Nuestro país, al querer resorver un problema interno que afecta sensiblemente el quehacer nacional, ha tenido que enfrentar los embates sesgados de organismos y personalidades, nacionales e internacionales que dicen defender los derechos de los inmigrantes haitianos que emigran a esta parte de nuestra isla La Española. Hasta escritores famosos como el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, a lo mejor sin haber analizado concienzudamente la sentencia de TC, le han entrado a dos manos a nuestra nación. A pesar de que la sentencia 168-13 emitida nuestro Tribunal Constitucional, contiene un confuso y controversial elemento, como es el de la supuesta desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros; ésta constituye, el punto de arranque para resolver el viejo problema inmigratorio, que pondría al día el registro civil dominicano, legalizando a miles de extranjeros sin documentos. Dicha sentencia a dado pie a que las entidades relacionadas en todo el mundo a la defensa de los derechos humanos, tengan ahora un poderoso elemento para avivar su activa campaña de descrédito en contra del país. El que no obstante esa debatible, pero soberana e inapelable decisión constitucional, ha aportado más al bienestar de los haitianos que ninguna otra nación u organización nacional o internacional, ONGS, etc., que pugne por el respeto a los derechos de los inmigrantes haitianos. El Tribunal Constitucional, con esa sentencia, realmente solo está poniendo en practica un mandato constitucional, que ordena a los organismos del Estado responsables de aplicar las leyes en el campo inmigratorio, a que cumplan con preceptos constitucionales que definen claramente quien es o no es dominicano. Lo cierto es que la constitución del 2010 no cambió nada de las constituciones anteriores, en relación a este tema. Lo que se hizo en la promulgación de la nueva constitución, fue ratificar o dejar intacto, lo establecido por disposiciones constitucionales previas. Por lo que estos ciudadanos nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, no eran legalmente ciudadanos dominicanos antes de su promulgación; por lo que no existe desnacionalización y tampoco retroactividad. El articulo 18 de la nueva constitución, establece lo mismo que las anteriores: Que son dominicanos los nacidos en el territorio nacional, los hijos de padre o madre dominicanos. Y que no son dominicanos los hijos de miembros del cuerpo diplomático ni los de extranjeros en tránsito; definiendo como extranjeros en tránsito, también a los extranjeros ilegales. Por lo que los hijos de estos, constitucionalmente, no son dominicanos.Sin embargo, en lo que se refiere al problema humano que como legado de esos mandatos constitucionales tenemos ahora como secuela; debemos actuar con mucha cautela, tratando de resolver esta problemática de la mejor manera posible. De forma tal que salgamos de esta crisis sin lesionar nuestra soberanía nacional, pero sin dañar nuestro prestigio internacional.Por lo que se debería tomar en cuenta que existe otro artículo constitucional, que es el 74.3, que reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.Siendo el país signatario de varios tratados y pactos convencionales internacionales relativos al respeto de los derechos humanos, sería prudente tomar en cuenta éste artículo. De manera que basándonos en esta última premisa constitucional, podemos sugerir, que la solución a este drama de los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país, podría ser, el que se apruebe una amnistía general, otorgándoles la ciudadanía a los nativos. Y a los demás inmigrantes que han echado raíces familiares y por su larga permanencia en el país, darles una residencia permanente y la posibilidad de hacerse ciudadanos. Esto no implicaría lesionar la soberanía nacional ni nuestras leyes sustantivas. Luego de esto, solo nos quedaría la difícil disyuntiva de cuidar eficientemente la frontera, eliminando las redes de corrupción que hacen porosos los pasos fronterizos. Controlando así el flujo inmigratorio para evitar que se repita cíclicamente el mismo drama humano. Con esta solución ganarían los inmigrantes, y también el país en su armonía social y en su imagen, porque dejaría de ser el blanco de las críticas, justificadas o no, de los defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos.Entre tanto, dejando atrás el dilema de los haitianos, nuestro gobierno se abocaría más concretamente a enfrentar los serios y acuciantes problemas, deficiencias y atrasos, que aquejan al pueblo dominicano. Joseflandez8@gmail.com

