Algunos regímenes penitenciarios de nuestros países latinoamericanos y del Caribe desde hace tiempo se han convertido en grandes incubadoras del crimen organizado. Nuestras cárceles están en crisis desde hace mucho tiempo. El hacinamiento ha creado grandes  problemas de los que se han podido resolver encarcelando a los sospechosos de manera masiva.

Los presos -muchos de los cuales no han sido ni siquiera acusados formalmente de ningún crimen- viven en condiciones deplorables e inhumanas que los hacen vulnerables a la coerción y el reclutamiento por parte las bandas criminales más sofisticadas y agresivas.

Los policías y guardias, así como los miembros del ejército, suelen abusar de su poder con respecto a los presos y participan en redes de corrupción que viabilizan la generación de más criminalidad.

Nuestras cárceles se han transformado además en incubadoras de la actividad criminal, escuelas de perfeccionamiento de los delincuentes con experiencia, y lugares donde los grupos criminales se organizan, entrenan a sus menores, reclutan y planifican más crímenes. Muchos de los que ingresan como delincuentes relativamente menores y poco violentos, salen de la cárcel como experimentados criminales que suelen reincidir.

Sin embargo, los gobiernos -si bien han redoblado sus esfuerzos para llevar a cabo capturas y enjuiciamientos como nunca antes se había hecho- no han logrado reaccionar de manera oportuna a las cambiantes circunstancias dentro de las cárceles, lo que ha permitido que los grupos criminales se fortalezcan, a la vez que ha minado los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana en toda la región y ha afectado la gobernabilidad democrática.

Las pandillas carcelarias internas se forman y funcionan bajo la lógica de las prisiones; suelen controlar las economías criminales más importantes dentro de las cárceles, como el contrabando de licor y drogas ilegales. Las pandillas carcelarias tanto internas como externas, son las más perjudiciales debido a que explotan las vulnerabilidades del sistema penitenciario para desarrollar operaciones criminales dentro y fuera de las cárceles.

Se denominan pandillas carcelarias ideológicas, aquellas que utilizan su ideología y disciplina para ejercer control sobre la población reclusa, a menudo con el fin de promover su causa política. Las pandillas carcelarias narcotraficantes utilizan su gran afluencia de capital, sus conexiones y su fuerza para dominar la economía de las drogas en las prisiones y, en algunos casos, para monitorear las actividades de tráfico de drogas fuera de los recintos carcelarios.

La tendencia a la violencia entre las bandas ha llevado a las autoridades a separarlas, pero con ello, y sin proponérselo, ciertamente lo que han hecho es acelerar su desarrollo. Existen en algunos países, pandillas carcelarias militares, en que participan los miembros retirados de varias fuerzas de seguridad, las cuales utilizan sus conexiones y su formación para controlar la economía de las prisiones y, en ciertos casos, muchas otras actividades de las mismas.

Olvido

Se puede afirmar, que las cárceles son la parte más olvidada de la cadena judicial. Los gobiernos las ignoran sistemáticamente y no hacen los debidos ajustes en las mismas, lo que permite que el sistema carcelario quede expuesto a la corrupción y la criminalidad. Las lastimosas circunstancias y la descomposición son sitios de leva para las organizaciones criminales.

La segregación en las cárceles es un arma de doble filo, que, en el mejor de los casos, disminuye la violencia en las prisiones, pero por otro lado fortalece a las organizaciones criminales. En esas cárceles hacinadas, la violencia y la disciplina destacan por sus fueros, saliéndose de las manos de las autoridades y conduciendo a medidas drásticas, como separar a los presos según a la pandilla a la que pertenezcan.

Esto no hace más que fomentar el desarrollo de las pandillas, que utilizan el espacio y el tiempo de los que disponen para estar juntas para organizarse mejor. Hay ciertas medidas diferentes al encarcelamiento, como la despenalización o la imposición de sentencias alternativas, así como algunos programas sociales, educativos y laborales para los presos.

A pesar de la evidencia de que las políticas de línea dura no funcionan, y por el contrario, favorecen a las organizaciones criminales, los gobiernos continúan confiando en dichas políticas más que en otras formas de castigó o en programas de rehabilitación.

Esas pandillas son muy diversas, pero comparten ciertas peculiaridades y orígenes similares. Es posible que dichas pandillas carcelarias sean distintas, pero todas tratan de suplir las necesidades básicas de los presos-desde la seguridad hasta las drogas ilegales-, y todas cuentan con la arraigada corrupción para poder accionar.

Es desde la década de los noventa -cuando las tasas de criminalidad y homicidios comenzaron a crecer en Latinoamérica y el Caribe, y los gobiernos empezaron a adoptar políticas más duras con respecto a las sentencias, la prisión preventiva, la actividad de las pandillas, el tráfico de drogas al por menor y el consumo de drogas- la población carcelaria de la región comenzó a crecer vertiginosamente hasta nuestros días.

El hacinamiento, la corrupción y los abusos han hecho que las prisiones sean lugares muy peligrosos, donde la supervivencia depende de alianzas nuevas y antiguas. Las cárceles son perfectos centros de reclutamiento, así como incubadoras para el crimen. Ellas permiten a los grupos criminales consolidar sus jerarquías, y se han convertido en refugios seguros y en bases de operaciones para las pandillas de las organizaciones criminales.

jpm-am

Escuché por primera vez a un conferencista venezolano advertir a un grupo de periodistas de diferentes países de Latinoamérica, España y el Caribe, en Sartenejas, Caracas, que “las guerras del futuro se producirán por el agua”. En principio fuimos escépticos, pero el tiempo dio la razón al reputado disertador venezolano.

