Una alianza bien estructurada y de buena fe entre los partidos y movimientos que conforman la oposición al gobernante PRM y al presidente Luis Abinader le habrían garantizado un mejor desempeño a nivel de alcaldías en la prueba de febrero y –ya con números y ánimos mejor situados– también les colocaba en mejores condiciones para lograr un congreso más plural y proponerse ganar el control del poder político del pais en mayo.

Pero egos y odios al más alto nivel del liderazgo opositor, y quien sabe si hasta determinados compromisos sumergidos de algunos, han pesado más que una clara vocación de poder y una unidad de acero que les ponga en la ruta del éxito en las urnas.

Con segundas intenciones o no, desde un sector de la oposición –y desde el sector oficial, que era entendible– se ha importantizado en demasía las elecciones municipales, como fue el caso del expresidente Medina, que llegó a decir que lo que pasara en febrero sería una antesala de lo que ocurriría en mayo.

Por la experiencia de diversos procesos, muchos, entre ellos el expresidente Fernández, entienden que las votaciones para escoger a alcaldes y directores de distritos no son determinantes ni marcador certero de lo que habría de ocurrir en mayo con las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

Y pese a que el porcentaje más alto registrado fue el de la gente que no se movió ni animó a votar, y de ahí podría depender el triunfo en mayo, los números dados por la JCE (PLD segundo y PRM primero) ha alentado a unos y a otros quizá hasta perderse en lo claro.

Veamos: el segundo lugar del PLD, el objetivo primario de Danilo solo ha servido para alejar la posibilidad de una alianza total de la oposición desde la primera vuelta con un solo candidato a la presidencia. Sin pensar en que les podría pesar, los partidos de oposición irán separados, con la intención de forzar a una segunda vuelta.

Se nublan y no advierten que esa decisión, contraria a lo indicado por la inteligencia y la razón, es la mayor evidencia de sus consabidos desacuerdos. Olvidan también que un PRM, alegre y con la “logística” del poder a mano, apuesta a irse en la primera.

¿Y si pasare, porque que en política nada está escrito, qué habrían ganado entonces? Cabría el cuento de Bosch, del bizco, el toro y la ventana. Porque una oposición a entrar por ventana equivocada, se arriesga a que la atrape y la cornee el bobino verdadero.

El asunto es que unos y otros tendrán que hilar fino y trabajar duro, porque –a partir de los números de febrero, con “abstención” en un porcentaje mayor– nada está claro ni nadie puede cantar victoria desde ahora con respecto a las presidenciales de mayo 2024.

encar-medios@hotmail.com

jpm

POR CARLOS SALCEDO

Presiones internacionales para condicionar resultados electorales, elecciones amañadas, politilización militar y policial de las elecciones, abstenciones inducidas u obligadas y fraudes fueron parte de una historia de traumas electorales vividos en nuestro país desde el nacimiento democrático postrujillismo hasta 1994.

Nos encontrabamos en ese entonces al borde de estallidos sociales y hasta de una guerra civil, a raíz de las serias denuncias de trampas electorales atribuidas al entonces presidente Joaquín Balaguer y a su partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en las elecciones del 16 de mayo de 1994.

A pesar de la certeza del fraude, 2 meses y 16 días después de haberse celebrado las elecciones fue que la JCE proclamó ganador al PRSC y a su candidato presidencial Joaquín Balaguer. A raíz del engaño electoral y el torcimiento de la voluntad popular, se iniciaron en el país una serie de protestas violentas en los alrededores de la casa nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, puso fin al caos y desorden político provocados por las elecciones, a la desconfianza en los miembros de la Junta Central Electoral y a la crisis postelectoral, la firma, el 10 de agosto de 1994, por parte de Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, el jefe de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), John Graham, el Lic. Jacinto Peynado, monseñor Nicolás De Jesús (Cardenal) López Rodríguez y Lidio Cadet, entre otros representantes de la sociedad y de los partidos políticos, del “Pacto por la Salvación de la Democracia” o “Pacto por la Democracia”.