Sin dilación, tenemos que “sembrar” el territorio nacional de clústers, pues es un hecho que ya estamos en la era de la asociatividad empresarial, de los encadenamientos productivos, donde –indefectiblemente- todos los sectores empresariales que deseen bajar costos, mejorar e incrementar la producción y servicios, y conquistar mercados locales e internacionales de manera ventajosas tienen que ponerse a tono con la misma. En efecto, a los fines de incrementar la competitividad de los sectores productivos nacionales, mejorar sustancialmente los niveles de vida de la población y reducir el alto índice de desempleo, la República Dominicana en su conjunto, debe volcarse y enfocarse cuanto antes a fomentar una activa política de asociatividad empresarial, mediante la conformación, en todo el ámbito nacional, de clústeres, grupos de eficiencias colectivas, cooperativas y encadenamientos entre sectores y centros de manufactura y servicios de una misma actividad. Los clústeres garantizan la internalización de las empresas, el acceso de los productos y servicios a nuevos mercados, la reducción de costos, la comercialización en general y el incremento sustancial de las exportaciones. Aunque muchísimas naciones del mundo, empresas manufactureras, comerciales y de servicios de diversas índoles hace tiempo que vienen practicando e impulsando, con evidentes éxitos, el asociacionismo, hoy más que nunca este mecanismo constituye una extraordinaria estrategia, una oportunidad, para fomentar y asegurar la competitividad de los negocios y el desarrollo sostenido de los pueblos. Ineludiblemente, además de la globalización, la tecnología y el conocimiento, también estamos en la era de la asociatividad empresarial, por lo tanto, es inocultable que hoy en día –en el período de las economías abiertas- fomentar los encadenamientos productivos se ha convertido en una gran necesidad, que debemos asimilar y poner en práctica para avanzar. Todos sabemos que la humanidad está inmersa en la promoción al máximo de iniciativas empresariales novedosas y que la República Dominicana se afana por implementar una política de competitividad sistémica, con un enfoque meso económico, que fomente el desarrollo de clústeres en todo el país, la creación de un modelo organizacional para impulsar los centros empresariales de articulación productiva y el diseño de un programa nacional de proveedores industriales. En efecto, se impone como reto, la implementación de un programa masivo de clusterización a nivel nacional, en especial de la creación de los centros de acopio y las primeras redes de proveedores. Para ello, los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Industria y Comercio y el de Agricultura, junto al sector privado e instituciones como ProIndustria, Promipyme y el CNC deben crear ya un Banco de Consultores Especializados en el tema de la asociatividad a los fines de “sembrar” de grupos asociativos el territorio nacional. Dentro de esa corriente están el gobierno, el sector privado, y las academias, y es un mandato ineludible del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) 2007, de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012 y del 2do Congreso de la Industria dominicana 2012. Como podemos ver ante el arduo proceso de apertura de mercado y la firma de varios acuerdos comerciales impulsados por la nación desde finales de la década de los noventa- el país debe abocarse ahora, sin ninguna dilación, a replicar exitosos modelos internacionales de Articulación y Encadenamientos Productivos, clústeres, Distritos y Parques Industriales, como los que existen, por ejemplo, en Italia, especialmente en los sectores muebles, calzado, vinícola, joyería, autos y metalmecánica. En Tiruppur, la India, donde las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) aglutinadas en clúster y en Distritos y Parques Industriales producen el 95% de las medias del país, el 85% de las maquinas de coser y el 60% de las bicicletas. Así mismo, el Grupo de Agra, también en la India, que concentra en un Distrito Industrial 500 MIPYMES del sector calzado y pieles. En Pakistán, donde las MIPYMES conglomeradas en Clústeres y Parques Industriales manufacturan el 50% de los artículos deportivos que exporta el país y una gran cantidad de maquinas agrícolas y productos de acero inoxidable. En Guadalajara México, donde existe un clúster de PYME de calzado en capacidad de fabricar hasta dos tercios de la producción nacional de calzado. En Ciudad Trujillo, Perú, donde opera un Parque Industrial del sector calzado con altísimos niveles de productividad y calidad. En el Valle de Sinus, en Brasil, donde en un Distrito Industrial convergen unas 398 MIPYMES del área del calzado que fabrican una impresionante cantidad de zapatos para el mercado local y de Estados Unidos. Otro caso excelente o ejemplo a seguir en materia de clusterización lo tenemos en el país Vasco, en España, donde los sectores público y privado han fomentado una política de clúster que ha redundado en un evidente crecimiento y desarrollo económico, hasta el punto de que el mismo ha pasado en los últimos 6 años del puesto octavo al tercero en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en comparación con los 27 países de Europa. Allí es famoso el proyecto Hiriko, el cual consiste en la innovadora producción y distribución para todo el mundo de un vehículo eléctrico desarrollado por un consorcio de empresas vascas que participan como co-fabricantes.

