La crisis de reputación que sacude a Participación Ciudadana (PC) no está relacionada con mal uso de fondos provenientes del extranjero, sino sobre el rol que ha desempeñado con millones de dólares asignados por la cuestionada Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), por lo que resulta insuficiente afirmar que  se utilizaron “en la promoción de la democracia”.

Se incurre en un error distraer la atención pública con el bailoteo de acusaciones sin base probatoria contra periodistas porque lo que se sabe con certeza es que PC tuvo principalía en la nomina de USAID.

Ante los cuestionamientos por tan elevado financiamiento foráneo, directivos  de  esa organización remiten a sus detractores a su página web donde figuran informes contables, como si el tema fuera de  dilapidación de fondos  y no de posible ejecución de programas antinacionales.

Historia

Años antes de las elecciones de 2020 en República Dominicana se desarrollaron eventos políticos generados  por contradicciones políticas e institucionales, en los que participaron  mansos y cimarrones en papeles de como contendientes y árbitros.

Participación Ciudadana tuvo una actuación protagónica en un escenario enrarecido donde la falsa izquierda, la nueva derecha política y un entramado del empresariado cerraron fila en torno al propósito, como lo admitió uno de los coordinadores de Marcha Verde, de desalojar del Poder al partido gobernante.

No se sabe si lo de la Marcha Verde fue la expresión de la voluntad popular, del liderazgo de un grupo de comunicadores o si se trató de un improvisado coliseo montado por PC con fondos canalizados por Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Mike Pompeo, asesto la estocada final al bovino.

El financiamiento extranjero, aun con volúmenes tan altos como los entregados a PC, no se objetaría si va dirigido a entidades como Centro de Rehabilitación, Educa, o las dedicadas a la investigación agropecuaria, pero no cuando se dirigen a “la promoción de la democracia”, porque así fue que tumbaron a Juan Bosch.

Objeciones

Se objeta el uso excesivo de esos dineros en supuestos programas de “observación electoral”, en los cuales  los “observadores” son despojados del sentido de objetividad, porque sus informes deben concordar con  quienes aportan esos  recursos. Tampoco resulta valido promover una agenda de defensa a LGTB+ o al aborto, porque para eso no se requiere de mandato ni dinero imperial.

En vez de reclamarle a la oposición política que rinda informes, Participación Ciudadana debería explicar cuál ha sido el grado de complicidad o sumisión con la agenda de Washington promovida a través de la USAID.

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Primo Levi (1919-1987), químico italiano y sobreviviente de Auschwitz, se convirtió en un faro moral del siglo XX. Sus obras, como Si esto es un hombre (1947), no solo relatan el horror del Holocausto, sino que diseccionan los mecanismos que permiten la deshumanización masiva.

A través de su testimonio, Levi dejó una advertencia clara: los crímenes de Estado no nacen de la noche a la mañana, sino de pequeños actos de indiferencia, discursos de odio y la erosión progresiva de la empatía colectiva. La memoria del Holocausto, según él, no era solo un ejercicio histórico, sino una herramienta para prevenir su repetición.

En Los hundidos y los salvados (1986), Levi analizó cómo la indiferencia y la obediencia ciega pueden transformar sociedades enteras en cómplices de la barbarie. Insistió en que el fascismo no comienza con cámaras de gas, sino con la aceptación de discursos que dividen y deshumanizan.

La pregunta que formuló sigue vigente: ¿cómo sociedades consideradas civilizadas pueden caer en la barbarie? En el siglo XXI, con el auge de nuevas formas de autoritarismo y exclusión, sus advertencias adquieren una relevancia renovada.

Su vida es un recordatorio de que el sufrimiento no solo debe ser documentado, sino también analizado para comprender cómo evitar que vuelva a repetirse. Si bien la Segunda Guerra Mundial terminó hace décadas, los discursos que permitieron la Shoá no han desaparecido; han adoptado nuevas formas y siguen influyendo en la política y la sociedad.

Retórica del odio 

Las palabras tienen poder. Los discursos que etiquetan a grupos como “amenazas” o “inferiores” son el primer paso hacia la opresión. Líderes de diversas corrientes políticas han utilizado términos como “invasión” para referirse a migrantes, reproduciendo tácticas históricas de deshumanización.

En la Alemania nazi, los judíos fueron llamados “parásitos”; en el genocidio de Ruanda de 1994, los tutsis fueron descritos como “cucarachas” por la propaganda hutu. La repetición constante de estos discursos convierte la intolerancia en sentido común y prepara el terreno para la exclusión y la violencia.

