El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, resaltó recientemente que la gestión que encabeza en ese organismo, administró con honestidad y transparencia las tasas de los pagos por servicios hechos por los ciudadanos, y que en los últimos nueve años las recaudaciones en las oficialías alcanzaron más de 10 mil millones de pesos.

 

La anomalía salta de inmediato a la vista. ¿Qué debe entenderse por “tasas de los pagos” por servicios hechos por los ciudadanos? Simplemente un impuesto que se le cobra a quienes acuden a una entidad pública a solicitar un servicio. La administración estatal actúa como si fuese una empresa privada que vende sus productos a sus clientes.

 

Resulta que la Constitución dispone en el artículo 93, al referirse a las atribuciones del Congreso, “Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”. Es decir, que son ilegales las referidas tasas cobradas por las oficialías de Estado Civil al momento de entregar las diferentes actas solicitadas por los usuarios, porque los impuestos se establecen por ley no por disposiciones administrativas.

 

Pero además, la Ley General de Presupuesto es clara, en cuanto deben estar consignados en ella los “ingresos probables”. Y que se sepa eso no ha sucedido con la JCE, que ha manejado a su libre albedrío más de 10 mil millones de pesos recaudados por las oficialías.

 

Sin embargo, la anomalía no se detiene ahí, el propio presidente de la JCE, el señor Rosario, confiesa que con esos recursos el organismo pudo “hacer las grandes transformaciones en edificaciones nuevas, equipos tecnológicos modernos, servicios y mejoría de las condiciones laborales del personal”.

 

Eso significa que las instituciones estatales pueden disponer a su antojo de los recursos recaudados, estos en vez de entrar a las arcas públicas, como manda la ley, se gastan en los asuntos internos de los organismos. Por ejemplo, La Dirección General de Impuestos Internos, terminaría haciendo uso de los recursos recaudados, -esto es mío-, dirían ellos.

 

Las anomalías del proceso electoral son incontables, ya esas son otra historia. Se dice que los negocios fabulosos que se hicieron en el capítulo “compra” , pero sobre todo en equipos, hacen que algunas organizaciones que luchan contra la corrupción recuerden la disposición del artículo 146 de la constitución que señala,

 

“Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

 

Fuentes de crédito incuestionable aseguran que las pruebas en manos de la Embajada son contundentes, de más fuerza que la del expediente de los Tucanos. La cancelación de visas es un primer paso. La visita al presidente de la República un segundo. ¿Será la audiencia solicitada al Procurador General de la República, el tercer paso y el inicio de lo que podría ser, si hay pruebas, un escándalo judicial de marca mayor?

jpm

 

 

“El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; sólo debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos; al vicio y al crimen para procurar su castigo” – dice el manifiesto teológico del campesino indígena, Benito Juárez, visualizando la deformación de los países en cuanto al manejo de los fondos públicos.

 

Todo gobernante electo por el pueblo, debe dirigir su estrategia en el afianzamiento de la paz y en el porvenir, porque es la única manera que se puede consolidar la transparencia de las instituciones, sin embargo; y a modo de ver el mal manejo del presidente Danilo Medina y su camada de ministros, funcionarios y allegados, el rumbo de la República Dominicana es sombrío, donde cada cuatro años son más los fondos públicos que se desvían y más frecuente la corrupción administrativa.

 

Tenía sobradas razones el entonces senador, doctor, Francisco Domínguez Brito, cuando en el 2008, en plena curul legislativa y ante un grupo de colegas con ambiciones eruptivas, que a cualquier precio buscaban obtener un pedazo del pastel proveniente del préstamo de US$ 93 millones, 697 mil, 887 pesos con 60 centavos de dólares, para la compra de ocho aeronaves, modelo EMB-314, Súper Tucano, destinados a hacer frente a un supuesto bombardeo contra el narcotráfico en el país, sueño del que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), no ha podido despertar, porque todo fue una farsa de los senadores dominicanos.

 

No hay nada en la nación, superior a la misma nación  y mientras los pueblos tercermundistas hagan a un lado la historia negativa de sus antepasados, la transparencia de las instituciones seguirá siendo el vendaval de sus administradores, quienes sólo piensan en el presente sin hurgar para el devenir del futuro.

 

El ex senador de Santiago, actualmente Ministro de Medio Ambiente, fue claro, conciso, enfático y preciso, al externar declaraciones visionarias y desinteresadas, en el sentido de que “con aproximadamente 94 millones de dólares para adquirir los Tucanos, se construirían 16 mil aulas”, para contribuir al combate de la deserción escolar que todavía impera en la República Dominicana.

 

“Yo simplemente quisiera en este plenario (Legislatura del 2008) dejar constancia de no aprobación, que conste formalmente transcrita”, propuso Domínguez Brito, ante el conglomerado de la Cámara Alta, compuesto por 20 senadores, recibiendo vocingleros insultos, por lo que 18 votaron a favor del funesto proyecto de préstamo.

 

La Procuraduría de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), debe actuar con objetividad y mediante investigaciones profundas, no cabizbajas e interesadas, encarcelar por robo, abuso de confianza y desvío de fondos públicos a los senadores, Rubén Darío Cruz, Prim Pujals, Ramón de la Rosa, Charlies Mariotti, Tommy Galán, el vocero (2008) de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luís René Canaan, y a Reinaldo Pared Pérez, autores intelectuales de la farsa y el engaño con los aviones Tucanos.

 

Desde tiempos inmemoriales “en República Dominicana hay una inefectividad de los cuerpos de persecución, grave, seria, muchas veces cómplices, otras veces temerosas y de comportamiento inaceptable, con respeto al narcotráfico, expuso Domínguez Brito, dejando como referencia el caso del extraditado militar – ya puesto en libertad – Quirino Ernesto Paulino Castillo, procesado en Estados Unidos por un cargamento de 1,387 kilos de cocaína.

 

La exposición del legislador estaba dirigida a defender los intereses del Estado, porque con la inversión en la compra de las aeronaves se estaba hablando de 3,200 millones de pesos oro dominicano, con intereses que superan los 800 millones de pesos. Han sido frecuentes los cuestionamientos al ex presidente, Leonel Fernández, con relación al caso, sin embargo, prefiere mantenerse en silencio, al igual que cuando le refieren sobre la fortuna mal habida del senador Félix Bautista.

 

Los senadores visualizaron mutuamente la aprobación de la pieza legislativa, no porque se lograría el combate al narcotráfico, sino más bien, porque sus aspiraciones estaban blindadas en los beneficios personales; y así lo puso en el pedestal recientemente el embajador de Estados Unidos, en el país, James (Wally) Brewster, tras señalar, que con la compra se pagó un soborno de 3.5 millones de dólares, o sea, 194 mil 444 dólares con 44 centavos para cada legislador.

 

La complicidad nunca deberá estar por encima de la honestidad y es deber del gobierno cumplir y hacer cumplir las leyes para proteger la soberanía nacional.

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jpm