El CONEP se acaba de reunir con la Comisión Permanente de Hacienda del Senado para intercambiar ideas sobre las exenciones fiscales, Hablaron del proyecto de ley Análisis General del Gasto Tributario en Republica Dominicana. Esto parece gracioso.

Las exenciones fiscales rondan los RD$200,000 millones anuales (6.5% del PIB), de las cuales un 60% son atribuidas a los bienes que benefician directamente al consumidor, entre ellos los alimentos. El problema sigue siendo el bajo salario del trabajador dominicano y su pobre poder adquisitivo, por lo que esas exenciones la aprovechan principalmente la clase media y los ricos.

El resto de las exenciones están sustentadas en leyes que benefician a las zonas francas, turismo, fomento a las exportaciones, energía renovable, inversión extranjera, competitividad e innovación industrial y otras más.

Los empresarios se defienden alegando que la mayoría de las exenciones son otorgadas en beneficio directo de la población.

El problema es que todas hay que revisarlas, porque también hay exenciones a ciertos sectores que aportan menos de lo que cuesta concederle esos privilegios. También hay exenciones al ITBIs de ciertos productos que deben eliminarse.

Pero por el lado del gobierno, el problema es muchísimo mayor. ¿Se justifica eliminar total o parcialmente las exenciones al ITBIs a todos los bienes de consumo, para usar esos recursos empleando a otros 200 mil parásitos en el tren gubernamental?  ¿Tiene sentido eliminar la exenciones fiscales a la inversión extrajera, a las zonas francas o al fomento a las exportaciones para seguir entregando tarjetas de solidaridad, bonos gas, bono luz y otra docena de subsidios que fomentan la vagancia y la dependencia política, sin reducir un ápice  la pobreza?

¿Tiene lógica eliminar las exenciones a la energía renovable, a los libros y al fomento de la actividad cinematográfica para lo que se recaude usarlo en el maltrecho, corrupto e insalvable sector eléctrico?

¿O quizás es razonable quitarle parte o todas las exenciones al turismo, para pagar las facturas de los funcionarios en los restaurantes, agencias de viajes, compras suntuosas, corralitos, barrilitos y otras vagabunderías corruptivas?

La DGII es una de las mejores oficinas del gobierno, pero se enfrenta a una estructura impositiva donde prevalece una gran evasión del ISR, un sector informal que no paga nada, subvaluaciones a granel de las importaciones y los fraudes para engañar al fisco con el ITBI, usando facturas prefabricadas.

El régimen de exenciones no se queda atrás. Es injusto y desequilibrante y muchos sectores, donde predominan los monopolios, se aprovechan de ellas para aumentar su riqueza en vez de transferirle los beneficios al consumidor.

Pero todo eso comparado con la mala calidad del gasto que prevalece en la Republica Dominicana, es pura paja. Hablamos de miles de millones que se despilfarran en las cosas más absurdas que uno pueda imaginarse. Solo piense lo que le cuesta al país mantener un servicio exterior lleno de pendejos que cobran en dólares y no hacen absolutamente nada. O una nomina que triplica las necesidades del gobierno. Y gran  parte de ese despilfarro se financia con nuevas deudas años tras años.

O dejan todo como esta, o abordan el problema de manera integral. Nada de reformas tributarias para aumentar las recaudaciones y tampoco eliminar exenciones sin antes limpiar la inmundicia que corroe el consumismo gubernamental. Porque aquí está la esencia que explica la indignación de mucha gente al pagar sus impuestos o los que prefieren cerrar sus negocios o convertirse en informales antes que poner su dinero en manos de un gobierno derrochador. Y no faltan los evasores tradicionales de grandes empresas que piensan lo mismo, aunque algunos deberían estar presos por sus actos.

La CRESS ha propuesto un sistema impositivo sencillo con tasas bajas y uniformes, que tiene puntos luminosos, especialmente para reducir la evasión fiscal y las exenciones impositivas que se otorgan. Pero jamás he visto el plan serio para sanear el gasto público y mejorar su calidad y mucho menos al gobierno con ánimo de hacerlo.

Para el partido gobernante, tocar esa tecla es poner en riesgo su permanencia en el poder, por lo que solo una crisis profunda o un posible default en el pago de la deuda,   podrían desmantelar ese monumento al clientelismo y la corrupción que los mantiene con vida. Y después de esa crisis vendrán los ajustes estructurales impuestos desde fuera y a un costo bastante alto, donde los más perjudicados serán los mismos pendejos de siempre.

Es hora de hacer algo con este asunto y explicarle al Presidente Medina que endeudándose sin control y sacrificando la inversión pública para bajar el déficit fiscal a fin de seguir aumentando el gasto de corriente del gobierno, no es la vía correcta. Porque el destino de una parte importante de esos recursos, es perverso, crea desequilibrios y está prostituyendo la sociedad y el sistema político.

Si con el elevado apoyo popular que tiene el actual mandatario no es posible mejorar la calidad del gasto y promover algunos cambios estructurales, entre ellos una reforma fiscal integral, un nuevo Código Laboral y el Pacto Eléctrico, estamos realmente jodidos.