A pocos días de cumplirse un año más de la Guerra abril del 1965 por el rescate de la Constitucionalidad y la dignidad, considero importante recordar que en la misma participaron: Combatientes y Militares Constitucionalistas. Combatientes éramos los civiles, pero militares eran los que provenían de las instituciones armadas. Guardias y policías que se incorporaron valiente y disciplinadamente a la lucha, por convicción o porque siguieron a sus jefes, como esos que durante largos años vienen reclamando una pensión. Hubo casos de excepción en los que Caamaño, como Presidente Constitucional le dio rango militar a civiles, por Decretos, Oficios y por medio de Carnet, como ocurrió cuando me designó Supervisor de reparto de alimentos a los comandos, otorgándome el rango de 1er Teniente del E. N., el cual conservo con orgullo, pero ese no es el caso de los militares que reclaman. De eso hace 49 años, de los cuales 26 han gobernado el PRD y el PLD. Los dos partidos que fundó precisamente Juan Bosch por quienes lucharon quienes reclaman ser reconocidos con una pensión, lo que debe ser corregido cuanto antes. No importa que las instituciones armadas puedan alegar que algunos habían sido dados de baja, porque muchos de los que actualmente tienen funciones dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido dados de baja y reincorporados, incluso en más de una ocasión. Parece que fue ayer, pero cuando estalló la revolución el 24 de abril de 1965, acababa de cumplir 21 años de edad, sin embargo, hace tan solo unos días, cuando visite de forma rutinaria al médico y le llevé los resultados de los análisis, los encontró normales, pero aprovechó para recordarme que como en esta misma semana cumpliré 70 años, y según él, las expectativas que la sociedad y las estadísticas nos asignan es un promedio de 72, de ahí en adelante los años por venir son extras, por lo que debemos cuidarnos con la alimentación y otros hábitos. Pero igual ocurre con la mayoría de los militares constitucionalistas que reclaman pensión, pues ya están en un tramo de edad mayor de 72, muchos de los cuales han quedado atrapados entre el pasado y la esperanza que no les ha tocado las puertas. Por eso le solicito al Presidente Danilo Medina su intervención a fin de que ordene la búsqueda de alguna solución, para que puedan llevar, arrastrar o extender los años extras que les quedan, con mayor dignidad. No solo por lo que pueda significar para ellos la ayuda económica y la posible inclusión el algún seguro médico, que lo necesitan, sino porque además sería el único reconocimiento que la sociedad a través del gobierno les haría por sus aportes voluntarios, desinteresados y heroicos a la patria. Muchos guardamos con orgullo los recuerdos de la Guerra de Abril, pero debemos evitar que esos militares constitucionalistas que reclaman una pensión, solo guarden recuerdos de amargura como respuesta a su heroísmo y gallardía. tabasa1@hotmail.com

Hay muy poca diferencia del otro gran poder en el cual se mide cada día la creciente en poder en la organización de nuestras sociedades, y que se llamará, por falta de una mejor, el poder de los expertos o el poder científico. La aparición de ese poder había sido observada, hace más de cincuenta años, por algunos observadores particularmente sagaces, a raíz de la explosión de la primera bomba atómica. Cinco décadas después, la atención se desplaza de la física nuclear a la biología molecular que los descubrimientos contemporáneos, que se trate de conocimientos genéticos o de sus aplicaciones biotecnológicas (terapias génicas, culturas transgénicas…), constituyen uno de los más impresionantes medios modernos de poder: la investigación científica es igualmente un reto económico formidable. Sin embargo, se le asigna el juez, en materia de tareas nuevas y de enormes proporciones que lo convirtió en uno de los pocos muros que se oponen a los riesgos de cualquier potencia científica hacen. Sin embargo, el juez se ve confiar, en la materia, nuevas misiones formidables que hacen de él uno de las solas paredes opuestas a los riesgos del todo poder científico. Solamente, la obra de justicia, sobre esos territorios ampliamente inexplorados, pasa por la apreciación de conocimientos, de apreciaciones y de escogencia científicas a las cuales el juez no puede acceder sin la intermediación de los hombres de….ciencia. El problema se plantea pues de saber si, a pesar de algunas precauciones legales, esta mediación no corre el riesgo de poner el poder de los jueces en la dependencia del poder de los expertos y otros sabios. Así, quien define pues el estado de los “datos adquiridos de la ciencia” a partir de los cuales se aprecia desde decenios la responsabilidad