Fue dicho pacto el que posibilitó una reforma a la Constitución, para limitar el período presidencial, que en ese momento iniciaba el 16 de agosto, hasta el 27 de febrero de 1996; prohibir la reelección presidencial en dos períodos consecutivos; celebrar elecciones presidenciales y congresuales y municipales separadas y permitir la doble vuelta electoral; establecer la inamovilidad de los jueces como garantía de su independencia; y crear el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras importantes reformas normativas, con gran trascendencia política e institucional.

Aunque apresuradas, con dichas reformas y cuestiones por mejorar, como en toda obra humana, es innegable que, a partir de entonces, las elecciones nacionales, congresuales y municipales fueron contando, cada vez más, con un órgano supremo electoral en capacidad probada de organizar los comicios con el mayor nivel de credibilidad posible.

Podría decirse que, como bien afirmó la OEA en 2020, la mala gestión de la JCE fue la responsable de la falla en el sistema del voto automatizado en las elecciones municipales frustradas del 16 de febrero. Y que el problema fue tal que la JCE suspendió las elecciones aún donde no existía el voto automatizado. Igualmente, se podría aducir que el mismo pleno de la JCE también decidió luego posponer, a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria, las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del día 17 de mayo, convocando extraordinariamente a las Asambleas Electorales para elegir el presidente y vicepresidente de la República, senadores y Diputados, del Distrito Nacional y las provincias del país, como a los 5 diputados nacionales por acumulación de votos y los diputados, representantes ante el Parlamento Centroamericano, para el día domingo 5 de julio de 2020.

Igualmente, se puede indicar, aun con cuestionamientos de índole constitucional, que la JCE decidió que si ninguno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República alcanzara la mitad más uno de los votos válidos emitidos, las elecciones correspondientes se celebrarían el domingo 26 de julio de 2020.

Pero, lo cierto es que cada una de estas decisiones también contó con el respaldo de los partidos políticos y muchos sectores sociales, así que, al igual que antes, no hubo mayores trastornos que le restaran credibilidad importante a la JCE y al sistema electoral dominicano.

Recientemente, antes y durante las elecciones, algunos partidos llamaron los fantasmas, entre los cuales podemos mencionar el de un complot y el de un apagón electoral, este último supuestamente fraguado por el director nacional de inteligencia del Estado, todo con alegados fines de trastornar los resultados del certamen municipal y alusiones a prácticas, como el uso de los recursos del Estado, a través de los programas sociales del gobierno, tarjetas como las navideñas, los bonos, de luz y educativos y distribución de alimentos y electrodomésticos, campaña electoral a través de inauguraciones, compras de votos y promoción electoral en las afueras de los centros de votaciones, entre otros vicios.

Pero, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sin dejar de mencionar las debilidades existentes del sistema, atribuidas a las diversas fuerzas políticas en pugna, luego de elogiar, en su informe preliminar, la organización y garantías proporcionadas por la Junta Central Electoral a las elecciones, desmintió aseveraciones aparecidas en las redes sociales, enfatizando que, lejos de encontrar irregularidades, ha observado un proceso electoral ejemplar y que, contrario a las afirmaciones falsas que han circulado en diversas plataformas, la Misión de la OEA reconoce y aplaude el trabajo realizado por la Junta Central Electoral para asegurar unas elecciones municipales transparentes, organizadas y exitosas y refuerza la percepción de un sistema electoral robusto y confiable en República Dominicana.

Debemos reconocer los avances que ha tenido el sistema electoral dominicano, de manera especial por parte de la Junta Central Electoral, a lo que han contribuido la calidad e integridad de los miembros de dicho ógano constitucional, diversos actores y algunos partidos políticos; pero especialmente las veedurías sociales de los procesos electorales, iniciadas aun antes de las reformas constitucionales de 1994, como el aporte de la OEA y otras instituciones que han identificado las debilidades y las fortalezas encontradas en los procesos electorales y han permitido que hoy tengamos un sistema electoral robusto.

