Hace un tiempo, un ducho y experimentado periodista de impecable prosa y dominio cabal del oficio, me dijo que, salvo contadas excepciones, en el país ya no se hacía periodismo de profundidad, sino que cada quien –refiriéndose a los periodistas- opinaba y escribía en función de sus intereses inmediatos, particulares o, fácticos.

Un somero levantamiento al respecto, sin duda alguna, arrojaría un deplorable axioma irrebatible. Con toda certeza.

Sin embargo, y a pesar de lo imponderable de la sentencia del amigo periodista, ha sido otro periodista –de coherente trayectoria-, don Rafael Molina Morillo, el que ha puesto –con sobrada autoridad- el dedo sobre la llaga al poner sobre el tapete un fenómeno de cardinal importancia ética en el ejercicio del periodismo, el tema: periodista y política. Al respecto, el impoluto periodista dijo: “Se puede ser periodista y político a la vez, lo que tiene que hacer el político-periodista es no ocultar que es las dos cosas, no ser político de la -secreta- y hacer campaña para engañar a las personas disfrazando las cosas. Yo soy periodista, narro las cosas pero, le digo al público yo pienso de esta manera en materia política”.

Y aquí habría que preguntar, como preguntó alguna vez el Dr. Joaquín Balaguer en una asamblea de su partido: “¿Se oye, o no se oye?”

Esa indiscutible cartografía de Molina Morillo, que retrata –quizás sin proponérselo- de cuerpo entero lo que ya es una práctica consuetudinaria de no poco “hacedores de opinión pública” (que ni por el diablo quieren confesar bando) que más que de periodistas ejercen de políticos de la “secreta” –al menos creen ellos, porque todos sabemos que son políticos-, debió ser primera plana de los diarios nacionales impresos y digitales. Pero que va, esa insoslayable verdad se quedó en el registro anecdótico de un programa de entretenimiento, de una sección de farándula o, de un presentador locuaz.

No obstante, siento una satisfacción enorme por lo dicho por esa montaña del periodismo nacional que es don Rafael Molina Morillo, pues por varios años vengo desnudando a esa claque de periodistas que disfrazan sus preferencias política-electorales de “opinión pública” (vale decir, de oposición política-mediática), de periodismo pseudo “objetivo” sin obviar que su más conspicuo representante -hace poco- tuvo el tupé de autoproclamarse militante del “periodismo libre” -¡válgame Dios!-. Y aún más, confesó que, “…nunca he estado comprometido con un partido ni un gobierno, ni siquiera en los dos años en que fui embajador en Perú y Bolivia (1984-86)”. ¿Y entonces?

Finalmente, me quedo con la cartografía de don Rafael Molina Morillo sobre el dilema ético referido, pero sobre todo, y más aleccionador aún, el haber leído, con fruición y deleite,  “Mis recuerdos imborrables” de su autoría.

¡Una joya  de invaluable valor ético-histórico! ¡Léanlo!

jpm

Es extraño, antidemocrático, misterioso, politiquero, mañoso, mal intencionado y atrasado el hecho de que se elabore el presupuesto general de una nación y no se informe ni se dé participación a quienes contribuyen con los fondos o recursos financieros que le sirven de soporte o fundamento al mismo.

No es un secreto que el primer presupuesto que se elabora en una institución privada es el presupuesto de ingresos por ventas de bienes y servicios que este produce o vende, mientras el presupuesto público se sustenta de los fondos financieros recaudados de los contribuyentes, donaciones, prestamos, transferencias, entre otros.

Partiendo de lo anterior y a sabiendas de que modernamente los presupuestos de cualquier sector al formularse y ejecutarse, deben ser compartidos con las distintas áreas de responsabilidad, agentes económicos y público en general que en ellos inciden, de lo contrario sus resultados estarán alejados de la realidad.

Un presupuesto no debe formularse ni ejecutarse de forma clandestina por el contrario debe consensuarse de forma democrática a los fines de que todo aquel que tiene que ver con el mismo se sienta coparticipe de los objetivos, metas, misión, visión y estrategias a seguir para la consecución de los mismos.

Lo anterior viene a colación por el hecho que cada año la administración gubernamental del Partido de Liberación Dominicana (PLD) una vez formula el presupuesto que le servirá de base financiera al desarrollo de sus programas de gobierno lo manejan de manera oculta o como si se tratara de un secreto de Estado y no como un pieza o herramienta de desarrollo que debe conocer el pueblo que contribuye a que este se ejecute.