médica? ¿Cuál era la opinión de los expertos, al comienzo de los años 1980, sobre los riesgos de contaminación post-transfusiones por el virus de inmunodeficiencia humana? ¿Qué es hoy una de la nocividad de los priones y cruzando a través de ellos las barreras entre las especies? La lista podría ser alargada de ejemplos que plantean todos el mismo problema: ¿es preciso creer en los expertos?. Lo que está entonces en causa, es la manera en la cual los datos científicos son establecidos y, más generalmente, la calidad de los procesos de validación de los hechos científicos, sobre todo en las ciencias de la vida. El argumento de autoridad no bastaría a legitimar las escogencias científicas, tampoco como el tradicional juicio por los pares que son “casi siempre jueces y partes”. A defecto de incumplir las controversias científicas por los jueces ( ¡ay, Galileo!), al menos la justicia puede ofrecer al poder científico la experiencia probada del modelo procesal: la verdad judicial aprieta, se alcanza mejor dicho, después de un debate contradictorio, garantizando la pluralidad de los puntos de vista, y publico, para asegurar la correspondencia de las instancias de juicio, no está prohibido soñar: si este método presidia a la organización de los procesos de validación de los hechos científicos, los datos de la ciencia propuestos al juez tendría quizás la legitimidad necesaria de naturaleza a asegurar una colaboración equilibrada entre la justicia y el poder de los expertos. A pesar de las cuestiones, mas serias se encuentran localizados, los términos del debate no limitan a los informes de los poderes científicos sobre la vida y de la justicia. La justicia que se nombra experta, se desarrolla en otros ámbitos donde la decisión del juez corre el riesgo de ser completamente alienada a la apreciación previa de un experto, hombre de ciencia u hombres de arte: así, en materia económica, en el contencioso de la concurrencia. La sola ambición de esas demasiado rápidas observaciones es de sugerir que la cuestión de las relaciones de la justicia y de los poderes es mas rica que la presentación limitada que es tradicionalmente hecha en el terreno de la teoría constitucional o de la ciencia política, sean constituidos o non, todos los poderes deben obrar al bien común. Pertenecen a los jueces en la versión final, esto es, en las de conflicto, del choque de intereses categoriales. Es ahí el fundamento del oficio de juez y es lo que justifica que la justicia aparezca, ante todo, como un servicio público. La cuestión de la relación de la justicia con otros poderes no puede limitarse opinión preferida de sus relaciones, a veces contradictorios, con el poder legislativo y el ejecutivo. Esta concepción tradicional de la separación de los poderes aparece, sino superada, al menos insuficiente, dado, de una parte, del desarrollo considerable del control constitucional y, de la otra, de la emergencia de un cierto número de poderes no constituidos, privados se dirá a falta de una mejor. El advenimiento de los totalitarismos que han devastado nuestro siglo ya no reduce el estado de derecho á la mera existencia de un sistema jurídico, como un Estado de derecho entre los otros. Por lo tanto el paso del siglo XX, un diseño puramente formal un sentido material del Estado de Derecho. En más allá de las normas jerárquicas, se ha señalado con razón, el Estado de Derecho a partir de ahora debe ser entendido como la participación adhesión á un conjunto de principios que se benefician de un reconocimiento legal explícito y se acompañan de mecanismos apropiados que proporciona la garantía. La jerarquía de las normas no vale por sí misma; ella es puesta al servicio de una causa jurídicamente consagrada. La constitucionalidad del derecho expresa, por parte, esta evolución; el derecho judicial no escapa. Pero, es necesario afirmar, contra la amenaza de la autopoiesis (las normas engendran las normas), que el Estado de derecho no puede convertirse en la expresión material de su propio ideal, es decir, un decir el reino de la ley mediante la eliminación del comercio á definitivamente reducido legalmente resuelta política. El Estado de derecho termina por plantear el problema de una democracia en la cual la figura central es el juez. Además, los informes de la justicia y la Constitución no son sólo surgimiento favorito de los principios jurídicos fundamentales con rango constitucional, si el estatuto de la autoridad judicial o el derecho a un recurso judicial. Existe también, más especialmente, un orden jurisdiccional constitucional que a algunos les gustaría ver aún más gracia a judicializar la consagración de un procedimiento cada vez más contradictorio y público.