Los partidos políticos han fracasado, no encarnan ya ninguna esperanza de redención, pueden airear un discurso que juzga como “conciencia” al dominicano, pero sus estrategias explotan la ignorancia y la miseria material convirtiéndolo en objeto. No hay proyectos sociales, esas “instituciones públicas” que son los partidos solo han hecho cundir las esperanzas abortadas, las esperas inútiles, el sueño desilusionado. La primacía formal del juicio derivado de la experiencia es que, en la República Dominicana, la partidocracia solo sirve para el ascenso social, el enriquecimiento individual, y no para expandir el bien común. Y su plataforma ha sido la concepción patrimonial del Estado. ¿No es esta ideología el “aceite” que mueve el accionar de los partidos? ¿No se ha incorporado al vivir de los dominicanos la corrupción de sus políticos, como si estuviera cifrada en nuestro código genético, o fuera una sombra rabiosamente aferrada al destino del país? ¿No es esa constante histórica la que recogerán, después de muerto Trujillo, los gobiernos del PR, los del PRD y los del PLD? Con excepción de los siete meses de Juan Bosch, la partidocracia tradicional dominicana ha ejercido un poder personalista que anula la idea de que el Estado sea una relación social compleja, lo que impide un marco racional de todas las ejecutorias públicas. El Estado dominicano ha sido una chaqueta de uso individual, y ha sido siempre indiscernible la riqueza que lo conforma de las fortunas personales de los líderes. Y todo ello ha convertido a los partidos en maquinaria de corrupción. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo en el PRD. Todo el poncho que se tejió para allanar el regreso al poder de Leonel Fernández en el 2016, incluyó el dominio absoluto de la JCE y el Tribunal Electoral. Así como el dominio absoluto de la Suprema Corte proporcionaba el manto de impunidad adecuado para evitar sobresaltos, el dúo Tribunal Electoral-JCE garantizaba el marco jurídico del retorno. Entonces se planificó lo que podría llamarse “censura estructural”. Un mes y doce días antes de la toma de posesión de Danilo Medina, Leonel Fernández pautó la entrega del PRD a Miguel Vargas. Para ello se blindó en el Tribunal Electoral, concitando la unanimidad a partir del convencimiento del único miembro que no tenía un compromiso formal con su persona (provenía del área de la iglesia), pidiéndole que lo ayudara en ese caso. Ese tribunal es una entente derivada del “Pacto de las corbatas azules”, y el otro miembro que no responde directamente a Leonel Fernández es una deleznable figura de la política criolla, que come del alpiste que le da Miguel Vargas. Con esta “censura estructural” que instrumentaliza la “justicia” y cierra todas las vías de articular una oposición consistente, Leonel Fernández, según la estrategia, tiene garantizado el retorno al poder. Miguel Vargas no ha sido considerado nunca como un opositor, y sus posibilidades de ascenso al poder son tan ridículas que en privado Leonel Fernández se ríe de él a mandíbulas batientes. Tengo testimonio de primera mano de la reunión en Palacio que organizó ese entramado, y de los juicios según los cuales “Miguel Vargas se consideraría pagado con las siglas PRD, que por sí solas dejan más que cualquier empresa de las que él posee”. Ahí están, además, los préstamos, los alquileres, los contratos, los negocios diversos que pueden sobrevenir al manejar estas siglas. Miguel Vargas es, pues, un confuso perdedor por anticipado de las elecciones, y él lo sabe; pero es también alguien que ya está ganando por su papel. La corrupción es una práctica que se ha expandido en un larguísimo periodo de la historia nacional, pero nunca jamás había llegado a un nivel semejante. Y lo fatal es que todo el mundo lo sabe; que eso sucede únicamente en un país en el cual todas sus instituciones están secuestradas, y los tribunales son caricaturas, y los partidos tradicionales nidos de oportunistas al acecho de la riqueza pública, y no nos guía ni un solo signo al que la idea de un Estado funcional ampare, tanto en el orden práctico como en el moral.

El último aumento de la pensión mínima fue de sólo un 15% en Julio del 2008, cuando fue situada en 5,117.50 pesos. Seis años después su poder adquisitivo se ha reducido a solo 3,326.05 pesos, con una pérdida anual de 21,492 pesos. En los Mensajes 008 y 009 del 10 y 17 de octubre pasado señalamos que sólo el olvido oficial de los pensionados y jubilados puede explicar tan sensible reducción, en un período en que el presupuesto gubernamental se ha multiplicado seis veces. En adición, la gran mayoría continúa sin acceso regular al Plan Básico de Salud (PBS), a pesar de que ahora es cuando más lo necesitan. Como un acto de justicia elemental, y para devolverle la confianza y la tranquilidad a estos envejecientes, sugerimos al Presidente Medina disponer un aumento del 35% para las pensiones hasta 15,000, del 25% entre 15,001 y 40,000 y de un 15% para las demás. Pensionados viven un “genocidio sistemático” La Federación Nacional de Pensionados (FNP) y la Asociación de Pensionados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), calificaron como “un genocidio sistemático” la situación que padece la gran mayoría de los pensionados y jubilados del país, debido a los “salarios” de miseria que reciben, a lo que se añade la falta de un seguro de salud. Consideraron que esta situación es “lamentable y calamitosa”, luego de explicar que el 82 por ciento recibe una asignación que no les permite cubrir su alimentación, ni los servicios médicos. En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el reverendo López y Jesús Núñez denunciaron que el otorgamiento de las pensiones es frenado durante años, y que están cansados de esperar respuestas de las autoridades a sus justas demandas. Afirmaron que mensualmente mueren entre 230 y 270 afiliados, la mayoría retirados “como despojo social”, debido a que apenas perciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del costo de la vida. Y miles no reciben nada, a pesar de haber trabajado durante muchos años. En varios ayuntamientos solo les entregan 1,300 pesos y en el Distrito Nacional el 90% percibe apenas 1,436 pesos. En el caso de los cañeros, más de siete mil son migrantes, sin pensión por falta de documentos, teniendo que pagar 3,000 para gestionarla. Indicaron que en el IDSS hay 50,074 solicitudes de pensiones y apenas seis personas procesando los datos. Siendo Gerente General del CNSS, contratamos a una consultora calificada para actualizar el record de los afiliados al IDSS y calcular el bono de reconocimiento que ordena la Ley 87-01, comprobando personalmente el desorden y desinterés imperante, donde miles de tarjetas permanecían tiradas en el suelo y eran pisoteadas sin ningún respeto y consideración. En mi libro Cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social, señalo que las pensiones constituyen una viva expresión de las injusticias y desigualdades sociales del país. Mientras la gran mayoría recibe pensiones insuficientes, las instituciones autónomas y descentralizadas disfrutan de planes de retiro auto asignados y con privilegios irritantes, a costa del presupuesto nacional. Estas violaciones a los principios de la Ley 87-01, fueron reconocidas públicamente por la actual gestión de la SIPEN. El año pasado, y como un paso en la dirección correcta, el Presidente Medina prohibió el uso de recursos del Estado para planes y fondos de pensiones complementarios. Ahora es necesario agilizar el conocimiento de miles de solicitudes pendientes y actualizar el valor de todas las pensiones. Ese sería un avance importante en la reducción de las desigualdades previsionales prevalentes: Puede ver, copiar y reenviar todos los mensajes en

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