El pasado miércoles 23 de septiembre del año que discurre el Consejo de Ministros del gobierno del PLD que preside el Lic. Danilo Medina Sánchez aprobó el anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2016, ascendente a RD$663,558 millones.

Dicha cifra refleja un aumento de RD$32,624 millones o el equivalente al 5.2% con relación al presupuesto del presente año 2015 ascendente a RD$630,934 millones.

Las esperanzas de aumento salarial para la policía, militares, médicos y los demás empleados publicos, quedaron truncadas, y a pesar de que el gobernador del Banco Central de la Republica Dominicana ha expresado en varias ocasiones que el crecimiento económico que cada año experimenta el país debe socializarse a través de un aumento de sueldos y salarios.

Esto así para disminuir la pobreza, la exclusión social, robos, asaltos e inseguridad que padece la nación dominicana y con el propósito de que se incremente la producción y por ende las ventas de bienes y servicios.

Hasta ahora, del Presupuesto General del Estado año 2016 solo se conocen algunas informaciones sueltas a pesar de que conforme declaraciones de los incumbentes del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto dicho anteproyecto de ley será depositado en el Congreso Nacional el próximo primero (1ero) de octubre del presente año con lo que cumpliría con la constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto Público No. 423-06.

Comentarios, críticas y demás opiniones  respecto a dicho presupuesto son puras especulaciones ya que las autoridades de turno no han dejado otra alternativa a economistas, financistas, agentes económicos, oposición política y público en general,  realizar tales conjeturas.

Sobre el Presupuesto General del Estado año 2016 se comenta que el Gobierno mantendrá la misma política de déficit y de endeudamiento que las anteriores administraciones de los gobiernos del PLD.

En tal sentido, se informa que dicho presupuesto tendrá un déficit del orden del 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente aproximado a los RD$75,894 millones, resultado de ingresos estimados por RD$490,298 millones y gastos por el orden de los RD$ 566,192 millones a ser cubiertos con nuevos préstamos ascendentes a unos US$1,608 millones que se convertirán en más impuestos.

Se colige de ser así que el presupuesto del próximo año será poco novedoso ya que no refleja cambios en la política fiscal debido a que no habrá variación en el aspecto tributario ni mucho menos en el gasto del gobierno.

Ya se habla de que será un presupuesto que requerirá de mayores endeudamientos debido a que el mismo estará sustentado sobre las mismas fuentes de ingresos existentes los cuales no ofrecen incremento  en este aspecto.

Se conjetura que el Ministerio de Medio Ambiente se le disminuyó su partida ya que para el 2015 se le asignaron RD$5,961.1 millones y para el 2016 se contempla asignar a dicha institución la suma de RD$5,683.9 millones.

Para el Ministerio de la Presidencia se contempla un aumento de un 4.8% al pasar de RD$46,123.5 millones en 2015 a RD$48,345.2 millones de donde se podría especular que saldrían muchos recursos para apoyar la reelección presidencial del primer mandatario de la nación.

Se dice que la Procuraduría General de la República será una de las instituciones que más fondos recibiría ya que a la misma se le asignó la suma de RD$3,821.2 millones para el 2015 y para el 2016 tendrá la suma de RD$4,422.2 millones para un aumento de 15.7%, a manera de subterfugio también para el apoyo de las actividades reeleccionistas del presidente.

Luego le siguen el Ministerio de Cultura con un incremento de 13.5% al pasar de RD$1,930.5 millones en 2015 a RD$2,190.4 millones para el 2016. El Ministerio de Obras Públicas al cual se le incrementó la partida presupuestal en 13.4% al pasar de RD$24,891.5 millones en 2015 a RD$28,218.4 millones para el 2016.

Todo lo anterior se asume que son incrementos que servirán de apoyo a las actividades reeleccionistas del señor Presidente Danilo Medina Sánchez para los escrutinios del 15 de mayo 2016, ya que no se conocen oficialmente en detalles las partidas que conforman el indicado presupuesto, empero ser un presupuesto del sector público que debe ser del dominio público, adoleciendo el mismo de democracia presupuestal.

De forma tal que: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre victimas de sus maquinaciones” (Juan Pablo Duarte, 1844).

