SAN JUAN.- Una mujer dominicana de 47 años fue detenida por la policía de Puerto Rico a finales de mayo, después de que ingresó a un edificio municipal para tramitar un permiso para vender helados en la playa.

Una vez que fue puesta a disposición de los agentes federales, la mujer presentó su pasaporte, licencia de conducir y permisos de trabajo que demostraban que vivía legalmente en la isla, indicaron su abogado, Ángel Robles, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.

A pesar de que presentó los documentos, las autoridades la trasladaron recientemente a Texas como parte de una ofensiva federal contra los migrantes que viven ilegalmente en jurisdicciones de Estados Unidos.

La mujer, cuyo nombre de pila es Aracelis, no ha sido identificada por su nombre completo porque es víctima de violencia doméstica.

Aracelis es una de cientos de personas que han sido detenidas en Puerto Rico desde que comenzaron los arrestos a gran escala a finales de enero.

Robles y la ACLU exigieron que Aracelis sea liberada y enviada de regreso a Puerto Rico.

“Es outrageous (indignante). No le han radicado cargos, y tampoco tienen el nombre de ella en el sistema”, dijo Robles.

Como su nombre no aparece en una base de datos federal, la solicitud de Robles para una audiencia de fianza fue rechazada. “Este operativo es un atropello”, declaró Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico.

El caso ha desatado señalamientos contra la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y las autoridades locales que han estado colaborando con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) para arrestar a quienes se cree que viven ilegalmente en el territorio.

En una carta enviada a la gobernadora y a la secretaria de Justicia de la isla, la ACLU acusó al gobierno de Puerto Rico de violar la Constitución y las leyes locales al proporcionar al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) información confidencial de casi 6,000 inmigrantes.

Un portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Entre otras cosas, la ACLU solicitó que el gobierno de Puerto Rico emita una orden ejecutiva que prohíba a las agencias públicas colaborar con las citaciones del ICE que no estén acompañadas de una orden judicial.

Una portavoz de la gobernadora no respondió al momento un mensaje en busca de comentarios.

Desde el 26 de enero hasta el 20 de marzo, agentes del ICE han arrestado a más de 200 personas, la mayoría dominicanas. No había cifras actualizadas de momento.

REPRODUCIDO DE EL VOCERO

WASHINGTON, DC.- El congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), condenó la agresión de agentes federales al senador de California Alex Padilla en una conferencia de prensa en Los Ángeles ofrecida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

«Hoy, el senador Alex Padilla fue empujado, arrastrado al suelo, esposado y detenido mientras intentaba cumplir con sus funciones constitucionales», dijo.

Explicó que «eso, en sí mismo, sería un escándalo, pero los agresores eran empleados de Kristi Noem. Esta escalada es peligrosa e inaceptable».

«El Caucus Hispano del Congreso apoya a nuestro hermano Alex Padilla, un líder que representa a todos los californianos», expresó.

Demandó una investigación exhaustiva sobre los atacantes de Padilla y exigió la renuncia de la secretaria Noem. «Es claramente evidente que ella no tiene la capacidad para dirigir esta agencia crucial», declaró.

jt/am

Por ANDREA CRUZ

“Son muchas las Aracelys que han venido a buscar ayuda”.

De esta manera, la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, advirtió que la deportación de una mujer dominicana, detenida por un policía municipal en la alcaldía de Cabo Rojo mientras tramitaba un permiso para vender helados, provocará que más mujeres migrantes víctimas de violencia de género desistan de buscar protección de las autoridades.

“Ella, como víctima y sobreviviente de violencia de género, estaba en un proceso migratorio, por lo que podía estar en el país en lo que empezaban su proceso de documentación. Estaba bien encaminada, ya tenía el permiso de trabajo… Hay mucha indignación. Tenemos miles de mujeres que están en la misma situación”, indicó.

Grullón explicó que Aracelys, de 47 años, estaba protegida bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, en inglés), regulación federal aprobada por el Congreso en el 1994, que permite a las mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica solicitar órdenes de protección o someter casos criminales contra sus agresores sin represalias de las autoridades.

La ley federal también provee mecanismos para otorgar vivienda subsidiada a quienes soliciten el visado bajo VAWA.

“Son muchas las que han estado confiando y que han tomado acción para proteger su vida y la de sus hijos e hijas, porque se les ha dicho que pueden buscar órdenes de protección, que pueden ir a la policía a poner una acusación, que la Ley 54 y la ley VAWA las protege y, en este momento, se sienten bien defraudadas y muy preocupadas”, agregó la líder dominicana.