Hoy, la retórica del odio se viraliza en redes sociales, donde la desinformación y la manipulación emocional disfrazan la intolerancia de “opinión legítima”. Plataformas como Facebook y Twitter han sido utilizadas para difundir mensajes xenófobos y teorías de conspiración, exacerbando la polarización social.

Levi habría advertido sobre este fenómeno: cuando las palabras se despojan de su responsabilidad ética y se convierten en armas, la violencia deja de ser una posibilidad remota y se transforma en una consecuencia previsible.

Los líderes autoritarios del presente han aprendido a disfrazar su retórica de odio bajo el lenguaje de la «corrección política invertida«, acusando a los defensores de derechos humanos de censura o victimismo.

Este fenómeno no es nuevo; en los años 30, el fascismo también se presentó como una respuesta a una supuesta crisis moral y social. Levi nos advirtió que el primer paso hacia el autoritarismo no es la represión directa, sino la distorsión del lenguaje para justificarla.

La creciente legitimación de estos discursos en medios de comunicación y en la política tradicional es alarmante. En países de Europa y América, políticos con agendas excluyentes han ganado popularidad al promover la idea de que ciertos grupos “amenazan” la identidad nacional.

La historia ha demostrado que estas estrategias de manipulación pueden conducir a episodios de violencia masiva si no se contrarrestan con educación y resistencia activa.

Tecnología amplificadora del autoritarismo

Las plataformas digitales, impulsadas por algoritmos diseñados para maximizar la interacción, pueden amplificar la polarización y el discurso de odio. En Myanmar, Facebook permitió la difusión masiva de mensajes antimusulmanes que contribuyeron al genocidio rohinyá en 2017, según un informe de la ONU (2018).

Un estudio del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, 2023) reveló que, tras la compra de Twitter por Elon Musk, los insultos racistas y antisemitas aumentaron un 61%. La tecnología, lejos de ser neutral, puede convertirse en una herramienta de manipulación y desinformación si no se regula con ética y responsabilidad.

El problema no es solo la difusión del odio, sino la manera en que los algoritmos priorizan contenido que genera indignación y reacción. En plataformas como YouTube, los sistemas de recomendación pueden llevar a los usuarios desde contenido moderado hasta videos de extrema derecha o teorías conspirativas en cuestión de horas. Levi, que entendía el poder de la propaganda, advertiría que, en la era digital, el peligro no es solo la mentira deliberada, sino la capacidad de las plataformas para reforzar prejuicios preexistentes y radicalizar sociedades enteras.

El anonimato en internet también permite la proliferación de discursos extremistas sin consecuencias reales para quienes los propagan. Esto ha dado lugar a comunidades en línea que normalizan y celebran la violencia, como foros de extrema derecha donde se planifican ataques terroristas o se difunden teorías de conspiración antisemitas. Estos espacios funcionan como incubadoras ideológicas que facilitan la radicalización de individuos.

A medida que la inteligencia artificial avanza, el problema podría volverse aún más grave. La capacidad de generar contenido falso de manera convincente —como deepfakes y bots diseñados para manipular la opinión pública— hace que la frontera entre verdad y mentira sea cada vez más difusa. Levi nos advertiría que una sociedad incapaz de distinguir la realidad de la propaganda es una sociedad en peligro.

jpm-am

A principios del 2024 se dio a conocer el caso en que un grupo de personas dijeron ser estafadas por el Sr. Enmanuel Rivera y sus relacionados.

Esa noticia trajo como consecuencia un nerviosismo entre los interesados en comprar sus viviendas o invertir en Bienes Raíces y fueron muchos los que paralizaron sus deseos de llegar a tener un techo propio o ser parte del interesante y fructífero sector inmobiliario.

De hecho, todo el año 2024 se caracterizó por una baja significativa en las ventas.

Como por arte de magia, el 2025 se inicia con algo muy parecido.

En esta oportunidad se habla de una supuesta estafa inmobiliaria en la que una empresa llamada Novasco Real Estate habría timado a un grupo de personas en el proyecto Bávaro Victoriana Residences, ubicado en Verón, en la carretera vieja de Bávaro.

No debería haber una sola estafa en ningún tipo de negocio y, mucho menos, en lo relacionado al Sector Inmobiliario.

Nada justifica que una o varias personas se asocien para dañar a los demás y, una sola persona que sea engañada en algo tan importante como sus deseos de llegar a tener un techo propio, es una verdadera calamidad.

