La jurisdicción policial tiene rango constitucional, art. 257 y convencional, CADH, art. 25. Es decir, que los tribunales penales policiales conforme al bloque de constitucionalidad están vigentes en nuestro orden jurídico.

Algunas opiniones de abogados, sugieren que la jurisdicción penal policial y militar fue eliminada por la ley No. 76-02 que instituye el Código Procesal Penal. Sin embargo, esto no es cierto.

Basta con leerse el artículo 257 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH-, cuyo tratado es parte de nuestro derecho por ser ratificada por el Estado dominicano el 21 de enero del 1978. La constitución mantiene la competencia de tribunales policiales para conocer infracciones de carácter policial y las faltas disciplinarias. Este mandato constitucional lo desarrolla y concretiza la Ley No. 285, que crea el Código de Justicia de la PN del 1966, cuya ley no ha sido derogada.

El Código Procesal Penal en los artículos 56 y 57 establece que jurisdicción penal conoce de manera exclusiva y por los tribunales creado por esta ley los delitos que se hayan cometido por acción u omisión que se encuentren en el código penal o una ley especial. Para muchos esta regla impide el establecimiento de los tribunales penales de corte militar y policial. Pues, eso no es cierto. Las leyes no pueden entrar en contradicción con los tratados internaciones y la Constitución.

El bloque de constitucionalidad reconoce los tribunales penales policiales y militares. A demás, el CPP tampoco impide ni deroga que ciertos hechos sean conocidos por los tribunales policiales. Veamos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas interpretaciones que hace de la CADH nos obligan y nos vinculan, ha retirado en su amplia jurisprudencia que «en el fuero militar sólo se puede juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”, Sentencia, Caso Nadege Dorzema y Otros Vs. RD, 2012.

Agrega esta Corte, que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias.

En el mismo sentido advierte la Corte IDH, que el traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas.

En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Es decir, que la Corte IDH reconoce esta jurisdicción.

En los casos donde ve involucrado el balance convencional entre la jurisdicción penal militar con violaciones a derechos humanos, ha reiterado el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción. Por tanto, y conforme a la jurisprudencia emanada del tribunal interamericano se puede identificar que esta jurisdicción especial podrá ser aplicable cuando: (a) los actos sean cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en servicio activo, (b) los bienes jurídicos afectados sean de la esfera castrense y (c) no afecten los derechos humanos.

La Corte también ha señalado que la posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un delito común y ordinario, por el sólo hecho de estar en servicio, amparado en una norma interna, implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar, aseveración contraria a la Convención, considerándola una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense.

La obligación de no investigar y juzgar violaciones de derechos humanos a través de la jurisdicción penal militar es una garantía del debido proceso, que debe ser respetada por los Estados Parte desde el momento en que ratificaron la Convención. Este tribunal ha sido claro en señalar que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

De la misma manera ha expresado que la jurisdicción militar se establece en diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas militares, y, por tanto, esta jurisdicción reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias.

Por otra parte, en relación con la naturaleza de los bienes jurídicos materia de la jurisdicción penal militar, es oportuno resaltar que la Corte ha manifestado que aún existen disposiciones que extienden esta jurisdicción especial sobre delitos del fuero ordinario cuando son cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo.

Al respecto, la Corte ha indicado que cuando esto se presente “es necesario que se establezca claramente la relación directa y próxima con la función militar o con la afectación de bienes jurídicos propios del orden militar.

El conocimiento de los delitos imputados a policías en el caso “operación Pandora” es competencia del tribunal penal policial. Pues, las conductas descritas corresponden a bienes jurídicos propios del orden policial/militar y no a violaciones de derechos humanos que si corresponden a la jurisdicción penal ordinaria. De conocer este caso un tribunal no policial estaría violando la constitución, la Convención ADH y el derecho al juez natural que tiene todo imputado.

El plan de seguridad vial anunciado el lunes por el presidente Luis Abinader y varios funcionarios es una iniciativa que de llevarse a la práctica debería tener un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad en el tránsito, un renglón negativo en el cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la región como principal causa de muerte.

Lo delineado apunta a una relevancia si se implementa en su plenitud, aunque se generan interrogantes que deben ser despejadas.

Una de ellas—probablemente la más trascendental—es qué hacer con los 3.7 millones de motocicletas que circulan sin ningún control por toda la República Dominicana, que representan el factor determinante para que el país tenga tan elevado sitial en las mediciones sobre siniestralidad vial.

