En las democracias representativas, los partidos políticos constituyen los canales básicos para el desarrollo, la elaboración y la representación de los intereses y los puntos de vista políticos en los procesos electorales.

Se dice que las reservas es un conjunto de cosas que se reservan para otro momento en que se necesiten o para cierta circunstancia adecuada o especial.

Mediante la resolución 14-2023, la Junta Central Electoral (JCE) acogió parcialmente cuatro recursos de revisión sometidos por quince partidos, que demandaban que el porcentaje del 20 % destinado a las reservas se aplicará a nivel nacional.

Dicha resolución establece: «reservas de candidaturas podrán utilizarse para cederlas en pactos de alianza, lo que no implica que limitará la posibilidad de pactar alianzas de las organizaciones políticas, en tanto estas pueden aliarse en las candidaturas en uno, varios o todos los niveles de elección»

 Las alianzas se producen cuando existen dos o más partidos políticos que empujan a formalizar acuerdos electorales por las ventajas que otorgan los mayoritarios. Con este tipo de sistema, los partidos pueden compartir sus votos como parte de su alianza electoral. Los más grandes se expanden a buscar alianzas para incrementar sus oportunidades de lograr la mayoría de los escaños.

Estos celebraron acuerdos de colaboración sobre una amplia variedad de cuestiones, entre ellos la participación mixta en las elecciones. Tienen sus reglas y procedimientos para decidir quienes los representarán, tanto en las elecciones para presidente de la república, diputados, senadores, síndicos y regidores. En los casos que procede, los suplentes.

 Es tradición que los partidos políticos formen coalición preelectoral, para candidaturas que no incluye la presidencia; sin embargo, estos acuerdos se realizan precisamente para garantizar el triunfo del candidato a la primera Magistratura del estado en favor de quien encabeza la alianza.

Hemos observado cómo han estado reaccionando los aspirantes a diferentes posiciones para las elecciones de medio tiempo en los partidos que han anunciado reservas para futuras negociaciones. Se han tropezado con pretendientes cuyas candidaturas en diferentes demarcaciones son objeto de reservas. Están disgustados porque les afectan sus aspiraciones a los cargos congresuales y municipales.

La aplicación de las reservas a nivel nacional está provocando mudanzas hacia otros partidos de aspirantes con liderazgo en sus respectivas demarcaciones, para que les garanticen las posiciones que sus partidos se reservaron para pactar con el adversario.

Hasta ahora, los aspirantes a ser reelegidos a sus actuales posiciones y que han sido reservadas, se están desligando de sus partidos a fin de unirse a otro para convertirse en el candidato de su circunscripción. A esto se le ha llamado: “Transfuguismo”. Son aspirantes clave para ganar las elecciones, porque son ellos los que llevan a cabo las campañas en sus circunscripciones y supervisan el proceso electoral.

Cada vez que un partido que ha gobernado, cuando es desplazado, sus dirigentes comienzan a mirar hacia donde van a correr en busca de garantizar una posición, ya sea dentro del gabinete o una candidatura ganable por vía de las negociaciones.

Tenemos los casos: Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). ¿Qué es hoy en día? Un partido bisagra como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y por último, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual comienza por un proceso de ósmosis, a ser absorbido, ya que, algunos de sus dirigentes se han están mudando de parcela.

¿Cuál es el beneficio de las reservas para los partidos? Hasta hoy, amenazas de fugas de líderes en sus demarcaciones.

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POR JOSE ADALID MEDRANO M 

En la era digital, las plataformas juegan un papel cada vez más significativo en la formación de los hábitos e identidades de los jóvenes, lo que con una adecuada educación y regulación puede traer beneficios, pero si no actuamos puede conllevar consecuencias perjudiciales, particularmente en relación con las adicciones futuras. 

El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que le permite al adolescente construir su proyecto de vida y su identidad sin injerencias arbitrarias, por lo que cada vez más debe debatirse sobre el impacto de las plataformas digitales en este proceso individual que tiene repercusiones comunitarias con la influencia en red de unos con otros. 

Conforme la brecha digital se reduce en la República Dominicana, evidenciado por un aumento del 24% en las líneas de Internet móvil activas en los últimos dos años según el reporte de Indotel, las plataformas digitales juegan un papel cada vez más esencial en la autodeterminación de los individuos.

 Aunque los adolescentes seleccionan los medios en los que participan y a quiénes siguen basándose en su identidad actual o deseada, tal como sugiere el Modelo de Práctica de Medios de Jane Brown, los algoritmos, los anuncios y publicidad oculta (ej. influenciadores) van más allá de estas elecciones iniciales e influyen de enorme manera, a menudo sin el pleno conocimiento de estos. 

Los algoritmos, que sugieren contenidos basándose en una variedad de factores, como los intereses del usuario y los gustos de personas con características similares, no suelen ser transparentes y no protegen a los menores de algunos abusos dirigidos a ellos. 

