Para garantizarle a los ciudadanos el cabal cumplimiento de sus derechos políticos, integrados por la libertad de asociación en los partidos y los derechos electorales, se debe contar con un Padrón Electoral en el que se encuentren incluidos todos los electores, sin riesgo de ser dislocados o excluidos. El disfrute de estos derechos que, tal y como plantea el politólogo italiano Nicola Matteucci, están vinculados a la formación del estado democrático-representativo e implican una libertad activa y una participación de los ciudadanos en la determinación de la dirección política del Estado, se materializa cuando se adquieren los derechos de ciudadanía al cumplir 18 años o al casarse, aunque no se haya cumplido esa edad. En ese mismo orden, quienes vayan a cumplir 18 años antes de las próximas elecciones, conforme al artículo 39 de la Ley Electoral, también tienen la obligación de inscribirse gratuitamente en el Registro Electoral, el cual suspende las inscripciones 120 días antes de las elecciones. En ese sentido, el primer paso que debe dar un administrador electoral para garantizar la integridad de unas elecciones, ya sea para la escogencia de los cargos nacionales o locales de elección popular, de los directivos de un partido político, de una junta de vecinos, de un gremio o cualquier otra entidad, debe ser el de elaborar un registro confiable de electores, en el que sean incluidas todas aquellas personas que tengan derecho a sufragar. Desde la caída de la dictadura hasta el año 1994, con la excepción de las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962, el Padrón Electoral se convirtió en el talón de Aquiles de cada uno de los procesos electorales. Por ese motivo, el 13 de abril del 1992, con el propósito de dotar de una mayor garantía el ejercicio del sufragio, mediante la Ley 8-92, se decidió traspasar la dirección del Registro Civil y la Cédula de Identidad a la Junta Central Electoral. De igual manera, la Cédula de Identidad Personal y el Registro Electoral fueron refundidos en un solo documento llamado Cédula de Identidad de Identidad y Electoral. A pesar de ello, en las elecciones del 1994 se generó una grave crisis post-electoral que puso en riesgo la democracia, a causa de la materialización de un gran fraude que fue denunciado por el candidato del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez y comprobado por la Comisión de Verificación de la JCE, que confirmó la suplantación en el padrón de, por lo menos, 28,672 electores en 1,468 mesas de votación. Como consecuencia de este infame episodio el Padrón Electoral fue convertido en fotográfico y rigurosamente auditado y depurado. Desde entonces, para mayor seguridad, se actualiza cada día, bajo la vigilancia de los propios partidos políticos. Gracias a estas medidas se ha protegido el derecho al sufragio y ningún ciudadano ha vuelto a ser excluido con fines fraudulentos del Padrón Electoral, el cual difícilmente podrá volver a ser utilizado para vulnerar la voluntad popular. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de los padrones de afiliados de los partidos políticos, los cuales se prestan para que sus élites cometan todo tipo de fraude, sobretodo, cuando sus elecciones internas no son organizadas por comisiones electorales equilibradas o imparciales.

