Los principales dirigentes de la oposición han hecho bien con tomar la iniciativa de movilizar a la gente, como se hizo el recién pasado domingo,  para exigir que sea constituida una Junta Central Electoral apartidista, es decir que no esté controlada por el PLD ni ningún otro partido.

 

Les ha faltado ponerse de acuerdo en dar a conocer a la opinion pública una lista de diez o doce nombres de personas  que puedan garantizar una JCE y Tribunal Superior Electoral realmente independientes.

 

Obviamente, esos nombres deben ser de personas verdaderamente independientes, no de militantes encubiertos de sus organizaciones. Se sabe que hay en este país individuos que han pasado la mayor parte de su vida laboral en las universidades, la judicatura, organizaciones no gubernamentales, etc; es decir, fuera de los partidos.

 

La jueza Mirian Germán, presidenta de la cámara penal de la Suprema Corte de Justicia, es una de ellas. Y acaba de reconfirmar, sin importar posibles presiones o represalias, que la falta de independencia es uno de los problemas graves de la Justicia dominicana.

 

Personas así es que se necesitan en la JCE y el TSE. Y hay otras más: Rafael Toribio, Luis Gómez Pérez, Katia Miguelina Jiménez, Esther Agelán Casasnovas, Marisol Vicens, Luis Schécker…

 

Muchos/as recuerdan la confianza que generó en la población dominicana la Junta Central Electoral que presidió el Dr. César Estrella Sadhalá, a mediados de la década del 90.

 

Ese tipo de personas y de confianza es que necesita la sociedad en este momento crucial. Por supuesto, hay suficientes dominicanos/as con trayectorias parecidas a las del Dr. Estrella Sadhalá (Q.E.P.D).

 

¿Por qué no pueden los principales dirigentes de partidos de oposición mencionar nombres, que convencen más y a más gente que los manoseados perfiles? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué cometer la torpeza mayúscula de dejar la iniciativa en manos del presidente de la República?

 

jpm

 

Por   VICTOR TURBI YSABEL

 

Desde el punto de vista jurídico, la misión y autoridad de la policía nacional no son aspectos en discusión, en virtud del artículo 255 de la norma Constitucional Dominicana, y los artículos 3 y 4 de la Ley No. 590-16 orgánica de la Policía Nacional, donde en una combinación lógica y pertinente coinciden en establecer que, la Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial . . . el cual tiene por misión: 1) Salvaguardar la seguridad ciudadana; 2) Prevenir y controlar los delitos; 3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; y 4) Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.

 

Cuando un conductor de vehículo de motor público o privado, viola señales de tránsito, dobla en U donde no está permitido, conduce en vía contraria, conduce sin el cinturón de seguridad, conduce enaltavelocidad más de lo permitido etc., es evidente que viola la Ley No. 241, sobre tránsito de vehículos de motor, lo que en principio conlleva una contravención, es decir, una acta donde se hace constar una sanción meramente pecuniaria, sujeta a conocimiento ante el tribunal especial de tránsito, siempre que el conductor como infractor no esté de acuerdo con la misma, de lo contrario, simplemente la pagaría sin el averiguamiento jurisdiccional.

 

De ello se desprende que, no obstante, un miembro policial tener la autoridad y prerrogativa legal indiscutible para imponer la sanción indicada, esto no le faculta para disparar con su arma contra el neumático del vehículo de un conductor, cometiendo así otra infracción, bajo el accionar y criterio erróneo del respecto a la autoridad y la ley.

 

La imposición de una sanción por cometer una infracción a la ley, donde no hay daños materiales o personales, no se impone por la autoridad mediante otra infracción, ya que el espíritu y alcance de la norma sancionadora en la materia 241, no es aplicar e imponer como sanción un disparo al neumático del vehículo, lo que se convierte para el conductor recibir un daño y limitante para seguir con el uso de su vehículo, todo lo cual viola y desconoce en su justa dimensiónel mandato constitucional del artículo 51, que establece elderecho de propiedad: El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

 

Contrario a ese acto y mala actuación policial, el propio texto constitucional, también explícitamente corrige tal entuerto en su articulado 6, cuando dice: Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

 

Sin embargo, existe excepción de cuando un miembro policial podría disparar al neumático, ejemplo: Cuando la calle, avenida, camino o lugar están cerrados por disposición de la propia autoridad o sin estar cerrados existen fuertes inconvenientes de muchedumbre, incertidumbre e inseguridad, en escuelas, iglesias, clubes, protestas, tiroteos, pleitos, accidentes, paso de ambulancias con emergencias, incendios, peligros serios, etc, etc.