Los abusos de la industria del vapeo hacia los menores de edad   

La industria del vapeo ha sido acusada de construir y promover sus productos de manera que sean atractivos para la juventud. En los Estados Unidos, una empresa tuvo que resolver una demanda de $462 millones con varios estados, tras ser acusada de comercializar agresivamente sus cigarrillos electrónicos a los jóvenes. 

En Reino Unido, de manera similar, se descubrió que una marca líder de cigarrillos electrónicos estuvo siendo promovida por influencers en medios sociales, quienes en algunos casos afirman recibir compensación por sus publicaciones. Como agravante, estos contenidos al ser promovidos por algoritmos (ej.TikTok) no contienen  restricciones de edad y si muestra ser popular entre grupos de jóvenes se les podría recomendar de manera más intensa.

 En República Dominicana, en menor escala, hay contenido digital  de este tipo dirigido a adolescentes, por lo que también es una buena noticia que exista un proyecto de ley que propone una prohibición sobre la promoción de estos productos, en medios dirigidos a menores de 18 años.

 A nivel global, debemos discutir más sobre estos temas, con el fin de proteger a nuestros menores de las múltiples amenazas que surgen en medios digitales.

adalidmedrano@gmail.com

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

El derecho a la reparación de las víctimas de violaciones manifiestas es un principio fundamental del derecho internacional. Por primera vez en la historia de la justicia penal internacional, las víctimas cuentan ahora con un recurso que les permite solicitar una reparación ante un tribunal internacional.

Antes que la Corte Penal Internacional se estableciera no existía ningún régimen internacional que permitiera a las víctimas solicitar y recibir reparaciones por parte de los perpetradores individuales. Las víctimas no pueden solicitar reparaciones ante los tribunales internacionales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, y los jueces sólo pueden dictar órdenes de restitución de la propiedad.

La única esperanza con la que cuentan las víctimas de obtener cualquier tipo de compensación es interponer sus reclamos frente a las cortes nacionales sobre la base de las sentencias dictadas por los tribunales internacionales.

Durante las negociaciones del Estatuto de Roma, varios Estados expresaron su preocupación respecto a que la Corte se saturaría a causa de la cantidad de demanda de reparación. Diferentes Estados con tradición jurídica en el derecho común o anglosajón enfatizaron que sus sistemas jurídicos nacionales no permitían que los reclamos de reparación del daño se presentarán durante los procedimientos penales y argumentaron que, en su capacidad de una Corte Penal, la CPI no debería considerar reclamos que eran propios de las cortes civiles.

Cabe destacar que eventualmente los Estados aceptaron considerar propuestas para concederle un papel a la Corte que le permita otorgar reparaciones, situación que fue lograda gracias al trabajo de cabildeo efectivo por parte de las ONGS. El régimen de reparación que fue finalmente adoptado esta contenido en el artículo 75 del Estatuto de Roma  y se desarrolló con más detalle en las reglas 94 a 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba.

El artículo 75 del Estatuto dispone que la Corte pueda dictar órdenes de reparación, en beneficio de las víctimas, a personas condenadas. La Corte Penal Internacional no está facultada para dictar órdenes de reparación en contra de Estados.

El régimen de reparación es independiente de la participación de las víctimas en los procedimientos. Las víctimas no tienen que participar en la fase preliminar y/o de primera instancia de los procedimientos para poder solicitar y/o ser elegibles para obtener reparación.

El Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas (Fondo Fiduciario) es uno de los aspectos más importantes de las disposiciones sobre las víctimas contenidas en el Estatuto de Roma. El Fondo Fiduciario fue establecido en base al artículo 79 del Estatuto, la Regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, y la Resolución 6 de la Asamblea de los Estados Partes, adoptada el 9 de septiembre de 2002.

Los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda no dispusieron del establecimiento de fondos fiduciarios. Este factor ha sido un defecto fundamental en la contribución a la justicia para las víctimas por parte de estos dos tribunales. En efecto, el Fondo Fiduciario fue creado en parte como resultado de las experiencias de los tribunales precursores de la Corte Penal Internacional.

Finalmente, el Fondo Fiduciario tiene dos papeles principales. En primer lugar, bajo el artículo 75, la Corte puede ordenar que la reparación sea entregada por medio del Fondo Fiduciario en vez de directamente a las víctimas. En dicho caso, el Fondo Fiduciario será responsable de la implementación de las órdenes de reparación.

En segundo lugar, el Fondo Fiduciario tiene un mandato más amplio: la utilización de las contribuciones voluntarias que recibe para ejecutar proyectos destinados a asistir a grupos más amplios de víctimas, las cuales no necesariamente habrán sufrido directamente a causa de los crímenes específicos atribuidos al individuo que en particular se encuentra siendo juzgado por la Corte Penal Internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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