca se terminó y; por tanto, tampoco se entregó, hasta que la susodicha compañía se declaró en quiebra, alzándose con cientos de millones de pesos propiedad de los acreedores de apartamentos.

El apartamento que nos confiere era Tipo A, con una extensión de 122 metros cuadrados de construcción, 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con un baño, sala, comedor, área de lavado, 2 parqueos, balcón, cuarto de servicio, piso en cerámica, puerta principal en dos paneles, closet y gabinete de cocina en pino tratado, con un valor total de 2 millones 275 mil pesos, que con un bono de primera vivienda (227, 000.00), sería pagadero en 2 millones 48 mil pesos, tras generarse el pago inicial de 364,000 pesos oro dominicano.

La compañía, sustentada por el Consorcio Hernández Abreu, Construcciones S.R.L., en los primeros meses siempre enviaba imágenes, dando a conocer los avances del proyecto, específicamente los trabajos en los jardines habitacionales y se comunicaban con los acreedores, pero meses después no hubo forma de comunicarse con ellos para recibir información sobre el estatus del proyecto.

Mi esposa y yo no pudimos escaparnos de la estafa. Hicimos ingentes esfuerzos por la devolución de nuestro dinero, o en su defecto, la entrega del apartamento, pero, ¿cómo íbamos a recibir dicho inmueble, si nunca se construyó?

La empresa se declara en quiebra y los reclamos de los adquirentes fueron dirigidos a un arbitraje en componendas con el gobierno de turno y la justicia de Santiago, una muestra más de que al dominicano siempre se les vulneran sus derechos.

La justicia de Santiago se ha convertido en cómplice de este robo contra el esfuerzo de cientos de dominicanos (as) que trabajaron a capa y espada para reunir el dinero, y con ello, depositar la confianza en los ejecutivos y propietarios de Arconim Constructora, a fin de obtener su apartamento, pero todo fue una farsa extremista que constriñe al ciudadano cuando se trata de exigir se le respeten sus derechos.

Esta estafa pública y sin respuestas del gobierno y la justicia dominicana, es uno más de los tantos casos que por influencias y enllavaduras políticas se quedan en la gatera.

mbaezjj@gmail.com

Yohan López, quien fue un invento como aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), está compelido, por respeto a quienes sufragaron por su candidatura, a iniciar un proceso judicial en torno a la chapuza/percance de los recién pasados comicios de ese muy cuestionado gremio profesional.

El declive de la imagen del CARD viene de la década de 1990, cuando acompañamos a un pasado presidente en una acción judicial por malversación de fondos, que terminó en la impunidad. Esa rumba ha seguido: “Ni por esas. Ni por esas ni por esotras”, locuciones adverbiales o unidad fraseológica con su origen en el siglo de oro, que significa que “a pesar de cuanto se diga o se haga”.

Les cuento que después de este servidor haber contribuido con el triunfo electoral de José Diego García para presidente del Colegio de Abogados, en el 2014, la decepción fue tan barriguda que no tuve otra alternativa que renunciar voluntariamente como encargado de relaciones públicas de esa entidad profesional. Concomitantemente, también dimitió Trajano Vidal Potentini, entonces su secretario de Educación, pero no sabemos por cuáles razones.

Aparentemente, estamos en presencia de un adefesio electoral, apropiado para ser dilucidado en estrados de la Justicia, circunstancia recomendable para excretar tejidos y órganos que están ocultos en el álbum de barras laterales sin pestañas y de un cajón doble. ¿Por qué Miguel Surún no ha permitido la realización de una auditoría por la Cámara de Cuentas?

El 10 de febrero de 2020 enjuiciamos públicamente el cometido de una porción de los abogados, bajo el título de “abogados prostituidos”. Oportuno es el momento para reproducirlo íntegramente:

Cuando toqué suelo capitalino, en 1976, mis ojos se abalanzaron hacia letreros colocados en paredes: «se alquila esta casa, menos a policías ni abogados». Inequívocamente, avivatos jurídicos incentivan la impunidad y acumulan fortunas amparados en la constitucional facultad de socorro, los tecnicismos, dilación de procesos, uso abusivo e intimidatorio del derecho y la prevaricación.

Los prominentes antiguos letrados e intelectualizados, a veces mientras más doctos, más descarriados tienen el cerebro- son campeones en la protección de los más connotados saqueadores del erario, narcotraficantes y malhechores, que para liberarlos utilizan los procedimientos más inverosímiles.

La Constitución establece la prerrogativa de abrigar a supuestos infractores para procurar la verdad, pero no obliga a asumir casos, a falsear documentos, sacar pruebas de expedientes, fabricar testigos ni a la litigación temeraria. Su nivel de escrúpulos determina cuál escoger o dejar a la Defensoría Pública. La búsqueda desenfrenada de emolumentos se tiende como una afrenta para una legión de jurisconsultos esclarecidos y honorables.

Un raudal de litigantes se ha prostituido: se apoderan engañosamente de pertenencias ajenas, son acusados de estafar, falsificar títulos de propiedad y otros documentos; se confabulan con delincuentes, fiscales, policías y alguaciles para integrar mafias, embargar sin cumplir el debido proceso y realizar otras prácticas anti-éticas.

Los abogados son los profesionales más desprestigiados y, como deriva, los que generan más desconfianza. Y, para coaccionar y engatusar, profanadores de siete leguas se infiltran en medios de comunicación, deteriorando aún más el buen nombre del periodismo, y se atrincheran en partidos políticos y organizaciones no lucrativas.

El Colegio de Abogados reveló, hace unos años, que más de 200 de sus miembros (pírricos en comparación con sus actos espurios) eran procesados por querellas presentadas por clientes, atrapados los togados por la falsa creencia de que -para tener éxito- hay que ser ponzoñosos y perniciosos.

Si de juzgar se trata, lo apremiante sería comenzar con el propio gremio, que hace tiempo abandonó su responsabilidad de controlar adecuadamente esta carrera y de proteger a los ciudadanos, que a través de un sello pagan su funcionamiento.

Ante este desorden explosivo y la caída de credos, se impone que ese Colegio sea saneado y relanzado, que las universidades revisen sus programas y catedráticos, y que en los expedientes no políticos la Suprema Corte sea más rigurosa en la sanción disciplinaria con los que delinquen -que pretenden obstruir apelando descabelladamente a los recursos-, para sentar precedentes.

El abogado es un auxiliar por excelencia de la Justicia, y su código manda a dirigir esfuerzos sanos, sin timar, para el triunfo de la ley y el derecho. Rentabilizan, no tanto la erudición y el interés por ingeniarse unos pesos sucios, sino la rectitud de conciencia y la nobleza.

jpm-am