Aunque no todas las guerras de estos últimos años se producen por el agua, los enfrentamientos entre países por el vital líquido, e incluso al interior de los pueblos, lejos de atenuarse se agravan a causa, mayormente, de la crisis climática. El periodista de Data, Erick Antonio Burgueno Salas, refirió que Asia ha sido la región del mundo en la que más conflictos se han escenificados por problemas acuíferos.

Citó datos del Pacific Institute que establecen que entre el 2020 y 2023 “se reportaron 543 conflictos a nivel mundial en los que el agua se utilizó como un arma o fue la causa o el objetivo de la violencia”. “Los conflictos hídricos en los últimos cuatro años –agrega-casi alcanzan el total de la década pasada, que fue de 629 casos, indicando una alarmante alza en las confrontaciones”. Apuntó que, “Del 2000 al 2009 se reportaron sólo 213 conflictos, alrededor de la tercera parte de los registrados en la década posterior”.

A los conflictos entre países por las aguas, se suman las controversias internas en las naciones por el control y comercialización privada del vital líquido. En el marco de políticas de privatizaciones que se discuten-a nivel global-, existe un entramado neoliberal que anhela asirse de la privatización del agua.

Este marcado interés por el control del agua en los países, no es fortuita, esto parte del afán de lucro incubados en grandes intereses globales, y por eso se entiende porque se busca, primero su privatización y luego convertir este producto de la naturaleza en una mercancía más, que monopolizada, podrá lograr precios inusitados como los niveles de la onza de oro.

Los conflictos con Haití

“Las guerras por el agua son enfrentamientos armados entre comunidades, ciudades, regiones o países por el control de recursos hídricos. El cambio climático y la escasez de agua son algunas de las principales causas de estos conflictos”, según resumen de IA (Inteligencia Artificial).

Un ejemplo de estos señalamientos se verificó con el conflicto que se suscitó en septiembre de 2023 en la frontera entre Haití y República Dominicana por la construcción de un canal en el río Masacre. Los haitianos insistieron en realizar la obra en violación a acuerdos entre los dos países, y pese, además, que expertos del país y extranjeros la consideraron inviable en el lugar donde lo construyeron los haitianos. El tiempo ha dado la razón a la parte dominicana.

La situación dio lugar al cierre de la frontera por parte del Presidente Luis Abinader y creó un clima de tensión de una magnitud que se temió que terminara una confrontación bélica.

“Esa obra fue afectada por las lluvias y se encuentra –a poco más de un año- abandonada y sedimentada”, expresó el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) Olmedo Caba al periódico Diario Libre durante una visita al proyecto de construcción de la presa de Monte Grande, la cual, según el funcionario, será el mayor reservorio de agua de República Dominicana y del Caribe.

Día Mundial del Agua

Precisamente, este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. La efeméride tiene “la finalidad de destacar la importancia de los recursos de agua dulce en nuestro planeta”. La fecha se conmemora desde 1993 y en 2024 enarboló como lema principal el “Agua para la paz”. Y eso ocurrió el año pasado cuando teníamos los conflictos con Haití y esa evocación resaltó cómo los recursos hídricos sirven de alternativa para “crear paz pero a la vez desencadenar conflictos cuando el agua escasea o está contaminada”.

Este día encontrará a la República Dominicana librando una lucha tenaz a nivel de gobierno con miras a resolver el problema de suministro de agua potable y regadío a poblaciones urbanas y rurales del país. Al respecto, el presidente Luis Abinader ha proclamado como logros de su gestión la multiplicación casi por cuatro la inversión en el sector del agua, el cual dijo tenía muchos años abandonado.

“Nosotros hemos multiplicado casi por cuatro la inversión que hemos hecho en agua, en este gobierno. Y cuando me dicen que eso no se ve, digo, no se ve, pero se siente. Se siente, y eso es salud”, expresó el mandatario durante el acto de inauguración de la ampliación del acueducto en Maimón.

Ese esfuerzo es loable, pero según nuestro parecer no ha sido suficiente, es necesario reenfocar la política para que sirva para incentivar la producción de agua, acudir a las cuencas y a las montañas, motivar la siembra de café y cacao como forma de impulsar la reforestación en las lomas.

La ley de aguas

El gobierno debe abrazar como un compromiso insoslayable, asimismo, la aprobación de una nueva Ley de Aguas. Recuerdo que en el año 2003 mientras laborábamos en el Banco Agrícola se introdujo una moderna Ley de Aguas para la época. Esa vez el Bagrícola me encargó de editar una revista y la portada la dedicamos a promover ese texto con un titular destacado: “Ley de aguas, compromiso para la vida y el desarrollo”. Había una gran expectativa en el sector para la aprobación de dicha ley, pero parece que entonces “todo se derrumbó”.

Muchos debates precedieron la presentación de dicho proyecto en el Congreso de la República. En esa oportunidad se habló mucho de sectores, incluso dentro de la propia agropecuaria, que estaban interesados en frenar el mismo. Se especuló también que existían intereses que querían una ley que privatice el control del agua, incluyendo el manejo de las hidroeléctricas. ¿Será verdad tanta belleza?

Fue el ingeniero Silvio Carrasco, entonces director del INDRHI, y el administrador del Banco Agrícola, ingeniero Radhamés Rodríguez Valerio (fenecido) entre otros funcionarios agropecuarios de la época, los principales propulsores de la Ley de Aguas.

ere.prensa@gmail.com

jpm-am