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

El principal desafió que afrontan en la actualidad los administradores de las elecciones es el de garantizar la integridad electoral, la cual ha sido definida por la Red de Conocimientos Electorales ACE, como “un conjunto de normas basadas en principios, medidas y mecanismo democráticos, para la protección de elecciones libres y transparentes”.

Para lograr que las elecciones sean equitativas, libres, justas y transparentes, es necesario superar, entres otras prácticas de corrupción electoral, una que juega un papel estelar en la determinación de los ganadores de las elecciones: el clientelismo.

En su Enciclopedia de la Política, Rodrigo Borja, ha definido el clientelismo como “un estilo de hacer política que consiste en generar fidelidades y gratitudes en grupos de la población a cambio de favores que les dispensan u ofrecen los políticos. Es la formación o fomento de esos grupos para respaldo de las acciones políticas, electorales o de gobierno. Algunos la han definido como el cambio de votos por bienes o servicios”.

Esta práctica se remonta al Antiguo Imperio Romano, en el cual los hombres de poder tenían clientes que les servían y obedecían a cambio, principalmente, de protección.

En ese contexto, Quinto Tulio Cicerón, en ocasión de la campaña en la que su hermano Marco Tulio fue elegido como cónsul de Roma, elaboró un Breviario de campaña electoral, en el que se refiere a la importancia de los clientes para el proceso de elección, aconsejándole al mismo tiempo acompañarse siempre, por el prestigio que confiere, de la mayor cantidad posible de individuos.

Todo parece indicar que para las elecciones del 15 de mayo del 2016, el clientelismo, sumado al asistencialismo del Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ayuntamientos, volverá a jugar un rol decisivo en la escogencia de los cargos de elección popular.

Esto resulta previsible, con tan solo examinar el Barómetro de las Américas del 2014, el cual contiene la información de que la República Dominicana superó en clientelismo a Argentina, Venezuela y México, los tres países con más arraigo clientelar de América Latina, motivado en que el 31.5 por ciento de los ciudadanos dijeron conocer personas que habían recibido una oferta clientelista, el 24.4 por ciento afirmó haber recibido directamente tal oferta y el 37.1 por ciento haber recibido una oferta clientelar en campaña o conocer a alguien que recibió tal oferta.

Si perjudiciales son las ofertas que, con sus propios recursos, hacen los candidatos a los electores, mucho más lo son las provenientes del asistencialismo del gobierno, los beneficios de los alcaldes municipales y la ayuda de los legisladores, mediante los que se compran los votos de los electores en perjuicio de la integridad del proceso electoral. Esta forma de corrupción electoral, por tratarse del uso ilegal de bienes públicos en provecho del partido, tiene la agravante de violar el artículo 47 de la Ley Electoral, al tiempo de causar inequidad en perjuicio de los demás adversarios.

Por lo tanto, la tarjeta solidaridad, bonoluz, bonogas, las nominillas, las exoneraciones, así como todas las actividades clientelares del gobierno y la oposición, deben ser monitoreadas permanentemente, para evitar que puedan ser utilizadas en perjuicio de la integridad de las próximas elecciones.

ej.olivares@hotmail.com

 

El Consorcio Re-Adecuación la Barquita adjudicó al grupo POMA/J. Fortuna, la contratación del diseño y construcción del sistema de cable aéreo para el transporte público de pasajeros conocido también como el teleférico.

Se proyecta que antes de toma de posesión en Agosto del 2016 se inauguren las torres con sus estaciones para enlazar a Santo Domingo Norte con la zona Sur del Distrito Nacional, desde La Barquita y su entorno hasta la avenida Padre Castellanos (la 17), cruzando el río Ozama con unas cabinas teleféricos que el pueblo ya bautizo como «el regalo de Danilo».

No es igual cruzar del club de los billeteros en San Vicente de Paúl a la Padre Castellanos en yola o ecua y bus, que por el aire. Esa estación, creo, vendrá en 2da etapa.

Hasta hoy, los detalles confirmados, han tenido poca publicidad en esta gigante obra. El costo al día de hoy con fuentes de financiamiento, cubicaciones pagadas y por pagar, debería publicarse en página web de Barquita en lenguaje sencillo y en Prensa.

Me hablan de un plan aprobado por todos los actuantes con el Estado, desglosado en 2 etapas que en conjunto logrará instalar 4.9 kilómetros de Metrocables.

La primera ruta tendrá cuatro estaciones. Cubrirá desde Gualey hasta la avenida Charles de Gaulle, abarcando cinco kilómetros lineales que también conectarán las comunidades Los Tres Brazos, Sabana Perdida y La Victoria.