Sobre quien o quienes se dediquen a desarrollar operaciones ilícitas del tipo que nos ocupa, una vez que se compruebe su culpabilidad debe caerles todo el peso de la Ley, de manera que sirva de ejemplo a los demás y a nadie se le ocurra volver a hacerlo.

Observaciones

Dicho lo anterior, quiero hacer algunas observaciones que considero podrían ser del interés de muchísimas personas pero, como no es noticia, ni llama mucho la atención, lamentablemente no se la dará tanta promoción como a los dos casos arriba señalados.

Lo que diré estará sustentado por la Oficina Nacional de Estadísticas, cuya página  les motivo a visitar y aquí les dejo como encontrar lo relativo al primer semestre del 2024 sobre la oferta de edificaciones, solo del Gran Santo Domingo: https://www.one.gob.do/publicaciones/2024/informe-de-resultados-del-registro-de-oferta-de-edificaciones-2024-1/?altTemplate=publicacionOnline

 Cito: “El Registro de Oferta de Edificaciones para su primera edición de este 2024, registró un total de 6,855 obras en la zona urbana de la Región Metropolitana…”

 “El 86.5% (5,931) de las obras levantadas permanecen activas y seguirán actualizándose en la próxima edición del ROE. En contraste, las obras finalizadas, que representan el 11.4% (782), y las inactivas, el 2.1% (142), salen del proceso de actualización”.

“El porcentaje de obras exclusivamente para venta disminuyó ligeramente, pasando del 12.6% en el semestre 2023-2 al 11.6% en el 2024-1, lo que podría sugerir una reducción en la actividad del mercado inmobiliario dedicado exclusivamente a la venta”.

Este último párrafo del informe de la ONE nos da una idea de lo negativo que resultan las noticias sobre las supuestas estafas inmobiliarias ya que, el temor que generan entre los compradores hace disminuir la demanda y, lógicamente, al haber menos demanda, el sector se contrae y los constructores paralizan o disminuyen el inicio de nuevos proyectos.

Realidad

Sin embargo, y de aquí en adelante les hablaré basado en mi experiencia de cerca de 40 años dedicado a la Asesoría Inmobiliaria, la realidad de lo que sucede en el mercado es extremadamente diferente a lo que se destaca cuando sucede UNA de las llamadas estafas inmobiliarias.

Si volvemos a lo señalado por la Oficina Nacional de Estadísticas para el primer semestre del 2024, donde vemos que, solamente en la Región Metropolitana hubo 6,855 ofertas de edificaciones, de las cuales un 11.6%, unas 822 son exclusivamente para las ventas y que para esas 822 propiedades puestas en venta hubo UNA supuesta estafa que salió a relucir, tendremos un porcentaje de 0.001 una suma ínfima que resulta de dividir 1 entre 822.

Si extrapolamos esos números a la realidad de toda la República Dominicana, tendremos que en decenas de miles de propiedades que se venden cada año, resulta sencillamente insignificante el hecho de que se produzcan una o dos supuestas estafas y que sea esto lo que más se destaque, en especial por algunos medios que realmente lo que persiguen es aumentar su audiencia sin importarles el mal que le hagan a todo un país.

Bajo ninguna circunstancia quiero justificar el hecho de que se estafe, engañe o time a nadie, definitivamente eso no debe suceder.

Lo que sí quiero dejar claro es, que nuestro mercado inmobiliario es uno de los más pujante de toda la región, que en el mismo existen miles y miles de empresas serias que desarrollan un trabajo que permite a las familias dominicanas llegar a tener un techo propio o realizar sus inversiones y tener excelentes ganancias y que no podemos permitir que una o dos supuestas estafas inmobiliarias afecten a todo el Sector Bienes Raíces de República Dominicana.

Termino solicitando a la prensa nacional que use sus medios para hacer un estudio serio y pormenorizado de lo que aquí dejo indicado, de manera que puedan investigar la realidad del mercado de los Bienes Raíces del país.

Les aseguro, sin el más mínimo temor a equivocarme que, si los periódicos, la televisión, la radio, las redes sociales, etc, hacen lo que les pido y resaltan sus resultados de la misma manera que algunos medios lo hacen con las llamadas estafas, tendremos a muchos miles de dominicanos y dominicanas decididos, con poquísimo o, sin ningún temor, a comprar sus viviendas o a invertir en el Sector Inmobiliario.

