Están de moda en estos días los comentarios sobre el proyecto de modificación de nuestro Código Penal, a raíz de la devolución del éste hecha por el Poder Ejecutivo con algunos señalamientos específicos recomendando algunas modificaciones en el mismo. Las opiniones proceden de religiosos, periodistas, médicos, políticos y funcionarios del área de la salud.

Inicialmente da la impresión de que se trata de personas interesadas en la búsqueda de las mejores soluciones a los problemas que implicarían la aprobación del Código Penal como fue concebido inicialmente o acogiendo los cambios sugeridos por el Ejecutivo. Sin embargo, cuando uno los escucha rápidamente se da cuenta de que quienes hoy opinan de manera fogosa lo hacen simplemente para señalar y mantener sus opiniones centradas en el más sórdido radicalismo.

No escuchan, no razonan, no se muestran dispuestos a dialogar, no buscan ni aceptan asesoría profesional especializada, imparcial y desinteresada, sino que simplemente se limitan a repetir sus puntos de vista sin que parezca afectarlos el cansancio.

Nadie dotado de inteligencia que se despoje de extremismos insensatos puede dejar de admitir que la redacción de los artículos que enfocan la “interrupción del embarazo, en cualquier época”, no fueron fruto de una reflexión desapasionada y sensata, sino que muy probablemente fueron transcritos tal como les fueron pasados a nuestros legisladores, sin que estos tuvieran siquiera la molestia de leerlos.

¿Cómo concebir que se tipificara de un ilícito penal cualquier interrupción del embarazo sin que importe la época en que la misma se realice? ¿Acaso cuando se induce el trabajo de parto en una mujer con un embarazo prolongado, donde de mantenerse el embarazo el feto corre grave riesgo de morir, lo que se procura no es, precisamente, la interrupción del embarazo?

¿Y acaso realizar una cesárea no es interrumpir el embarazo, existiendo múltiples indicaciones médicas que lo justifican, desde la simple existencia del antecedente de una cesárea anterior?

Los dos ejemplos anteriores, bastantes burdos, si se quiere, son más que suficientes para ilustrar la sinrazón e ilogicidad de los redactores del proyecto de Código Penal en este aspecto. Pero hay situaciones médicas que obligan a interrumpir un embarazo con urgencia, salvo que se quiera poner en alto riesgo la vida de la madre. Un ejemplo clásico es el embarazo ectópico, sobre todo el tubárico. 

Si no se opera para extirparlo, la trompa estallará cuando llegue al límite su capacidad distensiva y de no poderse realizar una intervención quirúrgica de urgencia en un tiempo breve, la mujer embarazada morirá en poco tiempo por la hemorragia interna que se producirá como consecuencia de la ruptura del embarazo ectópico. El feto resultado de un embarazo tubárico no tendrá ninguna oportunidad de alcanzar un desarrollo que le garantice la más mínima posibilidad de sobrevivencia.

Y hay otros casos en los que sin que exista urgencia alguna de interrumpir el embarazo, el mantenerlo hasta el final constituye una gran crueldad. Un ejemplo de esto es la existencia en un embarazo de un feto anencefálico. Este diagnóstico puede establecerse tempranamente y ante la carencia de cerebro estos fetos no sobreviven más de unos minutos después de su nacimiento. 

¿Puede considerarse justo informarle a una embarazada de dos o tres meses que su feto carece de cerebro y no sobrevivirá después de su nacimiento, pero que sin embargo tendrá que sobrellevar este embarazo hasta su final con toda la carga de frustración y tristeza que ello implica?

Da la impresión de que el verdadero objetivo buscado con la aprobación del nuevo Código Penal es la sanción de la práctica del aborto, que hasta el momento ha estado prohibido por ley en el país, de manera absoluta. De ser así, los redactores del proyecto de Ley, debieron ser más cuidadosos o buscar una asesoría imparcial adecuada que les orientara sobre la necesidad de precisar los límites de la interrupción del embarazo para que la misma fuese penalizada, tal como señala la observación presidencial, lo que no se hace en el proyecto.

Estoy de acuerdo en que la legalización de la interrupción del embarazo por violación o incesto es un problema de carácter social muy delicado que requiere de estudios profundos sociológicos y psicológicos y que puede ser objeto de postergación.

A fin de cuentas, no me parece que la proporción de estos casos sea tan significativa para ameritar una solución urgente. Lo que no puede esto es constituirse en una excusa o retranca para  inviabilizar las consideraciones de carácter médico ya señaladas, que deben quedar esclarecidas desde el primer momento.