La preocupación no es solo eso, sino que se fundamenta en las estadísticas disponibles—que son muy pobres, por cierto—sobre el impacto de los motores en el flagelo de los accidentes y el papel que estos juegan como causantes de fallecimientos y lesiones permanentes.

Las únicas estadísticas disponibles las recibimos luego de ocasiones especiales, como Semana Santa, Navidad y festividades que incrementan la movilidad vial, cuando las autoridades montan los llamados operativos.

70 por ciento

Al pasar balance de esos operativos puntuales nos enteramos que, en promedio, el 70% de los eventos viales, las muertes y las lesiones es aportado por las motocicletas, un medio de transporte que se ha masificado de manera inimaginable y sin controles efectivos.

Es decir, que al desagregar el factor motocicletas, las estadísticas relacionadas a accidentes viales tenderían a una reducción significativa, y, por consiguiente, nuestro país bajaría a los lugares menos punteros en cuanto a muertes, heridos y discapacidades permanentes que se derivan de ellos.

Esta dramática circunstancia nos lleva a ser escépticos respecto del resultado a obtener del importante plan que se ejecutará, pero también representa una decisión retadora para las autoridades.

¿Qué se contempla frente al desafío de millones motocicletas conducidas por desaprensivos para quienes no existen normas?

Y lo más relevante todavía: ¿Cuál será la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, y para quienes—frente a motoristas y “padres de familia” que conducen “conchos” y voladoras—las disposiciones son nulas?

Esta es la cuestión crucial para el éxito que todos esperamos, pues afrontar con determinación el caso de las motocicletas tiene un impacto económico y de salud pública cuyos alcances ni siquiera el propio ministerio es capaz de medir, conforme observamos cuando el presidente Luis Abinader requirió los datos a los encargados Víctor Atallah y Mario Lama.

Sin embargo, las consecuencias de los accidentes y su repercusión negativa en los planos de salud y laboral, se puede notar en diferentes lugares de trabajo, agencias de servicios gubernamentales como en los hospitales, adonde acuden personas en edad productiva con secuelas de esos eventos.

Una persona que pierde un miembro siendo el proveedor de su familia, genera una tragedia personal, económica y social, al dejar de llevar el sustento a sus dependientes como consecuencia de su discapacidad para el trabajo.

De modo que, el efecto motocicletas desencadena unas derivaciones trágicas en muchos sentidos, razón por la cual, al abordar el tema del tránsito, ese medio de transporte es fundamental.

Nelsonencar10@gmail.com

Esta es una sociedad que envía comandos confusos a los adolescentes. Por un lado gente “preparada” que defiende en medios de comunicación el derecho de esas personas a tener relaciones sexuales y por el otro, esos mismos ciudadanos usan esos espacios para criticar su sexualización y degradación.

Año tras año, los informes de las organizaciones no gubernamentales que afirman luchan por el bienestar de este segmento, enrostran al Estado  el embarazo precoz pero…

Creen que con entregar anticonceptivos o permitir el aborto está resuelta la situación, sin ir más allá, a causas profundas y cuando hablan de educación sexual, es una a su manera la que pretenden que el sistema educativo implemente.

Asumen que tienen la potestad de indicar cuándo un ser humano debe empezar su vida sexual y pretenden dejar a la familia fuera de esa discusión y hasta a las ciencias naturales, que establecen que el cuerpo está apto para el sexo a partir de los 18 o 19 años.

Pena y vergüenza ajena produce este desvarío que sumerge a menores de edad en un mundo al que entran precipitados como si  no tuvieran la vida entera para ser adultos. Promiscuidad, drogas, deserción escolar y otros factores de riesgos los arrastran.

Así, con patrones que promueven el exhibicionismo y comportamientos grotescos y  que tachan de retrógrados y conservadores a los que deploran esas conductas, tantos chicos y chicas consumen su existencia y están en todos lados, menos en la escuela, aunque acudan a las aulas.

Menos en asumirse como entes capaces de aportar primero a ellos mismos, como líderes de su propio destino y luego  constituirse en  hacedores de cambios en una sociedad cada vez más rota.

Giran entre la falta de orientación en el hogar y en los planteles y la exhortación indirecta de figuras influyentes, exitosas en sus desaciertos y camino a seguir para una masa que no ve más allá y que aumenta estadísticas como las del delito, la prostitución y el suicidio.

jpm-am

POR INES AIZPUN