POR ASCANIO CRUZ MOYA

La región Sur de la República Dominicana, históricamente conocida como “la cenicienta” del país, enfrenta una encrucijada crítica que exige reflexión, unidad y acción. A pesar de su rica contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional —especialmente en sectores como la agricultura, la ganadería, la minería y el turismo—, sigue siendo una de las zonas más marginadas en términos de inversión pública, infraestructura y atención gubernamental.

Un ejemplo reciente y simbólico de este trato desigual es la construcción de la avenida circunvalación de Baní, una obra necesaria para descongestionar el tránsito y facilitar el comercio y la movilidad.

Sin embargo, esta vía fue diseñada y ejecutada con tan solo dos carriles, una decisión que ignora las proyecciones de crecimiento de la zona, las necesidades del transporte pesado y la importancia estratégica de esta vía en el corredor sur.

¿Por qué una región que tanto aporta al país recibe infraestructuras que ya nacen con limitaciones?

Esta situación no es un hecho aislado. Responde a un patrón histórico donde la región sur solo parece tener valor en tiempos electorales, cuando se convierte en terreno fértil para promesas que rara vez se traducen en hechos.

Es evidente que el sur ha sido postergado, a pesar de contar con un capital humano valioso, recursos naturales de gran potencial y una ubicación estratégica que podría convertirla en motor de desarrollo nacional.

Frente común

Ante esta realidad, la solución no puede seguir siendo esperar que desde el centro del poder político y económico se reconozca espontáneamente el valor del sur. Es imprescindible que los líderes comunitarios, empresarios, autoridades locales, sectores sociales y ciudadanos en general de toda la región sur —desde San Cristóbal hasta Pedernales— se unan en un frente común.

Solo con una voz fuerte y cohesionada se podrá reclamar con legitimidad y fuerza lo que por derecho les corresponde: obras de infraestructura de calidad, planes de desarrollo sostenibles, inversión pública equitativa y políticas que promuevan el crecimiento económico con inclusión social.

La unidad regional no debe ser una consigna vacía, sino una estrategia clara y organizada que impulse una agenda común.

Es momento de dejar atrás la fragmentación que ha debilitado históricamente al sur, y asumir una visión de futuro basada en la cooperación interprovincial, el fortalecimiento institucional local y la participación ciudadana activa.

La región sur no puede seguir siendo vista como una periferia olvidada. Es parte esencial del alma productiva, cultural y social de la República Dominicana.

El momento de actuar es ahora. El sur tiene con qué, y sobre todo, tiene por qué luchar unido.

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Tras la lamentable tragedia ocurrida en la icónica discoteca Jet Set, se ha puesto sobre el tapete la existencia de ciertos “vacíos legales” en cuanto a darle seguimiento a las condiciones bajo las cuales operan las edificaciones privadas que son frecuentadas por la ciudadanía.

Lo que a todas luces parece es que las instituciones públicas carecen de una herramienta legal que en otros horizontes llamarían “Gestión de Uso y Mantenimiento de Edificaciones”, aplicable a infraestructuras del sector privado que normalmente son usadas por los ciudadanos que buscan diversos servicios.

Es muy probable que existan ciertas normas aplicables sin ninguna rigurosidad a la explotación y mantenimiento de edificaciones hospitalarias, escolares, universitarias, museológicas, de uso o funcionamiento de órganos y entidades públicas.

Sin embargo, todo parece indicar que las instituciones gubernamentales no obligan la aplicación de normas sobre el uso y mantenimiento a las edificaciones privadas, como plazas comerciales, restaurantes, discotecas y otros tipos de instalaciones que son frecuentadas por la ciudadanía.

Conforme al dominio de conocimientos técnicos elementales, en la referida gestión se incluyen instrucciones de uso de una edificación en las que resaltan indicaciones encaminadas a conseguir objetivos que persiguen evitar la aparición de síntomas patológicos derivados de una inadecuada explotación, así como mejorar el confort, la salubridad y la seguridad.

Por su parte, en lo referente al mantenimiento de una edificación es necesario reglamentar el conocimiento de las operaciones que periódicamente se precisan acometer en la infraestructura para preservar la funcionalidad de la misma durante la vida útil para la que fue proyectada.

En nuestro país no existe una cultura de mantenimiento a las edificaciones, pese a que esa actividad es esencial para garantizar su longevidad, la seguridad de sus ocupantes y el funcionamiento eficaz de sus sistemas.

El mantenimiento de edificaciones incluye inspecciones rutinarias mediante comprobaciones periódicas de su estado físico para detectar y resolver a tiempo cualquier problema.

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), tiene entre sus atribuciones la de emitir y gestionar las reglamentaciones técnicas de las edificaciones públicas y privadas.

Es pues, a esa institución gubernamental que le corresponde elaborar un reglamento sobre Gestión de Uso y Mantenimiento de edificaciones públicas y privadas.

Esa normativa debe tomar en consideración que las edificaciones públicas y privadas están expuestas a cierta vulnerabilidad debido al riesgo de que sufran daños a causa de amenazas naturales, humanas o tecnológicas, flaqueza que depende de la resistencia y deterioro de la capacidad portante de las estructuras.

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