En el PLD, mi partido, hay una corriente-resabio -ala ortodoxa- de opinión de doble vía: a) la que anda con un termómetro midiendo el boschismo (herencia del partido de cuadros que ya no existe y que vive maldiciendo dos realidades: masificación y lo que ha significado alianza-FP); y b) la que ha asimilado la conveniencia política-electoral de las alianzas y que se bifurca en: partidarios, en mayoría, de simples alianzas electorales-coyunturales, y partidarios, en minoría, de alianza programática. En adición (y fuera del PLD), como si fuera poco, hay también una claque periodística –otrora anti-bochista- ahora venida en conversa bochista cuya cabeza más “conspicua” es, nada mas y nada menos, Juan Bolívar Díaz y otros “hacedores de opinión pública” e intelectuales de la periferia mediática del PRD y sus “vagones”-pedazos: Convergencia e “izquierda burra”. Alianza-mezcla de macos, cacatas y “sociedad civil” envuelta en sofismas, maromas, libelos, “situado” (dinero-financiamiento vía agencias extranjeras) y cuentos chinos. Ahora bien y para aclarar un concepto-dilema cuasi obsolet ¿cuál es la diferencia entre alianza electoral-coyuntural y alianza programática? Si repasamos someramente la historia política contemporánea dominicana, el ejercicio-despeje de la interrogante resulta harto fácil: alianza electoral-coyuntural, en el caso nuestro, es la que conocemos: uno de los partidos mayoritarios hace alianzas con varios partidos para derrotar, en las urnas, a otro partido mayoritario, y cuando el triunfo es una realidad contable-electoral, entonces, se hace una repartición del organigrama estatal a partir de la buena fe y de la creencia de que el partido aliado hará una buena gestión en honor a un programa de gobierno. Mientras que, alianza programática (que no conocemos ni hemos ensayado, aunque quizás una aproximación a ello fue Bosch-1962-63), en un sentido clásico o laxa, esta referida y pautada por un programa de gobierno, ciertos principios institucionales-filosóficos –a veces incluido lo ideológico-religioso- y, sobre todo, al cumplimiento de una Ética Pública extensiva a todo el organigrama estatal y, en algunos casos-países, lo congresual-municipal. De tal suerte que si uno de los partidos-miembros de esa alianza –ya en el ejercicio del poder- viola, desconoce o renuncia, a si sea uno de estos principios-lineamientos, ipso facto, ese partido queda fuera del gobierno por incumpliendo o ruptura de lo previamente acordado y, en consecuencia, pierde la cuota-responsabilidad estatal que tenía bajo su control –o cuando no, cae el gobierno en pleno ya en minoría parlamentaria- y deberá, si fuere el caso, asumir las responsabilidades políticas-penales-constitucionales que el caso demande por las autoridades competentes. Lógicamente, esto último, en nuestro país, ha sido pura ficción política aun en el contexto delas alianzas electorales-coyunturales que han preferido-privilegiado los actores-líderespolíticos jerárquicos. En contraposición e históricamente, las alianzas programáticas clásicas las podemos estudiar a partir de las experiencias europeas en los regímenes parlamentarios y monárquicos: Inglaterra, Italia, Alemania, Suecia, Holanda, etc.; y en Medio Oriente, con Israel. No obstante, en Latinoamérica el caso-ejemplo Chile, con la Concertación-1988 (y sus antecedentes históricos: Frente Popular-1936, Alianza Democrática-1942, Frente de Acción Popular, Unidad Popular-1969) es un modelo de ejercicio democrático con resultados excelentes en materia de desarrollo económico e institucionalidad. Un gran salto. Pero en nuestro país, el sistema de partidos políticos y nuestra clase política, han privilegiado, digamos que por subdesarrollo político-institucional, las alianzas electorales-coyunturales de simples repartición del organigrama estatal sin más criterio “programático” que la buena fe del ejecutivo y del partido mayoritario del que se trate, obviando que las alianzas políticas-electorales-coyunturales pactadas en “semejantes principios”, para fines estrictamente histórico y de percepción pública nacional e internacional, son de la exclusiva responsabilidad histórica del partido mayoritario que la concertó. Por vía de consecuencia, todo lo bueno o lo malo de una determinada gestión pública, en República Dominicana, sobre cae no en el Frente, Coalición o Bloque que co-gobierna, sino, en el partido mayoritario que ejerce el ejecutiv llámese PRD, PLD o PRSC. De modo que, en el marco de este tipo sui géneris de alianzas, a quien le toca supervisar, vigilar y fiscalizar la buena gestión pública, a nivel de toda la administración pública, es al partido que ejerce el ejecutivo y que cargará con la aprobación-aceptación pública o, con la desaprobación política-electoral, y luego, con el juicio frío y lapidario de la Historia. Y no habrá excusas ni peros que valgan. Por esa razón histórica-institucional y de cara al 2016, es que hemos venido abogando porque en el PLD, mi partido, se articule una corriente política-doctrinaria que asuma y reclame los presupuestos de “democracia refrendaría” interna, vida orgánica-institucional mas allá del CP, redefinición de la relación partido-gobierno (¡chichigua en banda!), debate definitorio-participativo y urgente sobre la Ley de Partidos Políticos y de la Reforma a la Ley Electoral, y, sobre todo, de la concertación-concreción de Alianza Programática.