Estaré a la espera de sus informes y reportajes.

Mi gente, no permitan que nada ni nadie les mate el sueño de tener sus casas. Sigan adelante con la compra o su inversión en Bienes Raíces. Simplemente investiguen mejor a quien les compran. Pregúntenme. Será un placer servirles.

cesarfragoso75@hotmail.com

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A partir de que, en un ambiente de grandes cambios sociales y políticos, fue creado en Alemania, en el 1918, el primer Ministerio de Trabajo del mundo, se establecieron otros ministerios y departamentos en diversos países, dentro de los cuales estuvo la Secretaría de Trabajo que fundó, en el año 1942, la dictadura de Trujillo en la República Dominicana.

La Secretaría de Trabajo de la República Dominicana fue la quinta de América Latina, por lo que tomando en consideración el importante papel que juegan estas instituciones en la regulación del trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores, muchos se preguntan: ¿qué motivó al sanguinario dictador a crear esa institución?

Todo indica que lo que motivó la reforma laboral de Trujillo fue: 1) tener un mayor control social, 2) buscar legitimar el régimen dictatorial, 3) garantizar estabilidad económica, y 4) tener una mayor capacidad para reprimir a los opositores.

Aunque el código incluía derechos laborales, también contenía mecanismos que permitían al régimen reprimir cualquier forma de disidencia. Esto incluía la limitación de la organización sindical y la negociación colectiva, lo que aseguraba que los trabajadores no pudieran organizarse de manera efectiva contra el régimen.

No se puede negar el trascendente rol que, en muchos países, han jugado a favor de los trabajadores los ministerios o departamentos de trabajo, incluido el de la República Dominicana, que ha evolucionado a lo largo del tiempo a favor de la solución de las principales necesidades económicas, sociales y laborales del país.

Desde finales del siglo XIX y principios del XX se entendió necesario instituir un organismo regulador de los derechos laborales, motivado por el hecho de que, al margen de la agricultura, la economía comenzó a diversificarse, bajo el influjo de la industria azucarera y el crecimiento de las ciudades.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo ha sido objeto de varias reformas que, evidentemente, fueron el producto de los cambios en la economía y el mercado laboral, como la provocada por la Constitución del Dr. Balaguer de 1966, en la que se pudo observar una apertura coyuntural democrática a favor de las normas laborales.

Más adelante, durante los siguientes años, el mencionado organismo gubernamental se enfocó, principalmente, en regular los salarios, la negociación colectiva y la resolución de conflictos laborales.

Como es bien sabido, en 1992, después de cinco décadas, durante los últimos 10 años de los gobiernos de Joaquín Balaguer, se aprobó un nuevo Código de Trabajo que sustituyó el de Trujillo, en el cual se introdujeron modificaciones de gran trascendencia para la legislación laboral, incluyendo la ampliación de derechos para los trabajadores, la creación de nuevas instituciones como los tribunales laborales y la modernización de los mecanismos de inspección laboral.

Nueva reforma

Habiendo pasado 33 años, y en pleno siglo XXI, en base al viejo Código de Trabajo, mientras se espera una nueva reforma, el Ministerio de Trabajo asume como grandes retos la calidad y la formalización del empleo, así como tener un control efectivo del trabajo infantil, la igualdad de género y la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, este tiempo de la revolución digital, la automatización, la tecnología y el teletrabajo requiere urgentemente un nuevo Código de Trabajo.

jpm-am

En una ceremonia efectuada el miércoles 13 de agosto de 1980 en la hacienda “El Yunque”, en la sección La Amarga de San Francisco de Macorís, el presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández formalizó la expropiación de ese inmueble para asentar allí a 198 familias campesinas que se unieron a otras tantas que ese mismo día recibieron títulos provisionales de propiedad en 20 mil 668 tareas del vecino proyecto «Santa Ana”, de las cuales 7 mil 114 serían dedicadas al cultivo de arroz y las restantes 13 mil 554 a frutos menores, bajo la orientación del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

El evento puso de manifiesto la disposición del mandatario en ejecutar el programa de reforma agraria ofertado durante la campaña electoral de 1978 por su Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y dio un mentís convincente a la calumniosa invención de sus adversarios de que pretendía apropiarse de esa espaciosa estancia y del frecuentado hotel Lina, en la ciudad capital.