Para cualificar bajo VAWA, la víctima debe estar casada con un ciudadano o residente legal permanente de Estados Unidos, o contar con una sentencia de divorcio final y firme.

“Protocolo estricto de confidencialidad”

Por su parte, la procuradora de la Mujer, Astrid Piñeiro Vázquez, informó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) “está evaluando el marco federal aplicable para asegurar que la situación de Aracelys sea considerada conforme a los procesos de ley y que se atienda con respeto a sus derechos fundamentales”.

“Dado que se trata de un caso activo y que involucra elementos de confidencialidad y protección legal bajo el Violence Against Women Act (VAWA), nos reservamos mayores comentarios sobre las gestiones específicas”, agregó la funcionaria por escrito.

Piñeiro Vázquez aseguró que las personas que acuden a la OPM en busca de ayuda o de algún servicio “no están sujetas a verificación de estatus migratorio”, y que la agencia mantiene “un protocolo estricto de confidencialidad”.

“Toda mujer tiene derecho a buscar ayuda y a sentirse segura al hacerlo. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia, sin importar su nacionalidad o situación migratoria”, afirmó la procuradora.

Sin radicación de cargos

Aunque el abogado de Aracelys, Ángel Robles, informó el lunes que la mujer presentó su pasaporte, licencia de conducir y permisos de trabajo que demostraban que vivía legalmente en Puerto Rico, la trabajadora dominicana fue puesta a disposición de los agentes federales.

Robles precisó que Aracelys, detenida el pasado 26 de mayo, no aparece en el sistema de detención federal y aún no le han radicado cargos.

“Son 15 días sin que se le radiquen cargos. Cada vez que presento una moción para fianza, me la mueven de centro de detención. Cada vez que yo busco en el sistema, está en otro sitio y ahora no está ni en el sistema. O sea, no hay ni siquiera manera de pedir una vista de fianza porque ninguna corte sabe dónde ella está y la corte tiene que tener jurisdicción sobre ella”, explicó Robles, quien especificó que ha presentado mociones para fianza en dos ocasiones.

Según el abogado de inmigración, tras su arresto, la mujer fue enviada a centros de detención en Aguadilla, Guaynabo, Miami, Pompano Beach y El Paso, Texas.

El letrado también informó que la mujer cuenta con permisos de empleo vigentes en la Isla hasta el 2029, al igual que con permisos por ser víctima de violencia doméstica, los que dijo, caducan en el 2026.

“Ella lo único que le falta es someter unos exámenes médicos (para culminar su proceso de residencia permanente) y la fecha límite para hacer eso es julio 12”, enfatizó Robles.

No obstante, el portavoz del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para la región del Caribe e Islas Vírgenes, Jeffrey Quiñones, dijo a este rotativo que, el día de la intervención, Aracelys “no tenía ningún documento que demostrara su estancia legal”.

“Si ella tenía algún permiso de trabajo, un permiso de trabajo no es un visado para estar presente en los Estados Unidos. Una vez se hace esa determinación y nosotros verificamos las bases de datos de inmigración de la agencia, corroboramos de que ella no estaba autorizada para estar en los Estados Unidos y por eso es que se comienza el proceso”, abundó el oficial de prensa, quien alegó que Aracelys también habría admitido entrar a territorio americano de manera ilegal.

Son 15 días sin que se le radiquen cargos. Cada vez que presento una moción para fianza, me la mueven de centro de detención. Cada vez que yo busco en el sistema, está en otro sitio y ahora no está ni en el sistema. O sea, no hay ni siquiera manera de pedir una vista de fianza porque ninguna corte sabe dónde ella está y la corte tiene que tener jurisdicción sobre ella.

Cuestionado sobre la protección de la mujer dominicana bajo la Ley VAWA, Quiñones indicó que Aracelys tampoco tenía ese visado cuando agentes federales intervinieron con ella.

La agente especial a cargo de la oficina de San Juan de la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés), Rebecca González Ramos, detalló en entrevista con Telemundo que, desde que inició la nueva administración del presidente Donald Trump en enero, la agencia federal ha arrestado a 596 personas sin estatus migratorio en la Isla.

REPRODUCIDO CON INFORMACION DE EL VOCERO

Por Katherine Angueira Navarro

Hay sueños que se tornan pesadillas. Hay quienes lo arriesgan todo para ir tras el anhelo de una mejor calidad de vida. Donde la frontera es terrestre entre países, soñadores(as) la traspasan a pie por caminos tenebrosos, escondiéndose de guardias armados, para alcanzar su ilusión. Otros(as) cruzan la tempestad del mar en yolas sobrecargadas en condiciones intolerables de tráfico humano. Aún cuando sus vidas peligran, se lanzan al mar, sin saber lo que les depara el destino.