 

Solo en estos y otros casos de semejante magnitud es posible actuar con un disparo al neumático después de haber detenido al conductor y no obtemperar, y ello así; dada la situación de una proporcionalidad para defender y preservar otras propiedades de igual o mayor valor, y por supuesto, mantener la seguridad, orden y vida del propio conductor y de la colectividad de los ciudadanos en general.

 

Del párrafo anterior se puede inferir, y como fundamento al mismo que, la propia ley orgánica policial en su artículo 5 indica: “La Policía Nacional tiene por misión lo siguiente: 1) Proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas; 2) Garantizar el libre ejercicio a los derechos y libertades; 4) Preservar el orden público; 5) Velar por el respeto a la propiedad pública y privada; y 7) Promover la convivencia ciudadana.” Todo con el fin de contribuir a la consecución de la paz social.

 

Si bien es cierto que, la norma del Código Procesal Penal dominicano en su artículo 276, faculta a los funcionarios de la policía hasta para arrestar, no es menos cierto que, lo autoriza con apego estricto a principios básicos de actuación, entre otros, son: 2) Abstención del uso de la fuerza, salvo cuando es estrictamente necesario y siempre en la proporción que lo requiere la ejecución del arresto; y 3) Abstención del uso de las armas, excepto cuando se produzca una resistencia que coloque en peligro la vida o integridad física de las personas.

 

Como marco de referencia, la población durante un gran tiempo cuestionó fuertemente a la AMET, en el sentido de que no tenía facultad para incautar vehículos por violación a la propia ley de tránsito, sin embargo, fue menester que el Tribunal Constitucional pronunciara la prohibición de incautación mediante su sentencia No. 0021-15, de fecha 26 de febrero del 2015, donde señaló:

 

“10.11. Es de entender que toda actuación al margen de lo dispuesto en los artículos referidos se realiza de forma ilegal, en vista de que podrían resultar violatorias a los preceptos establecidos en nuestra Constitución referentes al libre tránsito y a la propiedad privada. Así las cosas, el castigo dispuesto para los infractores, es decir, para aquellos que violen la ley de tránsito, entre otras, es la multa penal como sanción, no así la retención de los vehículos. En este sentido, el procedimiento especial para las contravenciones establecido en el Código Procesal Penal es la detención, la toma de los datos, y mediante formulario levantar el hecho.”

 

Desde el punto de vista sociológico ¿qué implicaría aceptar la tesis como buena y valida del disparo al neumático sin justificación y proporcionalidad?

 

Sencillamente, implicaría ver todos los días en nuestras calles del país, una cantidad de policías disparando a neumáticos de vehículos, sustituyendo esto por una sanción económica o ambas al mismo tiempo, un día;disparando al neumático surge una discusión y se le dispararía al conductor, otro día; el conductor no resiste ver disparando a su neumático, no obstante cometer la infracción, y se pelea físicamente con el policía, pero otro día; el conductor está armado y vio la actuación policial como una provocación y ya usted sabe . . .

 

Todo se desprende, simplemente, de una incorrecta actuación policial, en donde podríamos caer en el caos, no obstante, ser contraria a la ley de tránsito, ley orgánica policial  y a la propia Constitución de la República.

jpm

 

 

 

En un trabajo anterior advertíamos la peligrosidad que significa el alto precio del dólar para la estabilidad política, por su contenido inflacionario y recesivo, lo que unido a los bajos salarios de los empleados de las clases media o baja del país, podría conducir a una huelga nacional que cuente con el respaldo de la mayoría.

 

Luego de esa publicación se registró algo nuevo en el país: Una protesta frente al Palacio de la Policía Nacional, que terminó en el Palacio Nacional, con la participación de agentes policiales activos, retirados, de sus familiares y miembros de organizaciones populares.

