POR EMELYN HERASME 

En la historia democrática de la República Dominicana pocos movimientos han demostrado tanta resistencia y capacidad de transformación como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). No se trata solo de un gremio docente, sino de un baluarte del sindicalismo, reflejo de la lucha incansable por la justicia social. La ADP encarna la importancia de la organización colectiva en la defensa de los y las trabajadoras.

Desde su fundación en 1970, la ADP ha sido el estandarte de la reivindicación docente. Sus luchas han garantizado aumentos salariales, mejores condiciones laborales y avances en la infraestructura educativa. No obstante, su impacto trasciende las aulas: es un símbolo de la capacidad de las personas trabajadoras para exigir dignidad y derechos en un contexto donde las élites han intentado históricamente desacreditar la protesta organizada.

Sin la firmeza de la ADP, la educación dominicana estaría aún más rezagada, y el magisterio, sumido en la precarización absoluta. Los detractores del sindicalismo han intentado imponer la narrativa de que los sindicatos son un obstáculo para el progreso. Nada más alejado de la realidad. La historia ha demostrado que el crecimiento económico y la equidad social no son posibles sin la participación activa de las personas trabajadoras en la toma de decisiones.

La ADP ha sido un dique de contención frente a las políticas de austeridad y las amenazas de privatización de la educación (que por cierto, nos respira muy de cerca), demostrando que la organización sindical es el único camino para frenar la explotación.

El sindicalismo no es un vestigio del pasado ni un capricho de ciertos sectores, es una necesidad imperiosa en sociedades donde las brechas económicas siguen expandiéndose. En RD, miles de docentes han sido históricamente relegados a condiciones laborales indignas, la ADP ha sido el escudo que ha impedido su desprotección absoluta. Defender el sindicalismo para garantizar que la educación pública siga siendo un derecho y no un privilegio.

Esta batalla no ha sido fácil. La ADP ha tenido que lidiar con intentos de debilitamiento, recortes presupuestarios y políticas que buscan socavar la estabilidad laboral del magisterio, sin embargosu resistencia ha servido de ejemplo para otros sectores, demostrando que la lucha organizada es la única vía para frenar el desmantelamiento de los derechos laborales.

Su rol social no debe verse con indiferencia, pues lo que hoy se conquista en el aula mañanabeneficia al conjunto social.

Es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre el liderazgo del profesor Eduardo Hidalgo, cuya destacada trayectoria, marcada por múltiples períodos al frente de la ADP, ha sido determinante en la defensa de los derechos del magisterio y la mejora del sistema educativo.

Su gestión ha impulsado reformas que han fortalecido la educación pública, mejorado los salarios docentes y garantizado la estabilidad de los jubilados, una población que muchas veces es olvidada por el Estado, y me quedo corta.

Que el profesor Hidalgo continúe liderando la ADP (2024-2027, con más del 62% de los votos)es una muestra de la confianza del magisterio en su liderazgo. No es un triunfo personal, sino el reconocimiento de una gestión que ha priorizado la dignidad del docente en un sistema que, de no ser por la resistencia sindical, seguiría arrastrando precariedades inaceptables.

El sindicalismo no es un enemigo del desarrollo, sino su garante. En la sociedad dominicana el individualismo y la fragmentación laboral han debilitado muchos movimientos reivindicativos, la ADP sigue en pie, demostrando que solo a través de la organización y la unidad se pueden conquistar derechos.

Está claro, su lucha no es solo la de los maestros y maestras, es la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras que entienden que la dignidad no se mendiga, se exige. Y en esa exigencia, el sindicalismo es y seguirá siendo la trinchera más firme contra la desigualdad.

jpm-am 

La primera campaña abolicionista, desatada por Beccaría, fue colocada bajo el patronazgo de la filosofía humanitaria: salvo muy raras excepciones, los criminalistas se habían mostrado hostiles a estas peligrosas innovaciones. Muyart de Vouglans, en Francia, consideraba Beccaría como un loco; en el extranjero, si algunos «déspotas ilustrados» habían abolido temporalmente la pena de muerte, a menudo era en contra de la opinión de los jueces que se sentaban en sus consejos.

Un nuevo movimiento en favor de la abolición se abre en el segundo cuarto del siglo XIX; se puede hasta considerar que se designe, desde 1822, con el informe de Levingtone a los Estados Unidos y con la obra de Guizot (De la Pena de muerte en materia política). Como antaño, los espíritus generosos se entusiasman, tal Víctor Hugo en Francia; pero el siglo XIX es, por excelencia, el periodo donde prestigiosos sabios, criminalistas prevenidos o publicistas distinguidos, se inclinan con una objetividad sin pasión sobre el problema de la pena de muerte.