Quienes no mueren ahogados(as), arriban a nuestras playas temerosos(as), escondiéndose entre la vegetación, para evadir la guardia costanera. Este drama humano contrasta con la conquista de este hemisferio por las monarquías europeas prestas al genocidio para apropiarse de tierras ajenas. Siglos más tardes, algunos de estos migrantes producto del mestizaje de esa conquista enfrentan el resultado de que sus antepasados no lograron vencer.

Desde una perspectiva humanitaria, “todo migrante tiene derecho a la dignidad, incluida su integridad física, mental y moral” (Carta de Derechos de Migrantes Internacionales, Art. 2, International Detention Coalition, 2016/04, p.4).

La historia de la humanidad traza el traslado de tribus y etnias, dispersándose a través del globo terráqueo dando pie al nacimiento y desarrollo de civilizaciones y naciones. El imperialismo insaciable expandió el alcance del poder político y amasó recursos naturales; motivo de guerras para afianzar su soberanía. Actualmente, con la excusa de tener recursos limitados para beneficiencia social, a nombre de la seguridad y bienestar nacional, justifican cerrar fronteras como parte de su política migratoria.

No hay excusa para allanarse, sin resistencia, a la política de deportaciones masivas de inmigrantes del presidente Donald Trump. Eñagotarse cabizbaja ante los designios de la metrópoli, es el retrato fiel de la mentalidad del/la colonizado(a). ¿Dónde está el espíritu combativo de la entonces comisionada residente Jenniffer González Colón, hoy gobernadora, cuando en el Congreso de EE.UU. enfrentó la política pública para la protección de animales que prohibían las peleas de gallos? ¿Acaso ese “deporte gallístico” (H.R. 2, la Ley de Agricultura y Nutrición, 2018), es más digno de proteger, que la vida de seres humanos que peligran? ¿La gobernadora González Colón ha cruzado su propio umbral de la hipocresía politiquera para respaldar a escondidas el fascismo de Donald Trump?

La entrega -por debajo del radar- al Servicio de Inmigración y Control de Aduana del listado de personas sin estatus migratorio definido que obtuvieron licencias de conducir en Puerto Rico bajo directriz aprobada en el 2013, finalmente sonó la alarma. Las políticas públicas impuestas al norte por el presidente Donald Trump, sí nos aplican. La gobernadora González Colón pudo retar el requerimiento de información agotando remedios judiciales. Es una traición violentar el propósito del uso de la información originalmente provista por los tenedores de las licencias de conducir bajo promesa de protegerles de ser deportados(as).

Las deportaciones masivas de inmigrantes sin documentación legal que impulsa el presidente Donald Trump, como promesa de campaña, están en pleno vigor. Lo advertimos desde el principio de este cuatrienio. La entonces secretaria designada de Justicia, Janet Parra Mercado, alegadamente solicitó a la fiscalía, el listado de testigos cuyo estatus migratorio no estaba definido. Para cubrir sus propios tractos, Parra Mercado informó que el propósito era que “los fiscales y procuradores de menores se aseguren que los técnicos de servicios a víctimas hayan realizado el referido para el trámite de visado correspondiente” (Comunicado de prensa, 31/enero/2025). Además, instruye que se debe dar a “conocer el estatus de las solicitudes” de visas ya tramitadas. ¿Qué motivó a la entonces secretaria de Justicia a levantar ese listado de testigos sin estatus migratorio definido? ¿Finalmente se levantó ese listado? ¿Se mantuvo como un documento interno de trabajo del Departamento de Justicia o se le proveyó a ICE para asegurar la protección de estos(as) testigos para no ser deportadas?

Desde la aprobación del “Violence Against Women Act” (1994, 2000), y “Victims of Trafficking and Violence Protection Act” (2000) se ha eximido a las víctimas de delitos de ser deportadas. Incluso se ha provisto acceso a visas especiales a sobrevivientes de crímenes violentos, como a sus familiares, por una duración de cuatro años, con permiso de trabajo (American Immigration Council, November 2019). Los delitos incluyen: violación, agresión sexual, explotación sexual, tortura, secuestro, tráfico humano, incesto, violencia doméstica, restricción a la libertad, esclavitud, extorsión, chantaje, asesinato, manipulación de testigo, entre otros (Ibid, p. 2). El acceso a estas visas especiales está condicionado a colaborar en la investigación y procesamiento de acciones criminales.

En fin, la resistencia forma parte del “sueño americano” para evitar una pesadilla.

REPRODUCIDO DE EL VOCERO