 

Es importante aclarar que la participación de policías en una protesta para exigirle al gobierno aumento salarial, seguro social, entrega de viviendas y otras reivindicaciones, es el sentimiento de la mayoría del conglomerado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¡Mucho cuidado con eso!

 

Y cuando decimos mucho cuidado, es porque no queremos recordar historias pasadas que no sólo afectaron la vida social de algunos países, sino del mundo.

 

Y, en el caso de los altos precios del dólar, tenemos el deber de admitir como cierto lo dicho por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, de que la economía nacional produce las divisas suficientes para cumplir con las demandas de los sectores que usan éstas,  para sus actividades productivas.

 

Pensamos que el gobernador debió decir que se está produciendo más divisas que el 2015, debido a que en los actuales momentos hay más exportaciones de productos provenientes del campo, fruto de la correcta política del gobierno del Presidente Danilo Medina, incentivando la producción de nuevos renglones de la economía agropecuaria, gran parte para la exportación, que es generadora de divisas.

 

La pregunta es, si se está generando más divisas que el 2015 y parte de este 2016,  que el precio del dólar rondó entre los 45 pesos con 10 y 45 con 92, ¿Por qué hay escasez? En la actualidad, la cotización  del dólar está por encima de 46. Hay que recordar que el gobierno de Leonel Fernández mantuvo, casi establece, una cotización del dólar rondando en los 37 y algunos puntos más.

 

Si la economía del país depende en gran parte de las divisas extranjeras, especialmente dólares, en mayor cantidad, y euros en menor, ¿por qué no aplicar los debidos controles oficiales para evitar alzas injustificadas?

 

Si como dice el gobernador del Banco Central, el país genera las divisas suficientes para la actividad de los agentes que intervienen en ese mercado, ¿quiénes están acaparando dólares para ganar más en perjuicio del gobierno y demás sectores?

 

¿Se estará originando una situación parecida a la que ocurrió durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que agentes cambiarios y de otros sectores acaparaban los dólares para ganar más presionando el proceso inflacionario y recesivo, que concluyó con la gran huelga nacional de 1984, cuyos recuerdos están presentes en la mente de la mayoría de dominicanos?

 

La polémica entre el gobernador del Banco Central y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, es muy importante, porque involucra a dos de los economistas más talentosos del país.

 

Recordamos que cuando Santana pertenecía a la llamada sociedad civil, que para nosotros eso es sólo un nombre, porque creemos que es parte de un andamiaje político encubierto, éste decía cómo resolver los problemas económicos del gobierno. Como Isidoro Santana ahora es un ministro del gobierno, la polémica es importante, porque él dice que el país no está produciendo las divisas necesarias para cumplir con las demandas.

 

La otra parte, que es el gobernador del Banco Central, dice que sí. ¡Y nosotros también decimos que sí! El gobierno debe investigar qué se está haciendo con las grandes cantidades de millones de dólares que llegan al país por concepto de las exportaciones  de las Zonas Francas, del sector agropecuario, la industria y otros renglones de la economía nacional.

 

El presidente Danilo Medina debe “levantar la vista” para que observe el panorama. El “corazón” de su gobierno está constituido por poderosos empresarios y éstos deben saber qué está ocurriendo.

 

A los problemas inflacionarios y recesivos, ahora se le agrega que, por una u otra razón, el gobierno le retiró los subsidios de combustibles a los sindicatos choferiles, lo que obligará los conductores a aumentar las los precios de los pasajes, que se convertirá en un nuevo incentivo para el aumento del costo de la canasta familiar.

 

Es indiscutible que hay una disminución en las ventas de productos de consumo masivo, lo que perjudica a los comerciantes. El gobierno debe hacer algún esfuerzo para resolver el problema de los salarios públicos y privados, que aunque no solucionará totalmente la situación, la disminuye, aunque bajo un sacrificio.

 

El gobierno debe ejecutar programas que contribuyan a crear nuevas fuentes de empleos y mejorar la economía de los más pobres. La actual situación inflacionaria y recesiva está “golpeando” a la mayoría de los sectores productivos, pero en mayor grado, a los consumidores. Presionar al sector productivo con un aumento salarial no es lo más aconsejable, pero ayuda a evitar que la “olla explosione” y se pierda más.

JPM