Ser elegible para los cargos de elección popular es un derecho de ciudadanía del que disfrutan todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido dieciocho años o quienes estén o hayan estado casados aunque no hayan cumplido esa edad.

 

Sin embargo, por disposición del artículo 23 de la Carta Sustantiva, el derecho a elegir y ser elegible, como los demás derechos de ciudadanía, se pierde, definitivamente, por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración; así como por tomar las armas y por prestar ayuda o participar en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República.

 

Por otro lado, los derechos de ciudadanía se suspenden, de conformidad con el artículo 24, por los casos siguientes: 1) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma; 2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras esta duré; 3) Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo; y, 4) Por violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada.

 

Debido a que el primer requisito para poder aspirar a un cargo electivo es el de encontrarse en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, solo quienes los hayan perdido o los tengan suspendidos, por las causas antes señaladas, pueden ser impedidos por los órganos electorales de ser candidatos.

 

Las propuestas de candidaturas están reservadas, exclusivamente, para los partidos y las agrupaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral, quienes, de conformidad con el artículo 216 de la Constitución Política, tienen como uno de sus fines esenciales, el de garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

 

El derecho de los partitos políticos de proponer candidatos está condicionado a que los mismos sean escogidos con el voto afirmativo de la mayoría de los delegados presentes en sus convenciones, las cuales deben constituirse de conformidad con las disposiciones que a ese respecto establezcan sus estatutos.

 

En ese sentido, las propuestas de candidaturas deben ser depositadas, para su aprobación o rechazo, por lo menos sesenta días antes de las elecciones.  Las que corresponden a los cargos de presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la República, así como a representantes ante el Parlamento Centroamericano, deben presentarse por ante la Junta Central Electoral y las relativas a los puestos de alcaldes, vicealcaldes, regidores, suplentes de regidores, directores, subdirectores, vocales y suplentes de distritos municipales, por ante las juntas electores correspondientes a cada municipio. Los referidos órganos electorales disponen de un plazo de cinco días, después de depositadas las propuestas, para admitirlas o rechazarlas.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Electoral, las resoluciones sobre admisión o rechazo de propuestas de candidaturas pueden ser recurridas, dentro de los tres días de haber sido comunicadas, en apelación o en revisión.

 

Cuando una candidatura ha sido admitida, conforme con el artículo 75 de la referida ley, no puede ser retirada ni rectificada por el partido o la agrupación que la hubiere presentado, salvo los casos de renuncia, fallecimiento o incapacidad.

 

Como se puede apreciar, solo los partidos políticos, bien informados sobre sus candidatos, pueden servir de filtros para proteger el proceso electoral del crimen organizado.

La campaña millonaria que tiene el Ministerio de Educación con recursos públicos en la prensa para vendernos que el plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo QAC va a superar el analfabetismo en RD es un engaño pues este programa fracasó.

Este plan se creó en el 2013 para enseñarle a leer y escribir a un estimado de 800 mil personas en dos años. Pero han pasado más de 3 años y según el último boletín # 159 todavía falta el 50% para completar cerca del millón de personas registradas.

Cuba enseñó a alfabetizar en 7 semanas y Venezuela con todo y precariedad enseñó a leer y a escribir a más de 1 millón de venezolanos con el plan Robinson 1 en 5 meses y 27 días. Sin embargo la RD al ritmo que lleva durará mas de 6 años para alfabetizar.

Pueden bombardearnos con sus falacias pero no podrán ocultar el desmonte de los capacitadores, alfabetizadores y analfabetos que se está dando en las provincias y el DN. Como pueden negar que el flujo de registrados y egresados sigue reduciéndose.

Será que algún virus es el que omite boletines informativos, que los publica en forma desordenada y con fallas y errores en la cantidad de personas registradas y egresadas. Es que alguien está apostando al desinterés que hay en el “voluntariado”.

De qué manera se encubre el manejo político del plan QAC el cual  colocó a los compañeritos en la dirección quienes han gastado más de 400 millones, según la Digepep, solo en viajes.

Nada de sensato tiene usar la educación como caja chica. Debieron acudir al decreto o a la ley para aumentar en un 48% el presupuesto en los servicios de la educación de adultos que hicieron en el 2013 para utilizarlo en el plan de alfabetización.

Esos recursos no son propiedad del Ministro de Educación Carlos Almarante Baret ni tampoco puede hacer lo que venga en gana. Por eso, aplaudimos que la Digepep ejecutara con lujo de detalles una parte de estos recursos pero deploramos que la otra parte lo invirtiera el Ministerio desde la sombra y sin dar explicaciones.

Calculemos estos recursos y reflexionemos. Se asignó $2,900 millones en el 2013. $5 mil millones en el 2014. $5 mil millones en el 2015. Y $6 mil millones en el 2016. Para un total de 19 mil millones. De esto, más de $9 mil millones pertenecen al plan.

Sin embargo, la Digepep en su informe económico de ingresos y gastos dice que solo recibió del Ministerio $49 millones en el 2013, $820 millones en el 2014 y $1,006 millones en el 2015, equivalente a $1, 875 millones. De los cuales le queda en el Banco de Reservas al día de hoy la suma de $52 millones.

Dado que el plan no presenta la ejecución presupuestaria del 2016 que tiene aprobado más de $3 mil millones. Y dado que en los 3 años anteriores ha gastado cerca de $2 mil millones. Cabe preguntar al Ministerio de Educación ¿Hacia dónde se ha desviado más de $4 mil millones aprobado pero no ejecutado?

Se nota la mala planificación económica. Según el observatorio de alfabetización no se tomó en cuenta la continuidad educativa por lo que al finalizar dificultaría que personas egresadas continúen sus estudios básicos y técnicos. Por eso, dejaron fuera al Instituto de Formación Técnica profesional (Infotep).

Están tratando de manipular a la gente con su lluvia de propaganda resaltando un logro que no existe. Quizás para justificar los cuantiosos gastos en nomina, viajes, combustibles, honorarios, etc., o tal vez para ganar puntos electorales.

Pero, la realidad es que el plan QAC está paralizado por la reelección presidencial por un lado y por el otro porque sus recursos han sido desviados para construir estancias infantiles. Han hecho uso de la lógica, no podrán exhibir nada concreto con el plan QAC y resolvieron jugar con la alegría de los niños.

De todos modos la alfabetización de la RD fracasó porque no la lograron en dos años, porque no podrá completarse en el 2016, porque no previó la educación básica y técnica y porque hubo y todavía hay un mal manejo administrativo de sus autoridades.

jpm