Si los partidos políticos no logran concitar la atención de una parte importante de los electores, deben revisarse y no vivir llamando fantasmas o espíritus de fraudes que ya murieron, que fueron vencidos ciudadana e institucionalmente.

Los políticos deben entender que, incluso, en la mayoría de los mitos e historias electorales reciclados, los fantasmas de las trapaserías, chanchullos y fraudes electorales son igualmente débiles, pálidos e imaginarios.

Obviamente, aun quedan tareas pendientes para fortalecer los procesos electorales. Pero, lo que más le falta al sistema electoral dominicano es la colaboración de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para atraer a la población votante a participar activamente en dichos procesos, garantizando la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;  el aporte, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; y, el servicio al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, como lo dispone el art. 216 de la Constitución.

La confianza de la población y de los actores políticos en los procesos políticos, particularmente los eleccionarios, contribuyen a fortalecer los mecanismos establecidos para la organización y realización de elecciones libres y justas y para fortalecer la estabilidad democrática del país.

Ya la gente ha venido despertando y los fantasmas de trampas no son más que eso, muertos que no resucitan o, que, al menos no debemos contribuir a su reaparición deliberada, poniendo en riesgo lo que hemos ganado en democracia y que estamos en el deber de seguir expandiendo y consolidando. carlos30salcedo@gmail.com

jpm

El 27 de febrero se considera la fiesta más importante entre las efemérides patrias del país, día en el cual el presidente en turno rinde cuentas ante el Congreso. Este acto ha ido perdiendo credibilidad, ya que muchos gobernantes aprovechan este escenario para destacar mediante cifras y datos impresionantes, buscando rédito político.

Mezclan verdades con medias verdades, distorsionan y manipulan la información. Conscientes de este proceder deshonesto, preferimos omitir ese contenido y referirnos al epílogo de este largo discurso, donde se evocaron las virtudes de nuestros patricios.

A continuación, algunos de los párrafos finales del discurso del presidente Luis Abinader: “Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir. Lo lograremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos; con el arrojo de Mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades; y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso hasta alcanzar el objetivo. Con visión, arrojo y voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de transformar el país del pasado en el país del futuro…” Fin de la cita.

A pesar de su gran elocuencia, en el fondo, se repite la misma historia que por décadas nos han vendido: palabras grandilocuentes y el mismo mareo que hoy parte de la población denomina “rendición de cuentos”.

En este discurso, el presidente revela una desconexión alarmante entre sus palabras y sus actos. Mientras hacía referencia a la visión de Duarte sobre una democracia plena, sus acciones demuestran lo contrario, especialmente el 15 de enero, al promulgar la ley 1-24, lo cual representó un golpe a la democracia y al estado de derecho consagrado en nuestra Constitución.

Si sus palabras fueran coherentes, habría derogado ese adefesio jurídico antes de presentarse ante el Congreso; sin embargo, sus hechos demuestran que su visión es diametralmente opuesta a la del padre de la patria.

El arrojo de Mella es muy diferente a la audacia mostrada el 14 de noviembre de 2023, cuando se presentó ante la nación intentando vender ilusiones, justificando así la concesión de nuestros aeropuertos por 37 años a cambio de sumas irrisorias. Este es un acto que nos llena de desaliento al notar que quien juró defender los intereses del pueblo actúa en sentido contrario.

La voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para liberarnos del opresor, contrasta con la voluntad de esta partidocracia que entrega nuestra soberanía a través de endeudamientos injustificables, injustos e inmorales, contratos de alianza público-privada, fideicomisos públicos y la entrega de nuestros recursos naturales y económicos a grupos extractivos insaciables.

En el Frente Cívico y Social entendemos que el compromiso patriótico implica trabajar en beneficio del bien común, no en favor de intereses particulares o privilegiados.

En el FCS, reconocemos que nos encontramos en un punto crítico donde la inacción nos convierte en cómplices de nuestra propia ruina. El legado de nuestros libertadores, quienes soñaron con una República justa y soberana, está en riesgo. No es momento de guardar silencio; es tiempo de despertar, empoderarnos y actuar con determinación. ¡El momento de salvar la patria es ahora!