Habrá que indemnizar, pagar propiedades sobre valuadas que el contratista negociará con fondos del Presupuesto Nacional financiados con préstamos, cuando se pudo optar por inversión pública-privada en concesión fideicomiso y que los 69 millones de dólares que costará no salgan solo del Estado, sino del Banco inversor que lo recuperará en base a cobrar por servicio.

Para sostener la obra se necesitará levantar 30 torres de apoyo, se ha determinado que afectará 144 propiedades, que incluyen viviendas, solares y espacios no construidos para mover muchas cabinas que transportarán a dos mil personas cada hora residentes en la periferia del río Ozama, enlazándose con línea 2 del Metro y con autobuses alimentadores.

Todo parece factible, los imprevistos cambiaran la realidad con movimientos de tierras y re-ubicaciones.

Hoy les presento a la opinión pública más datos en base a mis cálculos y experiencia en factibilidad de teleféricos y si saben algo más, compártanlo,   por favor.

Lo primero en un proyecto es el dinero y lo más adecuado debió ser lanzar la concesión de ese teleférico en la Capital, donde gane el que oferte más a la nación, con sus fondos propios.

No sabemos qué garantía en dólares presentó el beneficiado. Se estima la primera fase de 2.9 kms en US$35 millones, multipliqué por la prima que estará al 46, para ese tiempo y tendrá costo en pesos.

Eso incluye costo tierra, re-ubicaciones y todo. Bastante alto, si logran bajarlo, mejor todavía.

En Caracas, por 2 kms de Metro-Cable, el gobierno invirtió US$3.8 con diseño más simple y expropiaciones de ley.

Nuestro teleférico morado se extendería por 4.9 km con 4 estaciones en un viaje de aproximadamente 30 minutos, en 140 góndolas-cabinas cada una, con capacidad para 10 personas. Un tren en cadenas aéreo, es la idea.

Dar una concesión fideicomiso es la mejor forma de negociar este costo a no más de 25 años.

El consorcio agraciado, prestando fianza, debería buscar unos millones de dólares por concepto de pago de estudios y movimiento tierra y al menos 4 millones por la retribución anual de mantenimiento y operación, es lo mínimo que se debe aceptar entre las partes. Dar fianza con garantía, es riesgo que debe asumir contratista si falla al Estado y al pueblo.

Concesión de puestos de venta en el área y permisos a alimentadoras de esa ruta, le deben tocar en un 50% al que gane la obra, pero nadie sabe nada.

El inversionista espera que el Estado por contrato de concesión al firmar, le incluya en sus erogaciones presupuestales la chiquita suma de RD$3,164,000,000.61 como contrapartida, más intereses. Igual a unos US$ 69 millones.

Pero lo ideal es dar concesión y que el grupo Poma busque parte de ese dinero y se cobre como dueño de concesión, pero eso no lo quieren, desean que Estado se endeude y les pague las cubicaciones a tiempo.

La construcción de torres y cableado se iniciaría a finales del 2015 y estaría operativo a partir del segundo trimestre del 2017, con su lentitud, debido a elecciones del 2016.

Así, sería menos gravoso el endeudamiento con el primer proyecto de telecabinas del país otorgándose bajo la modalidad de una Asociación Público Privada (APP), permitiendo el acceso de forma cómoda a miles, en zona muy poblada.

En total, las telecabinas recorrerán a una velocidad promedio de ocho metros por segundo (24 km/h).

Dependiendo del costo del pasaje, este será rentable, no subsidiado y preferiblemente que sea eléctrico con paneles solares de back up, por si se va la luz.

Estimo el flujo de pasajeros entre 1.9 a 2.6 millones por año, sin huracanes y diluvios y será rentable después del décimo año, a una tasa interna de retorno del 6.5%.

Más detalles, si me dejan, y los ingenieros no cambian sus datos. Meter 12 personas como en el teleférico de Puerto Plata con góndolas corriendo, no es lo ideal.

Los Ciclones y terremotos paralizan teleféricos. ¿Qué haremos para evitar un desastre futuro? No usaré voladora en esos días, jamás será 365 – 24/7.

Me gusta en principio el proyecto.

Da miedo en R.D. una voladora, con vientos de huracán. Espero usen la voladora de Lima y Caracas, como modelo, donde asesoré como Economista.

johnnysanchez1147@yahoo.com