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Soberanía y prestigio internacional
Nuestro país, al querer resorver un problema interno que afecta sensiblemente el quehacer nacional, ha tenido que enfrentar los embates sesgados de organismos y personalidades, nacionales e internacionales que dicen defender los derechos de los inmigrantes haitianos que emigran a esta parte de nuestra isla La Española. Hasta escritores famosos como el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, a lo mejor sin haber analizado concienzudamente la sentencia de TC, le han entrado a dos manos a nuestra nación. A pesar de que la sentencia 168-13 emitida nuestro Tribunal Constitucional, contiene un confuso y controversial elemento, como es el de la supuesta desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros; ésta constituye, el punto de arranque para resolver el viejo problema inmigratorio, que pondría al día el registro civil dominicano, legalizando a miles de extranjeros sin documentos. Dicha sentencia a dado pie a que las entidades relacionadas en todo el mundo a la defensa de los derechos humanos, tengan ahora un poderoso elemento para avivar su activa campaña de descrédito en contra del país. El que no obstante esa debatible, pero soberana e inapelable decisión constitucional, ha aportado más al bienestar de los haitianos que ninguna otra nación u organización nacional o internacional, ONGS, etc., que pugne por el respeto a los derechos de los inmigrantes haitianos. El Tribunal Constitucional, con esa sentencia, realmente solo está poniendo en practica un mandato constitucional, que ordena a los organismos del Estado responsables de aplicar las leyes en el campo inmigratorio, a que cumplan con preceptos constitucionales que definen claramente quien es o no es dominicano. Lo cierto es que la constitución del 2010 no cambió nada de las constituciones anteriores, en relación a este tema. Lo que se hizo en la promulgación de la nueva constitución, fue ratificar o dejar intacto, lo establecido por disposiciones constitucionales previas. Por lo que estos ciudadanos nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, no eran legalmente ciudadanos dominicanos antes de su promulgación; por lo que no existe desnacionalización y tampoco retroactividad. El articulo 18 de la nueva constitución, establece lo mismo que las anteriores: Que son dominicanos los nacidos en el territorio nacional, los hijos de padre o madre dominicanos. Y que no son dominicanos los hijos de miembros del cuerpo diplomático ni los de extranjeros en tránsito; definiendo como extranjeros en tránsito, también a los extranjeros ilegales. Por lo que los hijos de estos, constitucionalmente, no son dominicanos.Sin embargo, en lo que se refiere al problema humano que como legado de esos mandatos constitucionales tenemos ahora como secuela; debemos actuar con mucha cautela, tratando de resolver esta problemática de la mejor manera posible. De forma tal que salgamos de esta crisis sin lesionar nuestra soberanía nacional, pero sin dañar nuestro prestigio internacional.Por lo que se debería tomar en cuenta que existe otro artículo constitucional, que es el 74.3, que reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.Siendo el país signatario de varios tratados y pactos convencionales internacionales relativos al respeto de los derechos humanos, sería prudente tomar en cuenta éste artículo. De manera que basándonos en esta última premisa constitucional, podemos sugerir, que la solución a este drama de los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país, podría ser, el que se apruebe una amnistía general, otorgándoles la ciudadanía a los nativos. Y a los demás inmigrantes que han echado raíces familiares y por su larga permanencia en el país, darles una residencia permanente y la posibilidad de hacerse ciudadanos. Esto no implicaría lesionar la soberanía nacional ni nuestras leyes sustantivas. Luego de esto, solo nos quedaría la difícil disyuntiva de cuidar eficientemente la frontera, eliminando las redes de corrupción que hacen porosos los pasos fronterizos. Controlando así el flujo inmigratorio para evitar que se repita cíclicamente el mismo drama humano. Con esta solución ganarían los inmigrantes, y también el país en su armonía social y en su imagen, porque dejaría de ser el blanco de las críticas, justificadas o no, de los defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos.Entre tanto, dejando atrás el dilema de los haitianos, nuestro gobierno se abocaría más concretamente a enfrentar los serios y acuciantes problemas, deficiencias y atrasos, que aquejan al pueblo dominicano. Joseflandez8@gmail.com