¡Despierta, RD!

jpm

El recién pasado proceso electoral, en donde se disputaron los cargos municipales en toda la geografía nacional los diferentes partidos políticos, estuvieron cargados de un sinnúmero de violaciones a la Ley Electoral, que debe llamar a preocupación seriamente a la sociedad dominicana, sobre todo, a la Junta Central Electoral como órgano rector del sistema.

Lo que pude observar en un recorrido que hiciera el día 18 por algunos recintos electorales de la capital resultó para mí deprimente, y en ocasiones indignante. Prácticas que entendíamos habían sido ya superadas hace años, volvieron a resurgir ese día con el mayor descaro, y ante la indiferencia irresponsable de los funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE) y la policía electoral.

Después de tantos esfuerzos realizados en el país durante años por adecentar estos procesos, resulta penoso decir que según lo que pudimos notar hemos retrocedidos 40 años atrás, en donde era cosa normal hacer proselitismo político en los recintos electorales, así como en cualquier esquina de la ciudad se observaba la compra bochornosa de cédulas y votos.

De conformidad con el Informe de La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), así como el Informe de Participación Ciudadana, las violaciones flagrantes a las leyes electorales durante el proceso sobresalieron casi en toda la geografía nacional, y lo que es peor, con la componenda y cofradía de la policía electoral y los funcionarios de la JCE.

Aquí compartimos algunas acciones señaladas en esos informes y que fueron corroboradas por nosotros ese día, las cuales son consideradas burdas violaciones las normativas que rigen esos procesos, impulsadas en su gran mayoría por el oficialismo.

En el señalado Informe de la misión de observadores de la OEA, se dejó establecido que durante todo el proceso se comprobó la compra de votos y cédulas por parte de fuerzas políticas.

Se hace necesario que la Junta Central Electoral (JCE), de manera enfática, se disponga a crear los mecanismos de lugar para combatir la perniciosa práctica de la compra de voluntades para que ciudadanos los favorezcan con el voto.

Esta práctica no sólo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio, y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral.

Otra práctica que se detectó fue el “abundante proselitismo político” en las inmediaciones de los centros de votación, llegando al extremo de asediar a los votantes; práctica que pensábamos ya había sido superada.

Las modalidades más utilizadas fueron: pancartas, propaganda impresa, gorras, guindalezas, camisetas, t-shirts y botones con identificación de partidos y candidatos.

Lamentablemente, los funcionarios de la JCE y la policía militar electoral jugaron un papel irresponsable en dicho proceso electoral, pues ante ese accionar irregular e ilegal no intervenían para nada, dando muestra, en algunos casos, de apoyo y confabulación con esos comportamientos y delitos electorales que dañan y laceran la democracia.

Otra violación fragrante fue la realización de una caravana de motoconchistas en promoción de la candidatura del candidato a alcalde del PRM en Santo Domingo Este, Dío Astacio.

Participación Ciudadana dijo en su informe, además, que una importante violación observada en varios recintos electorales fue la realización de encuestas a boca de urna, a pesar de que la Junta Central Electoral emitió una resolución que prohíbe la realización de estas encuestas.

La Ley 15-19, Orgánica sobre Régimen Electoral, indica que los que incurran en estos tipos de delitos podrían enfrentar la pena de seis meses a dos años de cárcel, y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público.

La JCE tiene el deber y la responsabilidad de garantizar elecciones libres, justas y transparentes, velando por el cumplimiento de las leyes electorales, por lo que la misma está en la obligación de investigar a fondo todas las denuncias de irregularidades, así como tomar las medidas necesarias para evitar que esos comportamientos delictuales se repitan en futuros procesos electorales.

Confiamos en que, para las próximas elecciones del 19 de mayo, la JCE cumplirá fielmente con su deber de velar por la integridad y diafanidad de nuestras elecciones, brindando a nuestra sociedad garantías de que las situaciones irregulares reportadas en febrero no se repitan en mayo.

jpm