La lista de sus trabajos bastaría, a sí sola, a formar un pequeño volumen; Por supuesto, han suscitado oposición, pero su influencia ha sido más eficaz y sobre todo más duradera que la de los protagonistas de la primera ola abolicionista.

La exposición de las diversas doctrinas relativas a la pena de muerte se revela particularmente difícil pues la opinión de los autores, partidarios de su mantenimiento o de su abolición, se funda en la mayoría de casos sobre concepciones muy ampliaos de orden filosófico, moral o jurídico, tales como la organización y la amplitud de los poderes del Estado.

La adopción de los principios directores que deben presidir a las reglas penales, la utilización de los datos de la experiencia o hasta el estudio teológico del destino humano, etc. También entre los abolicionistas, los argumentos avanzados y las conclusiones propuestas presentan las más grandes divergencias. Así, en Alemania, buen número de sabios se declaran adversarios de la pena de muerte: los unos atacan su legitimidad, los otros su eficacia; algunos se refieren a la organización de las penas otras a los principios del cristianismo; a veces ellos reclaman la abolición perpetua y total de la pena de muerte, a veces sellos consideran que ella no debe ser suprimida sino en función del grado de civilización y en algunos  países solamente, etc.

Las pasiones encienden a vez discusiones que habrían debido quedar sobre el plano estrictamente  científico: H. Becker, en su Teoría del derecho penal alemán, pretenden hasta que la abolición de la pena de muerte era demandada esencialmente por aquellos que podían temerla. Felizmente, esos excesos son raros.

En nuestra recapitulación de los diversos argumentos avanzados por o contra el mantenimiento de la pena de muerte, nos esforzaremos de limitarnos estrictamente al objeto mismo de nuestras investigaciones: las Teorias filosóficas como las manifestaciones personales serán descartadas, aunque ellas no sean sin interés. Por otro lado,  a menudo, una misma concepción filosófica puede conducir a tomas de posesión diametralmente opuestas.

Así la filosofo fía “utilitarista” de Bentham conduce un número de pensadores a considerar que la pena de muerte debe ser suprimida si ella no es útil_ apoyándose sobre esta base basan lógica, algunos autores, pretendiendo que la pena de muerte es de hecho inútil, demandaran su supresión…mientras que otros. La consideran como indispensable al orden social, justificaran su mantenimiento.

En la lista bastante larga de los sabios que se han inclinado sobre el problema y del cual se encuentra la enumeración en la tesis de Mohamed Allí Amini, notaremos los nombres más prestigiosos; en Francia, Charles Lucas y Francisco Guizot; en Alemania, los abolicionistas Eschenmayer y sobre todo Mittermaier, Becker y Haeschiner.

En Italia, la teoría de Romagnosi sobre el derecho de la defensa de la sociedad y el estado de necesidad conlleva un movimiento científico y político bastante fuerte en favor de la pena capital, mientras que muchos teóricos rejuvenecen la tesis de Beccaría, apoyando sobre argumentos nuevos  (Cesar Cantú, Carmignani, Albini,  etc.).

En Bélgica, los trabajos de Thonissen tienen una repercusión considerable. Es evidente que, buen número de autores, se encuentra subyacente, ya veces hasta explícitamente menciona, la necesidad de conservar una práctica antigua que ha fecho sus pruebas, y el temor de una innovación de la cual no se podría prever los resultados precisos: la defensa del orden establecido es un reflejo intelectual corriente entre los juristas de todo tiempo y de todo lugar. Y una de las razones más frecuentemente invocadas en favor de la pena de muerte es que es justo de proporcionar la pena a la gravedad del crimen. Con más o menos dicha, esta tesis  defendida sobre todo por los juristas alemanes es tomada prestada a las Teorías más generales: la de la “compensación moral” de Kant o la de la “reparación” de Klein.

Bien lejos de quedar en el dominio de la abstracción intelectual, esta argumentación es profundamente resentida por la conciencia popular, que reclama que cada hombre sea tratado según sus obras: por otra parte el pueblo, cuando es irritado por un descargo considerado como injusto, inflige el mismo al culpable una expiación sangrante y es la ley de Lynch, tal como lo conoce ciertos Estados americanos.

Muy cercano de la teoría de la “compensación” con la cual ella se confunde a veces, la necesidad de la “expiación, verdadera propósito de la pena, legítima la regla según la cual algunos crímenes abominables deben ser reparados con la muerte misma del culpable.

JPM