Tal como hacía Dios con sus amados israelitas, que cuando lo desobedecían y se entregaban a otras idolatrías, los castigaba imponiéndoles pesados castigos hasta que cumplieran sus penas, así los dominicanos hemos sido condenados por fuerzas celestiales a cumplir una penitencia sin límites que, por la magnitud de la misma, ya supera la capacidad de resistencia y de solución de los dominicanos.

Esa condena está refrendada por voluntad del continente y del mundo por las simpatías que generan el estado de calamidad de los haitianos.

La condena universal nos las imponen a los dominicanos por estar en mejores condiciones de vida, por lo que debemos asimilar y acoger a una hambrienta masa humana, enferma, ignorante y sedienta de trabajo que sus gobernantes no la atienden y la azuzan para que crucen la frontera oriental y se introduzcan en la parte rica de la isla.

Esta una vez perteneció a ellos y todavía sueñan con recuperarla, y más ahora que una corriente de simpatía a nivel internacional, por las condiciones en que viven, aviva esas creencias para insultarnos y calumniarnos, para que por temor cedamos y aceptemos su sueño de dominio completo de la isla.

Hay muchos intereses internacionales, y hasta nacionales que quieren alterar nuestro clima de paz y desarrollo. Por todos los medios nos denigran para que nos atemoricemos y aceptemos que los haitianos deben ser parte del cuido y atención dominicana, pero con las condiciones dictadas por los que se creen tienen el poder y la vida de las naciones pobres. 

Y esto es más notable en nuestro caso por vivir en una isla con dos naciones tan disímiles, creencias y pobrezas diferentes. Las potencias mundiales no aceptan la inmigración haitiana en sus países, y a la fuerza nos la imponen, aun cuando el país pierda la soberanía, claudicando de sus derechos para evitar males mayores de embargos, aislamientos, sanciones e intervenciones armadas estilo a la MINUSTAH.

El país una vez fue aislado por la OEA en septiembre de 1960, por el atentado en contra de Rómulo Betancourt, presidente venezolano de grata recordación, que Trujillo estuvo decidido a eliminarlo, fracasando en su intento para bien de la democracia continental.

Las presiones, que implementan las naciones amigas de Haití como Canada, Francia y Estados Unidos, se han fortalecido al ver de cómo la voluminosa ayuda que volcaron a raíz del terremoto de enero del 2010, se volvió sal y agua y los resultados es que hay más corrupción y más de medio millón de haitianos continúan viviendo en carpas en lugares públicos.

Incluso, los experimentos de algunas naciones, que les abrieron las puertas a los haitianos para recibirlos en sus territorios, se han descontinuado y ahora proceden a capturarlos y deportarlos sumariamente a su país, como hacen las autoridades de Las Bahamas que los encierran en jaulas, y en las embarcaciones que los transportan a Haití es que los liberan de ese horroroso cautiverio.

Estados Unidos, con tantos problemas migratorios con sus indocumentados, reaccionan para imponerle pautas al gobierno dominicano en el proceso actual de las tímidas deportaciones para que las mismas sean mínimas, sujetas a la observancia de los derechos humanos y que se lleven a cabo según los que ellos consideren debe ser el cumplimiento de un país sumiso a sus dictados imperiales.

A la hora de perseguir a los mejicanos y centroamericanos que llegan a los estados sureños, Estados Unidos no escucha a nadie, y las medidas rudas para detenerlos y enviarlos de nuevo a sus países nadie debe cuestionarlos, pero a los dominicanos nos amenazan con frenar el turismo norteamericano, como dijera el inefable embajador que revoletea en los medios locales, de que el turismo podría colapsar si no se controla el acelerado auge de la delincuencia y la inseguridad existente en las vías públicas, que pone en peligro a los visitantes norteamericanos, aparte de que las deportaciones se realicen bajo un protocolo agradable a ellos, para que esa oleada haitiana siga creciendo, arropando y absorbiendo los recursos dominicanos ante la incapacidad y malignidad de los funcionarios del gobierno haitiano y las ONG confabuladas en ambos lados de la frontera, para ver con satisfacción la consolidación de la invasión pacífica en el territorio de Duarte, Sánchez y Mella.

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No se puede negar que en la actual democracia representativa, la mentira que precede a las elecciones es el arma letal con la que se aniquila la libertad del voto. Por lo tanto, tuvo razón el estadista alemán Otto von Bismark, cuando refiriéndose a la asiduidad de la mentira dijo:  “Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”.

Las alianzas o coaliciones electorales que suscriben los partidos políticos para concurrir a las elecciones con candidaturas comunes, constituyen, durante todo el proceso de negociación y al momento de hacerse públicas, una muestra incontrovertible del engaño a que son sometidos sus propios afiliados y toda la sociedad antes de la apertura de las asambleas electorales en las que se eligen los cargos presidenciales, congresuales y municipales.

Las alianzas son definidas por la Ley Electoral como “el acuerdo establecido entre dos o más partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más demarcaciones electorales”. 

En cambio, la coalición, de conformidad con el artículo 62 de la referida ley, “es el conjunto de partidos que postulan los mismos candidatos que han establecido alianzas electorales con uno o más de los integrantes de la misma, aunque no con todos ellos, siempre que tengan en común un partido que los personifique”.

Como se puede apreciar, nuestra legislación contempla una definición particular para cada término. No obstante, el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos (IIDH), expresa lo siguiente: “Las legislaciones de muchos países latinoamericanos utilizan la denominación «coalición» en lugar de alianza (vgr. Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México). La literatura política reserva, sin embargo, el término «coalición» para el acuerdo de varios partidos para la formación de gobierno en los sistemas parlamentarios. La formación de una coalición, en el sentido tradicional, es una unión post-electoral, mientras que la alianza es una unión pre-electoral (vgr. la Alianza, en Argentina, o la Concertación por la Democracia, en Chile)”.

Siguiendo la fábula de Esopo en el sentido de que “la unión hace la fuerza”, los partidos suelen unificarse, principalmente los de la oposición para enfrentar al de gobierno. Otra motivación de los acuerdos inter partidarios es la de obtener el triunfo en primera vuelta en los sistema de balotajes. Estos acuerdos, en muchos casos, tienen en común la afinidad ideológica de los suscribientes o la intención de desplazar del poder al partido gobernante.

Sin embargo, en la mayoría de las alianzas las pequeñas formaciones tienen como propósito, además del mantenimiento de la personería jurídica, la obtención de candidaturas y cargos gubernamentales.

Cuando el convenio es con el partido de gobierno se negocian, además, beneficios reprobables a costa de los bienes del Estado, los cuales,  como es de suponerse, no se plasman en los contratos que se depositan en la Junta Central Electoral.

La falacia de la alianza se corona con los discursos de los líderes de los partidos que la componen, quienes organizan una espectacular producción televisiva, para anunciarle al pueblo, con rostros seráficos, que la misma se hace desinteresadamente con el único propósito de beneficiar a la nación.