La expropiación de esta finca de 13 mil tareas se efectuó siete años después que el IAD recomendara incorporarla a la reforma agraria pese a la reacia postura de la familia Aguayo (propietaria), que desde 1973 reclamaba al Estado un precio justo como indemnización o resarcimiento económico por la vulneración de su derecho a detentar bienes lícitamente adquiridos.

La disposición gubernamental fue acatada durante breve tiempo por el señor Alfonso Aguayo, quien declaró a la prensa que su familia estaba en ánimo de negociar su situación con el gobierno de Guzmán, en base a la normativa jurídica prevaleciente en el país, aunque era doloroso prescindir de las tierras trabajadas con mucho esfuerzo y alta inversión por su finado progenitor Rafael Aguayo.

Esa declaración fue respaldada por el presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, Silvestre Alba de Moya, quien condenó su repartición en parcelas sin que interviniera un tribunal de Justicia que fijara por sentencia un precio justo de compra.

A juicio del exsecretario de Estado de Agricultura en el gobierno provisional del doctor Héctor Rafael García-Godoy, se había incurrido en “una flagrante violación a las disposiciones constitucionales” con la abrupta adquisición de una finca que había sido la mejor empresa productora de carne de la región del Cibao por su extensión, fertilidad, costosa infraestructura y su ganado de calidad y excelente rendimiento unitario, integrado por centenares de ejemplares de la raza Brahman.

La opinión de Alba de Moya difería, sin embargo, de la externada durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer por técnicos del IAD que recomendaron declarar de utilidad pública e interés social una porción de esas tierras (8 mil 341.24 tareas), originando el decreto No. 4154, del 10 de septiembre de 1973, emitido por el mandatario con la finalidad de impulsar la reforma agraria requerida por cientos de agricultores agrupados en el Movimiento Agrario Reformista (MAR) y en grupos independientes.

El artículo 2 de ese decreto establecía que “en caso de no llegarse a un acuerdo amigable con la propietaria del inmueble (María Rosa León de Aguayo), para su compra de grado a grado por parte del Estado dominicano, el administrador de Bienes Nacionales realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, para obtener la expropiación de los terrenos”.

El IAD sostenía que la extensión de dicha finca excedía el límite de cuatro mil tareas establecido por la Ley No. 314 sobre latifundio, promulgada por el propio Balaguer el 12 de abril de 1972, y basó su recomendación en un informe preparado por el doctor Peters Arens, por encargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que hacía referencia a la conveniencia de incorporar esas tierras a la reforma agraria luego de que se construyera y comenzara a operar el canal Cañabón, que distribuiría las aguas de la presa de Rincón en toda la zona y daría solución definitiva a las dificultades de desagüe.

Todo eso habría de influir en la determinación del gobierno de Guzmán de incorporar la hacienda “El Yunque” a la reforma agraria y en que se lo comunicara personalmente a la familia Aguayo, que a principios de 1980 le solicitó que formara una comisión oficial con su participación, para que «estableciera los linderos del terreno que adquiriría el Estado, mediante “una mensura catastral contradictoria”.

Por eso, la Dirección Nacional del Catastro Nacional procedió a realizar el peritaje en cuestión y concluyó con un informe de su directora, doctora Altagracia Español de Nanita, que indicaba que la finca comprada el 28 de enero de 1954 por el extinto hacendado Rafael Aguayo tenía un valor de un millón 42 mil 655 pesos (cada tarea costaba 125 pesos), y poseía -además del ganado- una siembra de 8 mil 200 tareas de pangola, cien matas de palma, trescientas de roble, trece de naranja dulce, doce de coco, veinte de naranja agria y una gran cerca.

Esa evaluación fue calificada de arbitraria por los afectados, en un comunicado publicado el 11 de agosto de 1980 en los periódicos Listín Diario y El Caribe, con las rúbricas de la señora María Rosa León, Rafael Aguayo León y Alfonso Aguayo León, quienes restaron validez a la expropiación, debido a la disparidad de criterios sobre el avalúo efectuado y por no estar acompañada de una justa indemnización fijada por un tribunal.

Los firmantes advirtieron al presidente que no estaban dispuestos a renunciar a su derecho de posesión, por lo cual se prepararían para exigir en los tribunales una rectificación gubernamental. También, le hicieron llegar las evaluaciones técnicas privadas realizadas sobre el valor la finca, que -según trascendió- podía sobrepasar los cuatro millones de dólares.