Lo que más me preocupa, y lo digo con sinceridad, es pensar que todo lo que ya se  ha hecho y lo que se pueda hacer, incluyendo los llamados a vistas públicas por las Cámaras Legislativas, sea tan solo una puesta en escena. Que ya todo esté decidido y no exista un interés real en escuchar las voces profesionales sosegadas y desinteresadas procedentes de personas calificadas, sensatas y alejadas de las posiciones radicales.

En la medida que las empresas son más competitivas y demandantes de más recursos financieros, captados a través del capital de deuda: préstamos, emisión de bonos y del capital accionario: acciones preferentes, comunes y utilidades retenidas, sobre los cuales se pagan intereses, dividendos y amortizaciones y las mismas irradian menos confianza financiera, requieren hoy de más transparencia, integridad, moral y ética en sus operaciones.

Más inversionistas, accionistas, agentes económicos y público en general desconfían de las informaciones que muchas entidades públicas y privadas ofrecen periódicamente, por la baja veracidad que contienen las mismas.

Esta y otra situación han llevado a plantear la cuestión de la ética, es decir,  normas de conducta o juicio moral, a los fines de motivar a los participantes empresariales y de mercados financieros a apegarse tanto a la letra como al espíritu de las leyes y regulaciones, relacionadas con la práctica empresarial y profesional, con las cuales las instituciones fortalecen sus posiciones competitivas en un marco de altos estándares éticos.

Es posible alterar las cifras contables por medio de la manipulación, por lo que  el desarrollo de cursos-talleres sobre corrupción puede ayudar a impedir futuros fracasos operacionales.

Así, como es  importante saber cuáles prácticas contables y financieras son más adecuadas para lograr instituciones honestas, también lo es,  la integridad personal de los administradores generales, contables y financieros.

Con mucha frecuencia, los estados e informes financieros son alterados en los sectores: público y privado, por lo que se debe hacer un gran esfuerzo para evitar las prácticas fraudulentas.

Marianne M. Jennings (marzo/abril 1999), experta en esta área, afirma que entre  las técnicas más comunes que usan los contadores corporativos para aumentar o reducir los ingresos o gastos de un año están: reducir el valor en libros de inventarios, aumentar el valor en libros de la valuación del inventario para cumplir con el objetivo de rentabilidad, registrar los suministros o gastos antes de tiempo, retrasar las facturas, vender el exceso de activos y diferir los gastos.

También, el señor Arthur Levitt, expresidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los EE.UU. ve entre otras prácticas contables malsanas, las reservas ocultas, las suposiciones poca realista usada para exagerar o subestimar los gastos de un período con el propósito de reducir los resultados en algunos años y aumentarlos en años deprimidos.

Muchas empresas y bancos importantes no muestran con exactitud su condición financiera real, con el fin de incrementar al máximo maliciosamente el resultado operacional.

Estas prácticas no han sido exclusivas de países subdesarrollados sino también de países desarrollados, tal el caso de los Estados Unidos de Norteamérica en donde se aprobó en el año 2002 la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) debido a manipulaciones financieras en empresas como WorldCom, Smith Enron, Global Crossing, entre otras.

Esta Ley incluye disposiciones de penas judiciales por alterar documentos, aplicación de un código de ética para los altos directivos financieros y la obligatoriedad de que los ejecutivos firmen los informes anuales.

Una información más exacta y honesta reducirá la desconfianza del flujo de informaciones que los inversionistas estiman al valorar las acciones preferentes y ordinarias.

En ese sentido, las autoridades monetarias y financieras de República Dominicana no solo deben conformarse con que las instituciones financieras presenten informaciones periódicamente, muchas de ellas falsas, sobre los estándares de solvencia, liquidez y capital que exigen los acuerdos de Basilea I, II y III, sino también hacer hincapié en las disposiciones y prácticas señaladas a los fines de evitar la vinculación o componenda de ejecutivos del sistema financiero dominicano, abogados y analistas con el poder político y  firmas de auditores independientes.

De no aumentarse la regulación y supervisión basada en riesgo de las instituciones financieras, de manera más estricta y sin tolerancia se estaría haciendo un flaco servicio al país ya que exponen a estas entidades a la quiebra fraudulenta y por ende al debilitamiento el sistema financiero.

En consecuencia, se sugiere que conjuntamente con la actualización del Código Monetario y Financiero, Ley No. 183-02, actualmente en el Congreso Nacional, se incluya la aprobación de una Ley complementaria parecida a la Ley SOX aplicada en los EE.UU. que castigue con todo el peso de la misma, a propietarios, ejecutivos y auditores que se presten a ofrecer informaciones irreales de la situación financiera de los intermediarios financieros, con la que se combatiría el delito contable y las mafias financieras.

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