IAD implementa colectivización

Para administrar dicho asentamiento se designó -en su primera etapa- al ingeniero francomacorisano Pedro Jaime Tió, egresado del Instituto Superior de Agricultura (ISA) de Santiago, con estudios realizados en Israel sobre sistemas de riego y diez años de experiencia en labores agrarias, resaltada en los últimos meses por su destreza como gerente del IAD en la provincia de Dajabón.

Su primer cometido fue gestionar financiamiento del Banco Agrícola para construir caminos internos, solucionar problemas de drenaje y preparar los terrenos para la siembra de plátanos, habichuelas, sorgo y maíz, teniendo de refuerzo un equipo de profesionales de la planificación, la ingeniería civil y la sociología con la misión de orientar a los parceleros sobre el modelo de gestión que convenía establecer en ese proyecto y en las parcelas confiscadas a los hacendados Joaquín Ortega y Carlos Ramos Domínguez.

Así se fomentó una cultura de autogestión y la instauración de la denominada “empresa campesina” manejada por los propios agricultores, y se impuso un buen nivel organizativo para la conquista de beneficios comunes y la superación del viejo modelo de reforma agraria que fomentaba el individualismo y el minifundio.

La organización de parceleros, en unidades asociativas de producción, tuvo la juiciosa tutela del ingeniero civil Francisco Tomás Rodríguez (Frank), director del IAD y el significativo respaldo del partido blanco, por encajar en su plataforma programática y ser un paliativo para reducir la marginalidad urbana, disminuir la migración campesina hacia las ciudades y solucionar en parte el problema de la desocupación de manos de obra en San Francisco de Macorís y la región nordeste.

El secretario general del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, señaló que esa entidad defendía la reforma agraria que desarrollaba el presidente Guzmán porque coincidía -por su carácter liberal democrático- con la filosofía social de esa agrupación política, inspirada en los exitosos modelos de Japón, Italia, Taiwán, Israel y otros países con notables avances en la protección y control de la propiedad privada en el área rural.

Igualmente consideró que el asentamiento Aguayo aceleraría la industrialización de la región, la creación de pequeños negocios, la transformación de los trabajadores del campo en consumidores y el aumento de su capacidad económica para redimirse del desamparo a que estaban expuestos por la economía informal.

Litigio y tropiezos

Desde su llegada al poder en 1978 el presidente Guzmán se esforzó en aplicar las leyes sobre tenencia tierras y convertir los asentamientos rurales en empresas campesinas productivas; pero ese esfuerzo fue sensiblemente frenado por una sentencia de un tribunal de Montecristi que acogió la impugnación hecha por la familia Aguayo a la expropiación de su hacienda y ordenó al registrador de títulos abstenerse de realizar ningún tipo de transferencia en favor del Estado o en beneficio de terceros, ya que esas tierras estaban registradas con el certificado de título número 73-334, expedido en la oficina de San Francisco de Macorís.

Esa decisión judicial era inaplicable en las condiciones que vivía el país, pero fue un duro golpe a las aspiraciones de los campesinos de conseguir los títulos de propiedad de las parcelas adjudicadas,  porque no obstante ser apelada en el Tribunal Superior de Tierras, integrado por los magistrados Felipe Rodríguez, José Lora Castro y Humberto de Lima, algunos abogados como el doctor Eurípides Roques Román, exconsultor jurídico del secretariado Técnico de la Presidencia y experto en derecho agrario, ofrecieron declaraciones a la prensa asegurando que los documentos que el IAD les había proporcionado eran «totalmente inválidos e ilegales”, es decir, carecían de valor legal alguno por no estar asentados en el registro inmobiliario, de acuerdo con la ley 1542, promulgada el 11 de octubre de 1947.

Esas opiniones desanimaron a los campesinos asentados y desde entonces nada sería igual dentro del proyecto Aguayo, en razón de que comenzaron a tener pérdidas en las cosechas de plátanos, habichuelas y batatas en alrededor de 5 mil 700 tareas, debido a que descuidaron las labores habituales y abandonaron los planes de sembrar sorgo.

Ese cuadro desolador fue descrito de manera contundente por los periodistas Ricardo Rojas y Ramón Velázquez, en un reportaje del diario vespertino Última Hora, publicado en vida del presidente Guzmán, el jueves 11 de febrero de 1982, que daba cuenta de que “miles de tareas, aproximadamente la mitad del proyecto agrario Aguayo, que fuera sede de la hacienda ganadera Aguayo, expropiada a sus dueños por el gobierno y entregada a campesinos con bombos y platillos en agosto de 1980, permanecen ociosas llenas de hierbas y abrojos”.

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